La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio nacional. Al respecto, el diputado Tito Ibarrola aseguró que, con esta iniciativa, las instituciones pertinentes podrán trabajar interdisciplinariamente para ayudar a los consumidores a rehabilitarse.
Ibarrola explicó que las labores tendrán financiación mediante los recursos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), para el fortalecimiento del Centro Nacional de Prevención y Control de Adicciones, previsto en la Ley N.º 5876/2017, a fin de habilitar más centros de rehabilitación y promover la reinserción social. La vigencia de esta declaración de emergencia nacional y las acciones que de ella deriven será de tres años a partir de la promulgación.
“Esto afecta a los presupuestos propios de cada institución, la Senabico va a poder recibir ayuda de otras instituciones para el cumplimiento de la ley, el presupuesto usado solo será el de las instituciones durante 3 años”, manifestó a la 1020 AM. “Con esta ley se podrían habilitar más centros de rehabilitación en los municipios para poder hacer el seguimiento correspondiente a las personas que lo necesiten”, agregó.
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También expuso que el proyecto obliga a las instituciones a actuar, ya que brinda fuerza a varias de ellas para que sean las coordinadoras de trabajos “y así dar cumplimiento a la ley, también tiene una tarea del parlamentario para realizar el seguimiento correspondiente”.
“Las drogas no solo perjudican a las personas que las consumen. A su alrededor muchas otras personas padecen las consecuencias; las drogas interfieren en la relación con el entorno, la familia, el trabajo y pueden llegar a comprometer seriamente el proceso de aprendizaje”, expresó el legislador durante su intervención en el pleno.
El proyecto establece como órganos de ejecución al Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Esta iniciativa contó con el respaldo de la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), titular de la Comisión de Equidad Social y Género. Ya se encuentra en manos del Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.