El exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS) Pedro Halley instó a los legisladores a ejercer su rol de representantes de la ciudadanía e impulsar una intervención en el Instituto de Previsión Social (IPS), liderado por Vicente Bataglia. Exigió, además, a los diversos organismos de control actuar con una mayor eficiencia ante las diversas denuncias por corrupción.
“El presidente no cambiará a Vicente Bataglia, quien ya fue cuestionado, interpelado y denunciado con la Contraloría, todas las barreras pasó y sigue incólume soportado por Mario Abdo Benítez ¿Entonces a quién le vamos a pedir socorro? ¿Al nuevo presidente Santiago Peña? Todavía él no asumió aún, no tiene fuerzas para dictar un decreto”, indicó a través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Las declaraciones de Halley surgieron ante la nueva polémica que sacude a la previsional referente a la incapacidad de cubrir los pagos referentes a las jubilaciones, por lo que se autorizó bajo un total secretismo la utilización de las reservas para compensar la diferencia, medida que debió ser aplicada recién en el 2038.
“¿El Poder Judicial? Ya están las denuncias y otras se harán en su momento. Entonces, lo único que tenemos ahora los jubilados y asegurados es el Poder Legislativo, donde podemos dirigir el grito de auxilio, de grito. El Ejecutivo está sordo, ciego y mudo a los reclamos de la gente. Pueden intervenir con pedidos de informes, otra de las vías sería que operen los organismos de control que ya existen con más eficiencia como, por ejemplo, la Contraloría, también la Auditoría General del Ejecutivo, la Procuraduría, pero estas finalmente dependen del presidente. El Ministerio Público tiene que intervenir de oficio”, manifestó.
Lea también: “El IPS debe abrir la información”, reclama extitular por uso de reserva jubilatoria
Varias son las denuncias de corrupción realizadas en contra de la administración de Bataglia, en las que figura principalmente las licitaciones amañadas acompañadas de un deplorable servicio sanitario.
Los últimos acontecimientos de irregularidad en pleno proceso de transición de gobierno se centraron en la polémica intención de tercerizar el servicio de lavado y planchado por la millonaria suma de 67 millones de dólares. La licitación fue suspendida de manera temporal por orden judicial.
La administración del IPS también apunta a la tercerización del servicio de limpieza en la que vuelve a sonar la empresa Potî que ya había sido denunciada, de acuerdo a las denuncias de los asegurados y jubilados.
“Es en esa institución (Congreso) donde creemos que están nuestros representantes, muchos de ellos fueron asegurados, tienen sus aportes en el IPS, tienen sus familias recibiendo atención médica, a ellos les pedimos ayuda. El presidente del Senado, sus colegas, los diputados deben entender esta situación”, indicó Halley.