A través del decreto N° 9274, el presidente de la República Mario Abdo Benítez, promulgó finalmente la ley que reglamenta el uso y la difusión de lengua de señas paraguaya en todo el territorio nacional, la misma cuenta con 46 artículos.
En la normativa se establecen parámetros para el reconocimiento de intérpretes, así como también de las obligaciones de entidades e instituciones públicas y privadas que brinden servicios públicos o de atención al público así como los actos oficiales dirigidos al público deberán contar con intérpretes de lengua de señas a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva.
Desde la Secretaría de Políticas Lingüística destacaron la importancia de esta promulgación, ya que con esta medida se busca garantizar el acceso a los servicios educativos, sanitarios, judiciales y de comunicación en general para las personas con discapacidad auditiva que según datos del último censo ascenderían a un 8,9% de la población.
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El mencionado reglamento fue confeccionado tras varias reuniones entre organizaciones sociales e instituciones nacionales buscando que la misma sea la más abarcativa posible en cuanto a situaciones de uso y necesidades de la ley, teniendo en cuenta también que su utilización será cada vez mayor.
Por otro lado, desde la comunidad de sordos del Paraguay remarcaron que este paso legislativo es uno muy importante para este sector de la sociedad que ha visto sus necesidades siendo postergadas por muchos años y ahora empiezan a contar con las herramientas adecuadas para su desenvolvimiento de manera integral dentro de la sociedad.
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Opaci considera justa las modificaciones a la ley de patentes vehiculares
El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.
“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.
Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.
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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.
El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.
“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.
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El JEM evalúa endurecer su normativa respecto a la comunicación de sus miembros
La Cumbre de Poderes instó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a realizar cambios en sus normas respecto a las reuniones y comunicaciones privadas entre enjuiciados y los miembros de este organismo extrapoder. La institución plantearía los cambios en su Código de Ética en la próxima sesión ordinaria.
“Tenemos un Código de Ética que se aplica a los directores generales y funcionarios que no pueden hablar con las personas encausadas en el JEM. Yo creo que no habría mayores inconvenientes en que la mayoría del Jurado decida adoptar esa medida, también para los integrantes en el sentido que sean públicas las visitas, el derecho a la defensa garantizado en la Constitución y que se prohíba el contacto directo entre el encausado y el miembro”, expuso el senador Derlis Maidana.
El legislador, representante de la Cámara Alta ante el JEM manifestó que no ve obstáculos en que los miembros apuesten por reforzar sus normativas de modo a permitir una mayor transparencia y que la ciudadanía pueda tener conocimiento sobre el descargo de los jueces, fiscales, defensores, síndicos y todo aquel que tenga una causa abierta en el Jurado.
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“Nosotros tomamos en cuenta esas recomendaciones y las tenemos que analizar como órgano extrapoder creado por la Constitución. Creo que nadie está ajeno en este momento a luchar para trabajar todos juntos y restaurar la credibilidad en el sistema de Justicia en general y en la institución en particular. Esto lo trataríamos el próximo jueves a las 09:30 en sesión ordinaria”, adelantó.
Maidana indicó que aún no se ha dado a conocer el orden del día para la próxima sesión del JEM, no obstante, el debate sobre las adecuaciones a la normativa podría ser abordada dentro del punto “asuntos varios”, debido a que es un tema “candente”, según el propio senador, y que la ciudadanía está a la espera de una respuesta rápida.
“Todas las ideas y propuestas las vamos a estar tocando el jueves. La ciudadanía podrá ver en directo la sesión y va a ver las determinaciones que tomamos sobre este punto en particular. Los tiempos que vivimos nos exigen acciones disruptivas, acciones que cambien el estatus quo que hace rato viene teniendo todo el sistema de Justicia”, aseveró el parlamentario colorado.
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Proceso de transparencia en Paraguay sobre ONG logra repercusión en Perú
El debate, las publicaciones periodísticas, la ley de transparencia para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido valoradas en el plano internacional, específicamente en Perú, país desde donde Rossana Escobar, jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, fue entrevistada este viernes.
“En Paraguay el año pasado fue un escándalo la donación de USD 58 millones que se había administrado en un grupo de ONG”, comentó la periodista, quien señaló que el 2024 fue un año clave en todo lo relacionado a los fondos administrados por las organizaciones sin fines de lucro.
De acuerdo a lo expuesto por Escobar, las investigaciones develaron que estas ONG administraban cifras siderales de dinero provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otras agencias de cooperación bajo la excusa de luchar contra la corrupción a través de diversos proyectos, no obstante, había un esquema donde la mayor parte del dinero era destinado simplemente a salarios y honorarios profesionales.
“Se desmanteló un teatro gigantesco cuando salieron las facturas de cómo cobraban. Estos no son recursos privados como se quieren hacer creer, estamos hablando de una cooperación internacional que viene a nombre del Estado, tenían clanes enteros dentro de las organizaciones, había gente liderando ONG que se candidató en las últimas elecciones”, remarcó.
La entrevista a la periodista experta en investigación fue brindado por la Sociedad de la Libertad, un sitio peruano donde también dieron a conocer que el mismo esquema que estaba montado en nuestro país, también opera en Perú donde existe una fuerte campaña de quienes se oponen a que exista una ley que transparente el manejo de las organizaciones sin fines de lucro.
“Fue una dura lucha, acá había muchísimo temor con respecto a eso, pero acá no hay un solo indígena o campesino beneficiario de esas ayudas humanitarias que hayan salido a manifestarse, todos son miembros de estas ONG que en su mayoría son empresarios y políticos también. Los impulsores de la iniciativa se ganaron una cantidad de tapas de diario, garrotes a través de la prensa”, recordó Escobar.
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Un negocio
La periodista de Nación Media precisó al medio peruano que el escándalo en nuestro país surgió luego de que las investigaciones revelaran que un pequeño grupo de ONG eran los habituales receptores de dinero obtenido a través de la cooperación internacional. Estas organizaciones gozaban de la credibilidad de la ciudadanía por los espacios que recibían en la prensa por ser considerados personas de alto prestigio.
“Toda la plata se fue a honorarios profesionales, es decir, el proyecto que se había firmado era para fortalecer la transparencia, porque esa es la bandera que utilizan en la mayoría de los países, el fortalecimiento de la democracia, de la transparencia, del control ciudadano y la gente cree en eso, sin embargo, lastimosamente es un gran negocio”, expresó.
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Santiago Peña promulga la reglamentación del PGN 2025
El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la promulgación que reglamenta la Ley N.° 7408/2024, la cual aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025. El anuncio se dio luego de la reunión mantenida con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, en Mburuvicha Róga, donde le presentó el documento reglamentario.
Al respecto, el jefe de Estado aseguró que se ha puesto en vigencia un presupuesto que pone especial énfasis en la protección social de los compatriotas más vulnerables para que ningún paraguayo quede atrás. Al respecto, el mandatario también había resaltado que este presupuesto 2025 es el resultado de un trabajo conjunto con el Congreso, que ha puesto especial énfasis en la protección social.
Mediante la promulgación de la ley reglamentaria se establecen las normas y los procedimientos para la ejecución adecuada del plan de gastos e inversiones previsto para el ejercicio fiscal 2025.
Cabe recordar que el PGN 2025 aumenta la inversión en sectores prioritarios para el Poder Ejecutivo como lo son salud, educación, seguridad y atención a grupos vulnerables. En total está estimado un incremento del 77% para estas áreas, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los principales incrementos de programas de atención a grupos vulnerables corresponden a “Hambre Cero en las Escuelas”, que llevará el servicio de alimentación escolar al 100 % de los distritos, y a la Ley de Pensión Universal para Adultos Mayores. Para Hambre Cero se tienen asignados USD 185 millones y para la pensión a mayores de 65 años USD 42 millones.
Entre las modificaciones del Senado, y sancionadas por el Congreso, se incluyen aumentos para el Ministerio de Salud, de unos USD 25 millones, para la compra de medicamentos oncológicos, y de G. 895.000 millones para la habilitación de los nuevos hospitales de Coronel Oviedo y Encarnación.
Para el área de seguridad, el Ministerio del Interior recibirá más de USD 70 millones en su presupuesto para cubrir la incorporación de cerca de 5.000 nuevos agentes egresados en el mes de diciembre, y de más de 4.100 para el 2025.
Para viviendas, se asigna un presupuesto de 985 mil millones de guaraníes, con el objetivo de proporcionar 8.101 soluciones habitacionales.
Asimismo, se alinea con el Plan de Convergencia Fiscal del Gobierno, estableciendo un déficit fiscal del 1,9 %. Esta medida busca mantener el equilibrio macroeconómico y garantizar el manejo ordenado y controlado de las cuentas y el gasto público.