La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja debatirá en audiencia pública el proyecto de ley “Que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y hechos punibles conexos”. La misma se realizará el jueves 1 de junio, a las 10:00, en la sala de sesiones de Diputados (cuarto piso).
Esta iniciativa dispone que los proveedores del servicio de internet, sean personas físicas o jurídicas, conserven los datos de tráfico de las comunicaciones por un período mínimo de 12 meses a fin de que puedan ser utilizados en el proceso de investigación contra la pornografía infantil.
El proyecto busca específicamente que “estos sujetos obligados proporcionen informes que permitan la identificación del protocolo de internet (IP) del usuario, a requerimiento fundado del Ministerio Público, por medio de sus agentes fiscales, vía juzgado competente, para el entendimiento de causas de pornografía infantil y hechos punibles conexos”, señala parte del documento.
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Denuncias van en aumento
Según estadísticas y datos proporcionados por el Observatorio Criminológico del Ministerio Público, en 2018 se registraron 521 denuncias relacionadas a la pornografía relativa a niños y adolescentes. En 2019 se registraron 960 denuncias, en 2020 un total de 915 denuncias, y en el año 2021 se han procesado un total 2.796 casos.
“Un alto porcentaje de estos casos fueron archivados al no haber posibilidad de identificación de los responsables”, dijo el diputado Rodrigo Blanco, propulsor del proyecto, además de señalar que el número de personas identificadas en estas redes criminales sería muy superior si los proveedores de conexión a internet no ofreciesen el mismo número de IP a diferentes clientes, según encargados de operativos internacionales contra la pornografía infantil.
Las medidas dispuestas en el proyecto buscan dotar al Ministerio Público de herramientas para el cruzamiento de datos, atendiendo a que las unidades especializadas y técnicas no cuentan con estas informaciones que son imprescindibles para la investigación, agrega parte del proyecto.
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Altas multas por incumplimiento
El documento establece además, que las entidades prestadoras de servicios de telecomunicaciones deberán establecer los mecanismos internos correspondientes para adecuar sus instalaciones y procesos, de modo a brindar respuestas prontas y efectivas a los requerimientos a la Fiscalía.
Finalmente, el proyecto señala que el incumplimiento de estas obligaciones previstas será considerado como “infracción muy grave”, por lo que los proveedores serán sancionados con multa de hasta 1.000 jornales mínimos por cada caso, independientemente de la responsabilidad penal.