La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) decidió suspender de manera temporal la convocatoria a licitación para la tercerización del servicio de limpieza e higienización en el Instituto de Previsión Social (IPS) ante las masivas denuncias de direccionamientos en que vuelven a sonar varias empresas cuestionadas.
“Vamos a investigar el contenido de la denuncia y, de acuerdo a ese resultado, se podrá continuar o no con el proceso licitatorio. No estamos hablando de la necesidad o no del servicio completo de limpieza, pero queremos garantizar la competencia en condiciones de igualdad, sin interferencia de que un actor del sector privado tenga un ticket o llave para entrar”, indicó Pablo Seitz, titular de DNCP.
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La convocatoria abarca un contrato de 12 meses por un total de 7,4 millones de dólares (G 53.000 millones). La interrupción se da en el marco del artículo 40 de la normativa n°. 2051, el cual se refiere a las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o contratar. Entre las acusaciones figuran casos de supuestas estafas, incumplimiento de contratos y despidos injustificados y atrasos salariales por parte de sus colaboradores.
“La decisión sobre la suspensión del proceso licitatorio se dio el pasado 6 de junio porque estaba próxima la apertura de ofertas. Lo primero que se verificará es si ese punto técnico es realmente indispensable o no. Para esta licitación de limpieza de distintas áreas del IPS daremos prioridad y en la semana tendremos una posición (definitiva) de la DNCP, teniendo en cuenta la respuesta del IPS”, manifestó Seitz en una entrevista con 730 AM.
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Entre las empresas que serían mimadas nuevamente por la administración de Vicente Bataglia, presidente de la previsional, en la cuestionada licitación figuran por ejemplo; la firma Potî SA, propiedad del empresario Alberto Palumbo.
De acuerdo a las denuncias también se encuentra Cevima SA, representada por Claudio Escobar Brizuela y Consermar, liderada por María Carolina Molas. Días atrás, mediante un amparo judicial, el IPS se vio obligado a suspender temporalmente la convocatoria a licitación para la tercerización del servicio de lavado y planchado que demanda la suma de 67 millones de dólares por 10 años.