El ministro del Interior, Federico González, se refirió al conflicto de la inseguridad que golpea con fuerza al Paraguay. Al respecto, sostuvo que la responsabilidad no debe recaer totalmente sobre el Gobierno y que la problemática debe ser analizada de manera integral, debido a que hay una serie de componentes en materia de educación, salud, económico y social.

“Paraguay es el tercer país más seguro de Latinoamérica, me tomarán por chiste, que invento, que estoy loco, hay que verificar los índices internacionales, pero eso a mí no me sirve, la percepción es otra”, dijo en una entrevista con la radio 650 AM.

Asimismo detalló que aproximadamente veinte mil jóvenes son adictos en Asunción y setenta mil en el departamento Central y son quienes en gran mayoría comenten los delitos. “Es muy difícil lidiar con ellos. El problema va más allá del ámbito de la seguridad, hay componentes de educación, de salud, económico, sociales, pero lógicamente es el Gobierno que debe poner la cara, es lo que corresponde, así debe ser, pero si queremos soluciones hay que ser realista y no simplemente esconder la basura bajo la alfombra y señalar con el dedo”, indicó.

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González detalló además que otros inconvenientes se centran en la falta de recursos y la burocracia estatal, argumentando que su cartera recibe solo 10 millones de dólares anualmente, cuando lo ideal es contemplar un monto de 200 millones de dólares.

“Señalar con el dedo da gusto y es fácil, pero hay que estar del otro lado para ver qué es lo posible o imposible, qué es lo ideal y cuál es la realidad que uno tiene que administrar, el presupuesto del Ministerio del Interior es de 10 millones de dólares para un año, pero es ínfimo para el organismo que tiene a su cargo la seguridad del Estado. Acá no existe presupuesto, la drogadicción es terrible y es un problema de la sociedad en su condición integral”, comentó.

Añadió que el Ministerio del Interior hace 6 meses que busca adquirir nuevos equipamientos como 100 motos para el Grupo Lince, 160 patrulleras para los agentes de la Policía, 1.500 chalecos antibala y la renovación de 2 sistemas de software que servirán para los casos de homicidios y secuestros, pero que la situación se vuelve difícil a raíz de la burocracia.

“Es importante colocar todos estos elementos sobre la mesa para realizar una evaluación y ver qué podemos hacer, no solo como Gobierno, organismos de seguridad, sino como ciudadanía, que tenemos que corregir como familia, padres, algo estamos haciendo mal, quiero que esto quede picando”, indicó.

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