El titular del Sindicato de Profesionales del Instituto de Previsión Social (Sipradips), Sergio Lovera, afirmó que analizan presentar una denuncia ante el Ministerio Público en torno al negociado que se pretende ejecutar en plena etapa de transición de gobierno, consistente en la intención de tercerizar por 10 años el servicio de lavado y planchado de ropas hospitalarias por la suma de 67.000.000 de dólares.
Lovera apuntó contra los miembros del Consejo de Administración de la previsional calificándolos de “delincuentes” tras darse a conocer, el miércoles pasado, la autorización para la realización de la convocatoria, a pesar de las críticas ciudadanas y la presentación de un amparo judicial para frenar el proceso.
“Estos bandidos, delincuentes, miembros del consejo deben ir presos. Nuestra denuncia vamos a derivar a la Fiscalía, nosotros estamos muy seguros que vamos a frenar la licitación. Vamos a fundamentar profesional y documentalmente, tenemos herramientas pertinentes, la carta orgánica del IPS vigente y la Constitución Nacional nada más y nada menos”, dijo el vocero del gremio en el noticiero “Info+”, emitido por el canal GEN/Nación Media.
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“Crimen de lesa humanidad”
Lovera manifestó que aguardarán la contestación de las autoridades del IPS ante el juzgado para luego avanzar en la denuncia. El sindicalista junto al abogado José Duarte, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del IPS, presentaron la medida judicial el pasado martes ante el magistrado Humberto Otazú. “Nosotros habíamos presentado el recurso de amparo fundamentado con base en la carta orgánica de la previsional. Al no responder automáticamente serán procesados todos los miembros del consejo por desacato”, refirió.
La convocatoria fue acelerada llamativamente tras los comicios generales del 30 de abril y se pretende su concreción antes de la asunción del próximo gobierno en agosto. La disposición cuenta con las firmas de Bataglia, Ricardo Vicente Oviedo y Roberto Brítez, miembros del Consejo de Administración, como de representantes del Ministerio de Salud Pública y de los Jubilados y Pensionados.
El gremialista expresó su preocupación bajo el argumento que de concretarse la megalicitación se colocará en riesgo los fondos jubilatorios de la institución. “Cuando se adjudica una licitación por más de 2, 3 o 4 años automáticamente se compromete los fondos jubilatorios, pero esto está prohibido terminantemente. El artículo 25 de la carta orgánica del IPS dice claramente que el uso indebido de los fondos jubilatorios es crimen de lesa humanidad y no prescribe”, sentenció.