La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica la Ley n.º 4457/12, “Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes). Esta iniciativa presentada por varios senadores plantea la modificación de 43 artículos.

Durante su estudio, las comi­siones de Legislación, Econo­mía, Industria y Comercio, así como Ciencias y Tecno­logía recomendaron la apro­bación con modificaciones; y luego de su tratamiento el pleno aprobó por mayoría. El documento pasa a Diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill, uno de los pro­yectistas, explicó que lo que se busca es la formalización de las mipymes, el acceso a créditos favorables, la flexi­bilización laboral y un régi­men especial en el IPS para la cobertura de salud. Res­pecto a la formalización, señaló que se busca simplifi­car los trámites e idealmente eliminar costos. Además, la modificación de la legislación incluirá otros beneficios para las mipymes.

“Realmente estamos ante una ley que va a beneficiar a muchísimos compatriotas, ya existe la ley que es de 2012, pero realmente tiene mucha carga y mucha burocracia”, explicó.

La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 4457/12, “Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Esta iniciativa presentada por varios senadores, plantea la modificación de 43 artículos.

Durante su estudio, las comisiones de Legislación, Economía, Industria y Comercio, así como Ciencias y Tecnología recomendaron la aprobación con modificaciones; y luego de su tratamiento el pleno aprobó por mayoría. El documento pasa a Diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill, uno de los proyectistas, explicó que lo que se busca es la formalización de las Mipymes, el acceso a créditos favorables, la flexibilización laboral y un régimen especial en el IPS para la cobertura de salud. Respecto a la formalización, señaló que se busca simplificar los trámites e idealmente eliminar costos. Además, la modificación de la legislación incluirá otros beneficios para las Mipymes.

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“Realmente estamos ante una ley que va a beneficiar a muchísimos compatriotas, ya existe la ley que es del 2012, pero realmente tiene mucha carga y mucha burocracia. Por ello, nos abocamos con muchos participantes tanto del sector público como del privado, para estudiar sobre la problemática de la informalidad. El presidente de la República ha marcado como uno de sus ejes la formalización de todos los trabajos”, explicó.

Indicó que por ello, se buscó que todos los microemprendedores se adhieran a esta propuestas y puedan colaborar en las modificaciones de la ley vigente. “Trabajamos para convencer a la gente de que la formalización es lo que les va ayudar a levantar, para que puedan emprender y levantar sus pequeñas empresas”, indicó.

El senador Carlos Núñez señaló que en la Comisión de Economía y Cooperativismo han entendido que las modificaciones consensuadas con las demás comisiones de la Cámara Alta permitirán reducir la informalidad, aumentar la competitividad de las Mipymes, crear más empleos y mejorar las condiciones laborales y de ese modo impulsar el desarrollo económico del país.

Agregó, que las Mipymes representan el 98 % de las empresas en el país, de las cuales el 2 % son medianas, el 10 % son pequeñas y el 88 % son microempresas que generan un 60 % de empleos efectivos.

Mientras que la senadora Yolanda Parades destacó el proyecto de ley, considerando que es muy importante para la economía del país. Entre los puntos a ser incluidos destacó como una de las ventajas la exoneración de las patentes en los primeros tres años, para las microempresas con cédulas Pymes.

Luego de las consideraciones de las propuestas de modificación, el plenario procedió a votar a favor aceptando las modificaciones planteadas por las distintas comisiones asesoras.

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“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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La Cámara de Diputados llevó adelante el estudio del proyecto de ley “Que crea el Registro Unificado Nacional (RUN)”. Luego del análisis a los dictámenes en coincidencia, emitidos por las Comisiones de Presupuesto y Equidad Social, el plenario acompañó la aprobación con modificaciones de varios artículos. El proyecto vuelve a la cámara de origen, para que el Senado acepte o rechace las propuestas de modificación, en una tercera vuelta del proceso legislativo.

Esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en Paraguay. Obtuvo una media sanción de la Cámara de Senadores y en la fecha fue analizada por la Cámara Baja, que aprobó de manera general pero con algunas modificaciones en sus artículos.

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La propuesta propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Este nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país y reducción de costos para el Estado.

Durante el debate, el diputado liberal Rodrigo Blanco indicó que si bien acompaña la propuesta, solicita al pleno testar o eliminar el artículo 126, el cual plantea la inscripción de títulos sin certificado de condiciones de dominios. Explicó que de aprobarse esto, sería muy grave, porque arrastraría enormes problemas con los titulares de dominio.

“Si se permite la inscripción del título sin el certificado de dominio, esto puede ser el carnaval. Resulta que si esto ocurre se va judicializar y se va pelear hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, para resolver ese conflicto. Todo esto se puede evitar manteniendo vigente la condición de presentación de la condición de dominio. Por ello, considero fundamental testar este artículo 126″, expresó. Al momento de la votación en particular esta moción fue acompañada por la mayoría y el artículo en cuestión fue excluido de la ley.

El diputado colorado Santiago Benítez, por su parte, resaltó que esta será una oportunidad histórica de modernizar los registros en el Paraguay. Indicó que si bien, muchos cuestionarán un servicio deficiente, considera oportuno apostar a la capacitación, a la organización, a la eficiencia de los que estarán encargados a la aplicación de la ley para llegar a la eficacia.

“Un sistema registral moderno no es solo un instrumento administrativo, sino que es la base sobre la cual una nación construye confianza, seguridad y progreso. Es hora de que Paraguay avance hacia modelos que ya países vecinos como Colombia, Chile, España, implementaron este sistema unificado y es importante para la confianza ciudadana y el desarrollo económico. Por ello expreso mi apoyo y acompañamiento”, indicó.

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