Representantes del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) se reunieron con la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para avanzar en la decisión de factores importantes para la puesta en marcha del Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP), cuya implementación se prevé para el 2025.

El organismo veterinario realizó una presentación en donde se abordaron cinco puntos básicos, que apuntaron a los principios generales de la identificación y trazabilidad, la distribución de dispositivos de identificación, la identificación de animales, la trazabilidad y el Sistema de Trazabilidad del Paraguay (Sitrap).

La autoridades resaltaron que el encuentro fue productivo donde los directivos del gremio ganadero manifestaron sus inquietudes y sugerencias para que el SIAP tenga el funcionamiento esperado por todos los que conforman la cadena de la carne.

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Además, los representantes del servicio veterinario oficial destacaron que el Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP) será la mejor herramienta por su seguridad y por el alto grado de sensibilidad en el manejo de la información.

La presentación estuvo a cargo del presidente del Senacsa, José Carlos Martin, quien estuvo acompañado por el doctor Víctor Mereles, director general de Administración y Finanzas de la institución, y de Víctor Maldonado, director de Sanidad Animal, Identificación y Trazabilidad del Senacsa.

Por parte de la Rural participaron de la reunión los miembros de la comisión directiva central quienes estuvieron encabezados por el presidente del gremio, Daniel Prieto; el doctor Mario Apodaca Guex, vicepresidente primero y por Ceferino Méndez, vicepresidente segundo.

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En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del próximo martes 29 de octubre se incluyó nuevamente el proyecto que busca la derogación de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso. La iniciativa ya fue incluida en la sesión del 22 de octubre, sin embargo, no pudo ser tratada ya que el pleno quedó sin quórum al momento de su tratamiento.

Se trata del proyecto (Exp. No. D-2480895) que pretende “derogar la resolución n.º 1336, de fecha 12 de junio de 2024, y, en consecuencia, anular las diligencias realizadas por la Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.

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El proyecto presentado por los diputados Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) y Johanna Ortega (Partido País Solidario), refiere que “las diligencias realizadas por la comisión atentan contra derechos reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inmediata la apertura de una investigación del Ministerio Público”.

El proyecto no solo apunta a eliminar la Comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha. El documento cuenta con el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de cuyos 21 miembros, solo dos diputados opositores firmaron el visto favorable: el abdista Roberto Eudez González y Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

En el orden del día, también fueron incluidos otros 21 puntos, uno de ellos una ampliación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con media sanción del Senado, por el monto de G. 16.731.032.981 en fuente 30.

También está previsto el tratamiento del proyecto “que modifica los artículos 3°, 4°, 12, 14, 16, 21, 22, y 23 de la Ley N° 4.758/12, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación y sus respectivas leyes modificatorias”. El planteamiento busca compensar las asimetrías generadas por la implementación de la ley, no sólo en la distribución de los recursos y en la definición de las competencias institucionales (se plantea una nueva distribución).

También se encuentran en el orden del día, el proyecto que busca exonerar del pago por consumo de energía eléctrica a los sitios históricos del Paraguay, a fin aquellos lugares que acrediten su condición de sitio histórico mediante resolución, decreto o ley dictada por la autoridad competente; y el proyecto de ley “que establece la utilización de prendas de ao po’i como uniformes en los organismos y entidades del Estado”.

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La Cámara de Diputa­dos tenía previsto estu­diar el proyecto para dero­gar la Resolución n.° 1336, mediante la cual se creó la Comisión Bicameral de Investigación; no obstante, esto no pudo ser analizado por los legisladores debido a que la sesión quedó sin el cuórum necesario para abordar esta iniciativa impulsada por diputados de la oposición.

Este proyecto fue presen­tado por Johanna Ortega y Raúl Benítez, quienes en la presentación de argumentos a favor de la aprobación de la iniciativa manifestaron que la comisión no cumple con las finalidades determina­das en la Constitución y es un instrumento de persecu­ción a opositores y disiden­tes del Gobierno.

Asimismo, aseveran que “las diligencias realizadas por la comisión atentan con­tra derechos reconocidos y garantizados por la Cons­titución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inme­diata la apertura de una investigación del Ministe­rio Público”.

El proyecto no solo apunta a eliminar la comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha.

El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Raúl Latorre, dijo ayer que comparte la postura del presidente San­tiago Peña de defender las inversiones bancarias rea­lizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Los cuestionamientos, el escrutinio fortalecen la democracia y quienes ejer­cemos los roles de poder en los espacios públicos, los que fuimos electos por la ciuda­danía, debemos ser cuestio­nados. Y yo asumo esa con­dición”, indicó Latorre.

Manifestó que en primer lugar se debe aclarar que el presidente Peña no es accio­nista de la entidad finan­ciera en cuestión y que se encuentra en el foco de aten­ción a raíz de las transac­ciones realizadas con el IPS.

Peña es atacado por los diri­gentes de la oposición y por el Grupo Zuccolillo, propie­tario del diario Abc. A raíz de los cuestionamientos, la entidad financiera aclaró que el jefe de Estado no es accionista del banco. Ante estos ataques y en declara­ción a la prensa, el presi­dente de la República res­pondió al cronista de Abc de que el citado medio de comunicación está min­tiendo y que el Grupo Zuc­colillo siempre se benefició del dinero de los jubilados del IPS.

Al analizar la reacción del jefe de Estado, el presidente de Diputados dijo que los medios de comunicación también pueden ser cues­tionados.

“Las declaraciones que hacen los ciudadanos y las declaraciones que hacen los medios también deben ser cuestionados, y eso es parte del proceso de la democracia. Las con­frontaciones enriquecen el proceso democrático”, indicó Latorre. Agregó que considera que el pre­sidente Santiago Peña solo busca poner el debate sobre la mesa.

Sin realizar ninguna con­sulta a los medios loca­les, basados solamente en la opinión sesgada de algunos comunicadores encuestados, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rebajó a Paraguay a la categoría “En restricción”, señaló Diana Domínguez, representante de nuestro país ante el organismo. La vocera de la Presidencia de la República, Paula Carro, y el periodista Alberto Peralta también coinci­dieron en el pleno ejerci­cio de la libertad de prensa y de expresión en el país, durante el programa “12/8″, emitido por el canal GEN de Nación Media.