El ministro de Justicia, Daniel Benítez, dijo que el crimen organizado permeó a esta cartera del Estado y esto estaría llevando a una considerable permisibilidad en las cárceles del país, en referencia a que constantemente se encuentran objetos como armas caseras, drogas, celulares y otros objetos a los que acceden los presos y son encontrados en las requisas que se realizan en los penales.
“El crimen organizado ha permeado en varios sectores y como Ministerio de Justicia no estamos exentos. Estamos trabajando en una investigación que pronto va a decirnos cómo ingresa esto”, fueron las expresiones del ministro de Justicia en entrevista con la radio 1020 AM.
Podes leer: Plantearán sesión presencial del Directorio del PLRA para tratar informe de Alegre
En relación con la requisa realizada en el penal de Tacumbú, donde se encontraron varios objetos, indicó que se encuentran realizando las investigaciones internas correspondientes para llegar a los responsables. “Iniciamos una investigación con la parte de la Dirección de Asuntos Internos que se va a constituir mañana a recabar los informes del operativo realizado. Fueron tres pabellones requisados”, apuntó el ministro.
Agregó que es bastante difícil el trabajo que se lleva adelante desde el Ministerio de Justicia, principalmente en el control de los penales donde se encuentran las facciones criminales. “Fue un operativo exitoso que se llevó a cabo con total normalidad. En todo momento hubo muchos guardiacárceles. Es un trabajo difícil el que llevamos en el ministerio, lastimosamente tenemos compañeros que se prestan a las facciones criminales”, sentenció.
Agregó que otras de las problemáticas en las cárceles del país son la superpoblación y la baja remuneración de los guardicárceles. “El 70 % de los ocupantes de las cárceles son personas sin condena y están todos mezclados, en los nuevos penales se haría una separación y ahí trabajaríamos en la inserción. El sueldo en las cárceles va de G. 2.750.000 en adelante, esto es un trabajo de riesgo, es un factor a tener en cuenta, ya que muchos de los presos son poderosos económicamente”, puntualizó.
Te puede interesar: Multibancada pretende sumar más sectores para presidencia del Senado
Dejanos tu comentario
México: sendos ataques a candidatos a alcaldes dejan 9 muertos
Nueve personas murieron en dos atentados contra candidatos a alcaldes en el estado mexicano de Chiapas (sur), informó este domingo la Fiscalía de esa región azotada por el crimen organizado. Los dos aspirantes sobrevivieron, uno de ellos quedó herido, en los ataques ejecutados la noche del sábado y la madrugada de este domingo en los municipios de Villa Corzo y Mapastepec, reportó la Fiscalía a través de sendos comunicados.
La institución anunció en principio tres fallecidos en Villa Corzo, pero este domingo confirmó que uno de los heridos perdió la vida en un hospital. Las demás muertes ocurrieron en Mapastepec. Estos hechos se enmarcan en una escalada de violencia en Chiapas contra aspirantes a cargos regionales en los comicios del próximo 2 de junio, cuando también será elegido el nuevo presidente de México.
Lea más: Argentina y EE. UU. acuerdan “restablecer” el diálogo de alto nivel
La noche del pasado jueves fueron asesinadas seis personas en el municipio de La Concordia, vecino de Villa Corzo, entre ellas la candidata a la alcaldía local, Lucero López, y una menor en una emboscada tras un mitin de campaña. Desde el pasado 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, han sido asesinados al menos 29 aspirantes a cargos locales, según un recuento de la organización civil Data Cívica.
De acuerdo con la Fiscalía, el atentado en Villa Corzo estuvo dirigido contra una comitiva en la que se hallaba el candidato a la reelección por ese municipio, Robertony Orozco, del partido Morena, al que pertenece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Lea también: Estafa en WhatsApp: prometen dinero por ‘Me Gusta’ en YouTube
Orozco recibió disparos en las piernas, según el reporte oficial. En tanto, el ataque Mapastepec involucró a una caravana del aspirante de Morena a la alcaldía local, Nicolás Noriega, quien salió ileso. Dos personas más resultaron lesionadas.
Las campañas electorales en Chiapas suelen ser violentas, pero la situación se ha deteriorado aún más por la guerra que libran los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa en una subregión conocida como La Frailesca, a la que pertenecen Villa Corzo y La Concordia. Ambas organizaciones se disputan rutas para el tráfico de drogas -especialmente hacia Estados Unidos- y otras actividades delictivas como la extorsión. Mapastepec es un punto clave porque tiene costas sobre el océano Pacífico.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
El pueblo mexicano donde los cárteles buscan votos con balas
“Te bajas o te bajas”, ordenaron a Margarita Galán, quien no tuvo más remedio que abandonar su candidatura a la alcaldía de Maravatío para no correr la suerte de otros tres aspirantes asesinados en ese municipio mexicano. Como en varias poblaciones del país, en Maravatío (Michoacán, oeste) el crimen organizado depura listas de candidatos a bala o con amenazas para asegurarse el control de cargos locales que serán elegidos el 2 de junio simultáneamente con el nuevo presidente de México.
“No puedes participar”, advirtieron con insultos los hombres que telefonearon a esta chef de 27 años, según cuenta en su modesta casa de Las Joyas, comunidad rural que se vacía de jóvenes porque migran a Estados Unidos por la violencia y la pobreza. Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso electoral, fueron asesinados 28 políticos que aspiraban a cargos electivos en México, según la oenegé Data Cívica. Maravatío, poblado agrícola de 80.000 habitantes, ha puesto la mayor cuota.
El 26 de febrero, con tres horas de diferencia, fueron asesinados el médico Miguel Reyes y el transportista Armando Pérez, ambos de 58 años, que disputaban la alcaldía. En noviembre fue hallado muerto Dagoberto García, quien también buscaba ser alcalde. Reyes y García pertenecían a Morena, partido del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador; Pérez, al conservador PAN, y Margarita contendía por Movimiento Ciudadano (centro). Cinco siguen en contienda.
Lea más: Bolsonaro estuvo dos semanas hospitalizado por infección cutánea
Régimen de terror
Los crímenes hundieron a Maravatío en el miedo. Dos hombres en un auto rondan desde hace horas los mítines del nuevo candidato de Morena, Mario Pérez. Ya de noche se detienen, bajan la ventanilla y observan fijamente la reunión, sin un solo policía. “Ese carro no es normal”, suspira un miembro de campaña. “Esas son las cosas que nos ponen nerviosos. Nunca nos había pasado”, añade pálido.
El mitin finaliza y Pérez se rodea de simpatizantes para tomarse fotos. Los sospechosos desaparecen en la penumbra. El candidato, un dentista de 34 años que busca derrotar un cacicazgo de casi un cuarto de siglo del PRD (socialdemócrata) en Maravatío, elude el tema de la inseguridad en público. Tampoco ha pedido protección de autoridades, como sí lo han hecho 96 candidatos en Michoacán.
Comenta a la AFP que su objetivo es ofrecer oportunidades a los jóvenes “para que no anden en otra cosa”. Durante una asamblea en una calle polvorienta, una de sus seguidoras, la profesora Liz Monroy, de 45 años, reconoce que le “da miedo participar” pues para ella la política es sinónimo de “inseguridad”.
No exagera. El 10 de mayo, cerca de la casa de Margarita, escoltas de dos aspirantes a la alcaldía del vecino Senguio se enfrentaron a tiros al cruzarse en el camino, al parecer debido a una confusión. “No hay condiciones para hablar”, dice un integrante de la campaña de Óscar Vidal, candidato a la alcaldía que busca prolongar la hegemonía del PRD en el pueblo.
Lea también: Turkmenistán inauguró una estatua de 80 metros
“¡Ay donde no gane!”
Maravatío está en medio de la guerra que libran cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación o Los Correa. Sin un grupo dominante, la violencia tiene derivas anárquicas en Michoacán, pujante estado agroindustrial donde unas 14 bandas se pelean el tráfico de metanfetaminas y la extorsión. Pero “no se conformaron” con eso y cada vez más buscan “imponer candidatos”, señala el fiscal de delitos electorales, Víctor Serrato, quien refiere 39 denuncias de aspirantes a cargos electorales, en su mayoría por amenazas y extorsión.
El modus operandi es similar: “Los criminales eligen un candidato” y dicen a los otros “no tienes permiso”. “En un municipio la célula delictiva convocó a todos los partidos, menos a uno, y les hizo saber: aquí va a ganar tal. ¡Ay de ustedes donde no gane!”, cuenta Antonio Plaza, de 47 años y aspirante a diputado estatal por Michoacán Primero, que retiró diez candidaturas a alcaldías.
Solo en ese estado han sido sustituidos 500 aspirantes, según el Instituto Electoral regional. Michoacán es una de las regiones más violentas de México. Desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas, la tasa nacional de homicidios casi se triplicó hasta 23 casos por 100.000 habitantes, y los desaparecidos desde entonces suman más de 100.000. En ese estado el crimen se lucra además de la tala de bosques que albergan a las mariposas Monarca, fijan precios de alimentos y hasta fechas de corte de frutas, denuncian dirigentes locales.
Aunque me maten
La criminalidad roza lo insólito. En la subregión michoacana de Tierra Caliente, adonde han sido enviados cientos de soldados para vigilar las elecciones, el cartel Los Viagras montó antenas con equipos robados para cobrar el servicio de internet, según la fiscalía. Además, existen grupos de WhatsApp donde supuestos criminales alardean y cruzan amenazas. La AFP constató que autoridades integran también estos grupos, pero no interactúan.
“Ya no les falta mucho para su día perros”, dice un usuario, a lo que otro responde: “sigan soñando jajaja”, observó la AFP. Videos de jovencitos armados hasta los dientes se suman a los textos. Pese a las amenazas, candidatas como María Salud Valencia no renuncian.
Maestra de 60 años y con protección oficial, reconoce que tiene “miedo, pero también valor” para disputar la alcaldía de Nuevo Urecho. “Si me van a matar, que sea por defender a mi gente”, afirma durante una visita a Morelia, capital de Michoacán, donde esa mañana asesinaron a tiros a cinco hombres.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Impulsan reinserción social de internos en Guairá
La Gobernación de Guairá y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio para un programa de reinserción social que apunta a que los internos de la Penitenciaría Regional de Villarrica puedan cumplir con ciertas tareas, brindándole una segunda oportunidad. El Poder Judicial también forma del acuerdo, explicaron.
“Estuvimos hablando con el ministro Ángel Barchini de un plan piloto para los condenados que se encuentran ya en etapa de cumplir con su rol social, limpieza de plazas, de calles, de instituciones educativas y que eso les pueda servir a ellos a acortar su permanencia en el penal y en esa línea firmamos un convenio para eso”, expresó el gobernador César “Cesarito” Sosa.
En comunicación con La Nación/Nación Media afirmó que el Poder Judicial forma parte de este acuerdo, dado que son los jueces quienes otorgan estos permisos, por lo que los magistrados también asistieron al acto de firma del documento. “Creo que todos merecen una segunda oportunidad y es importante que salgan a hacer ese servicio a la ciudadanía. Esto es un trabajo en equipo que hemos logrado con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial”, señaló.
Lea también: MUVH y EBY firmaron acuerdo para construir 100 viviendas en Pilar
Este programa servirá como un incentivo importante para las personas con buena conducta y que están cumpliendo con su condena, por lo que se convierte en una “luz de esperanza” para aquellos que desean cambiar su vida y posteriormente puedan trabajar. “A través de estos convenios estaremos dando eso”, aseguró.
Este convenio representa un acontecimiento histórico, relató el gobernador dado que por primera vez en el departamento se firma un acuerdo de cooperación interinstitucional en pos de la reinserción social y este es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
Le puede interesar: Acuerdo en Itaipú da previsibilidad al Paraguay, sostienen
Dejanos tu comentario
Avanza plan piloto de reinserción de personas privadas de libertad
El Ministerio de Justicia y la Gobernación de Guairá firmaron este lunes 13 de mayo un acuerdo marco de cooperación interinstitucional que apunta a que las personas privadas de libertad (PPL) de la Penitenciaría de Villarrica realicen trabajos comunitarios para beneficio de las comunidades del departamento.
Esto se da como parte de los programas de rehabilitación y reinserción social y laboral que lleva adelante el ministerio. El documento fue suscrito por el ministro de Justicia, Dr. Ángel Ramón Barchini, y el gobernador de Guairá, César Sosa.
Estuvieron presentes el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora; el diputado Alejandro Aguilera; el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña; la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González; la jueza de ejecución penal de Caazapá, Maricel Candia.
Al respecto, Barchini explicó que este proyecto tiene como objeto promover la cooperación y la coordinación de acciones conjuntas a fin de aportar un servicio a la comunidad. El acuerdo es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
“Este proyecto permitirá que personas privadas de libertad puedan salir a trabajar por orden del juez o la jueza, y aquellas que tengan el perfil puedan ir imputando los días que le quedan de sentencia para salir en libertad y a la vez ganar un dinero. Mientras que la gobernación se ahorra en contratos. Es decir, acá todos ganamos, gana la sociedad”, indicó.
El Ministerio de Justicia, por intermedio del Viceministerio de Política Criminal, la Dirección de Bienestar y Reinserción Social y de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios se compromete a coordinar para que las PPL, que voluntariamente deseen contribuir con la comunidad, presten servicios generales necesarios mediante mano de obra para el hermoseamiento de áreas urbanas, plazas y lugares predeterminados por la Gobernación de Guairá, en las fechas festivas y otras ocasiones de importancia.
A su turno, el gobernador Cesarito Sosa destacó que la gobernación está plenamente a disposición de colaborar para que el proyecto, que aun es un plan piloto, sea todo un éxito y que traerá beneficios a todas las comunidades guaireñas. “Queremos arreglar plazas, instituciones educativas, limpieza de arroyos, creo que usar estos medios en beneficio de la gente no tiene precio”, acotó.
El ministerio brindará la seguridad necesaria y coordinará con el auxilio de las Fuerzas Públicas, en caso de necesidad, para la puesta en marcha del proyecto. El Ministerio de Justicia trabaja en varios frentes en el marco de la reforma penitenciaria en marcha. Esos ejes abarcan el seguimiento del control estricto de las penitenciarías, la reforma de leyes, la formación de nuevos agentes penitenciarios, la habilitación de nuevas penitenciarías de alta seguridad y el fortalecimiento de los programas de reinserción social y laboral para evitar la reincidencia en el delito.