El Gobierno argentino ha anunciado ayer viernes que va a enviar al Congreso el proyecto de ley de reforma para el fortalecimiento electoral que eliminaría el régimen de primarias abiertas, conocida como PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y que modificará la ley orgánica de los partidos políticos para revisar el sistema de financiamiento de los mismos.

“Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, ha afirmado el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, desde la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina.

Adorni ha detallado que, solo en 2023, las PASO “tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos (unos 45,5 millones de dólares), a valores, por supuesto, históricos”, que, ha agregado, “obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado tres veces”.

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“Desde su introducción en 2011, “hubo sólo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40 % no logró siquiera alcanzar el umbral de 1,5 % para poder después participar de las elecciones generales”, ha explicado.

Asimismo, ha aseverado que el Gobierno modificará la ley orgánica de los partidos políticos “con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma (partidos políticos que, en la práctica, no tienen una estructura ni actividad real), “cuyo único objetivo es el recaudatorio”.

“La modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos busca reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”, ha indicado la Casa Rosada, al subrayar que “la sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral”.

Por otra parte, Adorni ha anunciado la eliminación de impuestos para compras en el exterior, una medida que “va a entrar en vigencia a partir de diciembre y tiene por objetivo que los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil, como sucede en los países normales”, incluso “cuando no tengan el dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior”.

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“Todo esto tiene como fin que Argentina sea un país más libre, en contraposición con el que se encontró el gobierno el 10 de diciembre último, cuando la Argentina era el tercer país más cerrado del mundo, detrás de Sudán y de Etiopía”, ha concluido.

Fuente: Europa Press

El presidente de la República, San­tiago Peña, se refirió al nuevo proyecto relacio­nado al tren de cercanías, que apunta a establecer un marco normativo unificado para llevar adelante el pro­yecto e iniciar con el proceso de licitación, un emprendi­miento tendría un costo esti­mado de USD 600 millones y culminaría en cinco años.

Esta nueva propuesta unifica todas las leyes anteriores para que haya una sola y autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) a hacer un llamado a licitación para buscar un sub­concesionario que desarrolle el proyecto de tren de cercanías.

“Lo que planteamos al Con­greso de la Nación es que en ese proyecto de ley que era como una concesión directa al Gobierno de Corea, que esto permita de vuelta que esto pueda ser llevado a delante de manera independiente por Ferrocarriles del Para­guay, que obviamente la idea es hacer un concurso de par­ticipación privada para poder llevar adelante este proyecto”, dijo el mandatario en conver­sación con los medios.

Explicó además que desde el Gobierno ya se está trabajando en los detalles técnicos, como el reglamento topográfico y con recursos propios, esto ante el proyecto anterior que no prosperó con Corea.

“Nosotros estamos haciendo los trabajos con las Fuerzas Militares en todo lo que es el reglamento topográfico, mucho de lo que se creía que el proyecto con los coreanos iban a traer a hacer una gran consultoría que podría llegar a costar 5 millones de dólares, en realidad ya lo empezamos a hacer nosotros, con los recur­sos que tenemos, con el conoci­miento que tenemos”, detalló.

Finalmente, el presidente Peña sostuvo que este es uno de los proyectos que busca poten­ciar el desarrollo en el país. “Yo quiero que Paraguay sea una potencia, entonces tengo que utilizar todas las herramientas disponibles, toda la experien­cia y el conocimiento interno para que Paraguay realmente pueda acelerar, y yo creo que este proyecto puede acelerar esto”, puntualizó.

El Poder Ejecutivo autorizó el contrato de préstamo entre la República de Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social del Brasil (BNDES), por un monto de USD 101.606.009, para la compra de los seis aviones Super Tucano, a través del decreto número 2879, firmado por el presidente de la República Santiago Peña.

“Después de décadas, Paraguay retomará el control de su espacio aéreo. He autorizado la firma del contrato de préstamo para la adquisición de aviones con tecnología de punta, esenciales para fortalecer nuestra defensa aérea y enfrentar con firmeza al narcoterrorismo”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

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Peña reafirmó el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra crímenes y el tráfico trasnacional. “Esta decisión refleja nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la soberanía nacional. No cederemos en esta lucha; enfrentaremos cada desafío con toda nuestra fuerza y determinación”, apuntó el mandatario.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó para La Nación/Nación Media, que este contrato de préstamo autorizado por el Ejecutivo es para la compra de los seis Super Tucano. El empréstito se realizará a través del Banco brasileño, y la adquisición será de la empresa, también brasileña, Embraer.

El decreto 2879 establece la autorización de los términos y condiciones del contrato de préstamo de USD 101.606.009, para el financiamiento del proyecto de adquisición de bienes aéreos (aviones), con capacidad tecnológica para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas su formalización.

Este decreto, da continuidad al decreto N° 2165, firmado por el Poder Ejecutivo el 18 de julio de 2024, en cual se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas “el inicio de gestiones de financiamiento, y que en este contexto se llevó a cabo la negociación del borrador del Contrato de Préstamo con el BNDES”.

“El citado proyecto tiene por objetivo general dotar de medios aéreos (aviones) a la Fuerza Aérea Paraguaya, para interceptar vectores aéreos no identificados, con la finalidad de dar cumplimiento a la misión interinstitucional de la Fuerza Aérea que es la de controlar el espacio aéreo conjuntamente con el Sistema Integrado de Vigilancia Aérea, además de cooperar con las demás fuerzas en la lucha contra el narcoterrorismo”, menciona el decreto del Ejecutivo.

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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó en la tarde de este viernes el proyecto de Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La normativa fue sancionada por el Congreso Nacional en octubre pasado, y con la promulgación del Poder Ejecutivo ya se encuentra en carácter de Ley.

“Promulgué la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La Ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía”, expresó el mandatario en su cuenta oficial de X.

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El mandatario también adelantó que solicitó que se realice de manera inmediata el trabajo de la reglamentación de esta nueva ley de control y trasparencia para su puesta en vigencia. “He solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que, a través del Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), se inicien los trabajos para la reglamentación de la Ley de manera participativa con todos los sectores involucrados”, anunció el presidente.

Días atrás, Peña ya había anunciado que estaría promulgando esta normativa, y aseguraba que la misma no cercenará los derechos de ninguna organización, mientras tanto sostuvo que nadie puede estar renuente a los controles.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, fueron las expresiones del presidente en su momento.

Durante el tratamiento en el Congreso Nacional, en primera instancia, la Cámara de Senadores había aprobado el proyecto, en tanto que en el análisis por parte de la Cámara de Diputados fueron incluidas algunas modificaciones. En una segunda vuelta, el Senado aceptó estas modificaciones y finalmente sancionó el proyecto de ley y fue remitido al Poder Ejecutivo.

Esta ley establece que se entiende como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o privados, nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos.

Quedarán excluidos de la normativa aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.

También quedarán excluidos de los alcances de la presente ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.

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