El ministro del Inte­rior, Enrique Riera, habló sobre la insta­lación de un grupo de policías municipales en el distrito de Yaguarón, Paraguarí, que está generando reacciones encontradas. Riera explicó que la única fuerza pública habilitada constitucional­mente es la Policía Nacional.

Adelantó que convocarán al intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, para con­versar y aclarar en qué condi­ciones fue instalada la Policía Municipal, y también aclarar las limitaciones de la misma.

“Con este precedente, para que no se repita en todos los municipios, y para que no ten­gamos un conflicto innece­sario, vamos a elaborar un dictamen sólido, que se está preparando. Vamos a convo­car al intendente o nos iremos a hablar con él allá y encon­traremos la forma de resol­ver el problema y limitar sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes, con mucho respeto”, dijo en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El dictamen que está siendo elaborado por el Ministerio del Interior será presentado a la propia intendencia, soli­citando y explicando los lími­tes que tienen las competen­cias municipales en relación al tema de la seguridad.

Critican acción del intendente al intentar curar un síntoma sin conocer la raíz de la enfermedad.

• HOY.COM.PY

La reciente decisión del intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez Lugo, de estable­cer una Policía Municipal en la ciudad desató un intenso debate sobre la legalidad y constitucionalidad de esta medida. La nueva fuerza de seguridad, que operará con agentes uniformados y pasa­montañas, tiene como obje­tivo principal combatir la cre­ciente inseguridad en la zona.

La abogada y especialista en Derechos Humanos Diana Vargas criticó esta acción, advirtiendo que se trata de una violación a la Constitu­ción. Vargas afirmó que la creación de una policía local carece de fundamento legal, ya que solo la Policía Nacional tiene la atribución de ejercer la fuerza pública en el país.

El ministro del Interior, Enrique Riera, habló sobre la instalación de un grupo de policías municipales en el distrito de Yaguarón, Paraguarí, que está generando reacciones encontradas. Riera explicó que la única fuerza pública habilitada constitucionalmente es la Policía Nacional.

Adelantó que convocarán al intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, para conversar y aclarar en qué condiciones fue instalada la Policía Municipal, y también aclarar las limitaciones de la misma.

“Con este precedente, para que no se repita en todos los municipios, y para que no tengamos un conflicto innecesario, vamos a elaborar un dictamen sólido, que se está preparando. Vamos a convocar al intendente o, nos iremos a hablar con él allá y encontraremos la forma de resolver el problema y limitar sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes, con mucho respeto”, dijo en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Podes leer: CGR confirma blanqueo a Bataglia: “Hay hechos de relevancia penal que no fueron investigados”

El dictamen que está siendo elaborado por el Ministerio del Interior será presentado a la propia intendencia, solicitando y explicando los límites que tienen las competencias municipales en relación al tema de la seguridad.

Sin embargo, si no se llega a un acuerdo con la intendencia, Riera adelantó que se podría recurrir a la justicia. “Esa es la última carta, yo creo que hay que agotar el diálogo y si finalmente no se entienden razones, recurrir a la justicia, porque no se puede hacer justicia con manos propias”, aseveró.

El ministro sostuvo que existe una sola policía nacional, y es la única que tiene el monopolio de las fuerzas públicas, y que tiene la aplicación y la posibilidad como auxiliar de la justicia de hacer desalojos, aprehensiones y detenciones. Mientras que la policía municipal tiene sus limitaciones.

“Las policías municipales tienen sus límites, tienen competencia en tránsito, tienen competencias muchas veces, pero a través de inspectores no de policías, de establecer cumplimiento de ordenanzas, pero de ahí a que estén armados, con cara cubierta y cumpliendo funciones propias hay una superposición con la función de la Policía Nacional”, aclaró.

Por otra parte, Riera indicó que probablemente la decisión del intendente fue en buena fe, sin embargo, existen otras alternativas para que la intendencia pueda coadyuvar en el ámbito de la seguridad ciudadana.

“En el caso de la intendencia hay un trabajo en otros casos de mucha colaboración, porque seguridad en su amplio espectro es muchas veces, iluminar una plaza, generar actividades culturales, deportivas, generar actividades lúdicas, encontrar la fórmula de construir para apoyar a la Policía casetas, instalación de cámaras. Hay muchas cosas que podamos hacer conjuntamente”, sentenció.

Te puede interesar: Caso Bataglia: “Estamos sorprendidos por la actitud del Ministerio Público”, afirman en IPS

El ministro del Interior, Enrique Riera, brindó detalles sobre la ley de tobilleras electrónicas, confirmando que la implementación de las mismas ya se encuentra destrabada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para avanzar con su aplicación.

“Esta mañana se hace la reunión formal entre las instituciones que vamos a coordinar el trabajo: Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia. Una vez que esto se adjudique, se implementará”, puntualizó el secretario de Estado a la 650 AM.

Riera aclaró que no se está procediendo a la compra de las tobilleras, como tal, sino del servicio, atendiendo los posibles cambios tecnológicos. Las tobilleras se aplicarán exclusivamente para los casos de violencia intrafamiliar, priorizando las llamadas relacionadas al tema, con un equipo especial.

Lea más: Pensión para víctimas de violencia familiar establece una mensualidad de G. 1.600.000

El Ministerio del Interior tendrá la potestad de reglamentar, contratar y habilitar los servicios necesarios para el cumplimento de la ley, con el apoyo de una oficina de control interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual proveerá las partidas presupuestarias necesarias.

Por otra parte, con respecto a la inclusión de nuevos uniformados, así como también la compra de nuevos equipamientos, el secretario de Estado garantizó que los procesos se están encaminando de manera precisa. Así, el 19 de diciembre se efectuará el egreso de 5.000 policías.

“Vamos a poblar las nuevas comisarías que tenemos, bastante abandonadas. Ayer también se realizó nuevos equipamientos para los lince; está llegando todo antes de fin de año y probablemente para el 2025 estaremos un poco mejor para responder a los legítimos reclamos ciudadanos”, afirmó.

Riera subrayó además que la prioridad del Gobierno será introducir cada año 5.000 efectivos policiales más, no solo para brindar mayor solución a la demanda existente por la jubilación anual de los uniformados, sino también para dotar de más fuerzas de seguridad al país.

Lea también: Rechazo de gremios al proyecto RUN se debe solo a “egoísmo y caprichos”, aseguran

“Si uno entierra a su hijo, ahí termina el calvario. Yo, por ejemplo, cuando entierre a mi hijo sabré dónde está, podré ir a visitar esa tumba, y estaré en paz, pero nosotros hasta hoy nunca podemos hacer algo así, porque hasta ahora no sabemos dónde están los restos de mi hijo, o si está vivo o muerto”, reflexiona dolida la madre de Edelio Morínigo, doña Obdulia Florenciano, en conversación con La Nación / Nación Media.

Esa es la realidad que ella vive, una realidad dolorosa. Su indignación es entendible porque un día como hoy, hace dos años, Carmen Villalba, la mujer considerada miembro clave del grupo criminal autodenominado como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), tuvo el privilegio de dar el último adiós a su hermano Osvaldo Villalba, líder del EPP. Recordemos que este grupo criminal es el responsable de varios secuestros en nuestro país, de los cuales, de tres víctimas no se sabe nada: Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis.

Osvaldo Villalba, junto con Luciano Argüello y un hombre indígena con el alias de Simón, fue abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta en el marco de un operativo que se realizó el domingo 23 de octubre del 2022, en Cerro Guazú, departamento de Amambay. Tras la autopsia correspondiente, el cuerpo fue entregado a los familiares y ese 25 de octubre de 2023, el féretro llegó hasta la intersección de las avenidas Mariscal López y Choferes del Chaco, paralizando no solo tránsito asunceno sino la tarde paraguaya.

Lea también: A 20 años del secuestro y muerte de Cecilia Cubas: “Hasta ahora nos preguntamos ¿por qué ella?”

Tras la negativa de las autoridades de que la reclusa Carmen Villalba pueda salir para participar de la inhumación de su hermano, por ser considerada presa peligrosa, comenzó el trabajo de los abogados para que el féretro pueda ingresar a la penitenciaría. Los abogados como de la familia Villalba comenzaron a presionar para que se diera el ingreso de los restos del líder del EPP a la cárcel del Buen para que Carmen pueda despedirse de su hermano.

El ingreso inmediato se vio truncado y empezó el ir y venir de manera casi circense del féretro que se “paseó” entre el cementerio de la Recoleta hasta el portón de ingreso del centro de reclusión, en más de una ocasión, en medio de gritos de familiares y bocinazos.

A la confusión ciudadana por el cierre de las arterias, las altas temperaturas, los gritos de familiares, se sumó una amenaza de motín por parte de algunas reclusas. Tras esto se activaron las alarmas de las autoridades del Ministerio de Justicia y autorizaron el rápido despliegue de seguridad, que terminó por completar el escenario de esta atípica jornada de la historia nacional.

Si bien inicialmente las autoridades del Ministerio de Justicia se negaron y parecían que mantendrían la negativa para evitar el acceso del féretro, posteriormente, y tras la presión, decidieron doblegarse y acceder a la petición de Carmen Villalba y los abogados de la familia. Así, permitieron que el féretro acceda por varios minutos al penal del Buen Pastor, para posteriormente dirigirse en medio de una breve caravana hasta el cementerio de la Recoleta.

El hecho generó una indignación generalizada debido al poder que demostraron seguir ejerciendo los Villalba sobre las autoridades en ese momento. El EPP hasta el día de hoy tiene en su poder a tres secuestrados: al oficial Edelio Morínigo, al exvicepresidente Óscar Denis y al ganadero Félix Urbieta, además de cargar con la muerte de varias personas.

Los comentarios en redes sociales fueron tajantes en contra de permitir que una reclusa de alta peligrosidad pueda acceder a un privilegio tal, con mínimas medidas de seguridad y casi sin previa preparación. Autoridades de diferentes estamentos se pronunciaron desaprobando la manera en que el gobierno de Mario Abdo Benítez actuó en ese momento.

Nada fue más doloroso como ver el rostro de desconcierto de los familiares de quienes aún no han regresado a sus hogares por ser víctimas del EPP y que siguen esperando dar un abrazo, o quizás, una despedida a su ser querido.

“Hoy murió la razón, cuánto dolor me causas, mi querido Paraguay; en estos casos vale la pena que nuestro mensaje llegue fuerte y claro a aquellas mentes abiertas y empáticas que puedan sentir nuestro dolor y nuestra desazón. Les pedimos que escuchen nuestro mensaje, hoy murió la razón, el sentido común, el deseo de hacer bien las cosas y de buscar la paz”, era parte del mensaje que daba una desconsolada Lilian Urbieta, a quien se la veía sola en una mesa clamando por un poco de empatía.

Durante este discurso, miles de paraguayos vieron a una hija que sigue esperando a un padre que le fue arrebatado, una mujer que clamaba por Justicia, por una respuesta, una joven paraguaya que, al igual que muchos, era víctima. Y ese día sintió que no estaba al mismo nivel que una mujer condenada por crímenes graves en contra de sus propios compatriotas, quien sí tuvo el privilegio de decir adiós a su familia.

Con la noche de por medio y ya luego de las decisiones políticas, como la destitución de quienes permitieron el acceso del féretro de Osvaldo Villalba al penal del Buen Pastor, las hijas del expresidente Oscar Denis brindaron una declaración pública, no menos dolorosa que la de cualquier otro familiar, víctima de un grupo armado que mantiene en zozobra a familias inocentes y, aún así, continúan actuando a su voluntad.

“El golpe de ayer para nosotros fue muy duro, nos dieron una bofetada más y bastante fuerte. Hoy nos levantamos de nuevo porque esa es la lucha, en cada caída volver a levantarse, en cada golpe volver a luchar, resistir. Hoy nuevamente de pie y con más fuerza aún para exigir al Gobierno resultados, que es que vuelvan los tres”, indicó Beatriz Denis.

Hoy, a dos años de aquel suceso que marcó la historia de los secuestros en nuestro país, la búsqueda de estas tres personas continúa activa por parte del gobierno. Actualmente existe una recompensa millonaria aprobada por el presidente Santiago Peña por información certera que permita localizar a los integrantes del citado grupo criminal.

Recientemente, las hermanas Carmen y Laura Villalba fueron trasladadas de penitenciaría y guardan reclusión bajo el régimen de máxima seguridad en la cárcel de Minga Guazu, donde reciben apenas dos horas al día de receso vigilado y a solas fuera de celda.

• Osvaldo Villalba fue abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta durante un operativo en Cerro Guazú, el domingo 23 de octubre del 2022.
• El martes 25 llegó su féretro hasta el Buen Pastor para que su hermana Carmen Villalba, recluida en el lugar, pueda darle el último adiós.
• La intención clara tanto de los abogados como de la familia Villalba era que se diera el ingreso de los restos del líder del EPP de manera inmediata, pero esto no pasó.
• Tras varios minutos de resistencia por parte de las autoridades, y tras una amenaza de motín, finalmente ingresó el féretro al Buen Pastor, causando una oleada de indignación ciudadana y el dolor inconmensurable de los familiares de víctimas de secuestro que aún no volvieron.

Podes leer: Hace seis años, un enjambre de moscas delató el horrendo crimen de toda una familia