Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)

Este 22 de junio se cumplen 11 años del juicio político a Fernando Lugo, quien dejó la Presidencia de la República faltando poco más de un año para concluir su mandato. Pese al tiempo transcurrido, aún existen opiniones dispares sobre lo ocurrido.

Tras la tragedia de Curuguaty, el 15 de junio, en la que 17 paraguayos perdieron la vida (11 campesinos y 6 policías) en consecuencias todavía consideradas como inexplicables, se produjo en Paraguay la crispación política que llevó al fin del mandato de Lugo. Su gestión “perdió la confianza” de los diferentes partidos, según manifestaron los protagonistas de esa época.

El 20 de junio del 2012, el entonces diputado colorado Luis Gneiting presentó ante la Cámara Baja una moción para someter al presidente de la República a juicio político, que fue respaldada por otros partidos, incluso por los aliados de Lugo. La moción quedó y fue aprobada con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias.

Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se solicitó a los militantes de la organización política que formaban parte del gabinete de Lugo que renuncien a sus cargos. De esta forma, se dio la renuncia de los titulares de Justicia y Trabajo, Industria y Comercio, Deporte, Educación y Cultura, y Agricultura y Ganadería.

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Con la confirmación inminente del sometimiento a Fernando Lugo a un juicio político, que quedó en ser reglamentado por la Cámara de Senadores, el entonces mandatario se manifestó públicamente, afirmando que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría el proceso.

En la tarde del 22 de junio, el Senado que estaba presidido en ese entonces por Jorge Oviedo Matto, encontró culpable a Lugo, quien fue destituido con 39 votos a favor y cuatro en contra. Minutos más tarde, asumió como mandatario quien hasta entonces fungía como vicepresidente, el liberal Federico Franco.

Los fiscales acusadores para el juicio fueron Carlos Liseras, José López Chávez, Jorge Ávalos Mariño, Clemente Barrios y Óscar Tuma. Este último, en conversación con La Nación/Nación Media, aseguró que hubo pleno cumplimiento del debido proceso y explicó que la celeridad de los plazos establecidos respondieron a evitar generar una crisis política prolongada en el país.

“Para que exista debido proceso una persona debe tener el derecho de conocer el motivo por el cual se lo está enjuiciando, debe tener la oportunidad de ejercer su defensa, oportunidad de gestionar sus pruebas, presentar sus alegatos y debe existir una sentencia, todo eso se respetó”, detalló Tuma.

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El abogado precisó que en 2012 se vivía una situación de desconfianza hacia la capacidad de gestión de Fernando Lugo, dado que se producían invasiones, muertes en enfrentamientos, siendo la confrontación en Curuguaty el detonante de todo lo sucedido posteriormente.

“Él fue destituido porque todos los partidos políticos percibían que la gestión que estaba llevando adelante no reunía las características necesarias para un presidente de la República”, aseguró Tuma y calificó el desenlace del juicio político como exitoso, puesto que no desencadenó en más muertes de compatriotas ni en un perjuicio para la economía.

“No se puede otorgar dentro de un proceso de juicio político los mismos plazos que existen dentro de un juicio ordinario, eso es un absurdo, porque lo que se busca es que la afectación de una crisis dentro de un país sea la menor posible. Prueba de que todo funcionó bien es que a Fernando Lugo se lo destituyó y al día siguiente el país siguió funcionando, no hubo una sola persona que perdió la vida o un comercio que cerró”, aseguró.

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Tras el suceso en Curuguaty y la destitución de Fernando Lugo, Paraguay fue expulsado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Estas posibilidades fueron tenidas en cuenta en el Congreso, afirmó el exsenador y analista político Marcelo Duarte, quien en conversación con La Nación/Nación Media afirmó que la continuidad de Lugo como mandatario era insostenible.

“El riesgo de mantenerlo en el poder, teniendo en cuenta la forma en que estaba conduciendo su gobierno, ponía en peligro ciertamente el normal desenvolvimiento de los principios democráticos consagrados en la Constitución”, sostuvo Duarte, quien manifestó que el exmandatario instaba al crecimiento de línea ideológica desde su cargo.

“Cada quien puede tener su punto de vista, pero eso no es ni puede ser la función de un presidente de la República, sino la que establece la Constitución, ser administrador de la República, no promotor de ideologías a nivel nacional e internacional. Esto es lo que desvirtuó en gran medida su gestión a criterio nuestro, en ese momento”, refirió.

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Desde el sector del Frente Guasu sostienen que no existieron causales para una destitución a Fernando Lugo, dado los resultados que tuvo a lo largo de su gestión en materia económica, sanitaria, educativa, entre otros. “Lugo fue un gran estadista, con sus luces y sombras. Reivindicó la soberanía energética, Paraguay se integró en la región; entonces, uno se pregunta por qué la destitución”, lamentó el senador Sixto Pereira en diálogo con La Nación/Nación Media.

El senador cuestionó a los referentes opositores que en su momento votaron a favor de la destitución de Fernando Lugo, pero que en la última campaña electoral se valieron de su imagen, tal como el titular del PLRA, Efraín Alegre.

“Ahí está clarísimo, por eso nosotros siempre hemos denunciado en campaña, para que nadie utilice su figura, que se respete su proceso de recuperación y nos referíamos a Efraín, que era el responsable del juicio político, así como usó en complicidad con otros políticos, incluso del Frente Guasu”, criticó el senador.

En las pasadas elecciones generales, celebradas en abril de este año, Fernando Lugo no revalidó su puesto en el Senado y su partido apenas logró un puesto, el de Esperanza Martínez.