El pasado jueves se desarrolló una reunión entre el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y todos los fiscales adjuntos de todas la áreas penales y especializadas del país, en la que una vez más les ha requerido dar prioridad a la ciudadanía.

En la reunión Rolón resaltó la necesidad de priorizar a la ciudadanía para lograr un Ministerio Público eficiente y ser un verdadero representante de la sociedad. Asimismo, recomendó instalar una política de puertas abiertas, a fin de conocer de primera fuente la problemática específica de cada zona en las que se les encomendó desarrollar su trabajo.

Desde su juramento correspondiente, el 9 de marzo del presente año, Emiliano Rolón ha realizado una serie de cambios dentro de la Fiscalía; entre ellos, una serie de rotaciones y cambios de fiscales adjuntos al asumir el cargo con el fin de lograr un cambio radical en la gestión del Ministerio Público, principalmente en las zonas de frontera donde había muchos cuestionamientos por parte de los pobladores por la gestión de algunos fiscales.

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Hasta el momento, la política de trabajo que implementa el fiscal general y los cambios, especialmente en las unidades especializadas, que son posiciones estratégicas de confianza, dejan muy buena impresión en su gestión recién iniciada.

Según el Art. 266 de la Constitución Nacional: “El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el fiscal general del Estado y los agentes fiscales en la forma determinada por la ley”.

Y en ese sentido, el fiscal general es un funcionario público que actúa en representación del Ministerio Público, una institución del Estado integrada en el Poder Judicial, en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés general, así como en el control de la legalidad del proceso.

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