En la mañana de este lunes miembros de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad se aglutinaron frente al Congreso Nacional con el fin de exigir la sanción del proyecto que plantea otorgarles una pensión equivalente a 25 % del salario mínimo, que representaría actualmente la suma de G. 699. 557.

La iniciativa va dirigida exclusivamente para los adultos mayores que posean discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada. Pese a los reclamos, el documento presentado en noviembre del 2023, que ya cuenta con la media sanción de Diputados, no figura en el orden del día para su estudio en la sesión ordinaria del Senado prevista para este miércoles.

No obstante, el senador Natalicio Chase sostuvo que cualquiera de sus colegas posee la atribución de solicitar el tratamiento del proyecto en el estadio de sobre tablas. No obstante, el legislador indicó que persiste la tendencia al rechazo.

“La postura inicial del Senado fue el rechazo, seguramente será la misma y se requerirá de 30 votos. Al principio no hay un cambio, teniendo en cuenta las manifestaciones desde el Ministerio de Economía y Finanzas que refiere que es insostenible la aplicación de este proyecto de ley porque no está estudiado a cabalidad”, mencionó tras finalizar la reunión de la mesa directiva de la cámara.

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Chase explicó a la vez que la citada cartera estatal no participó en la elaboración y discusión de la iniciativa legislativa. Agregó que de concretarse este paso, se podría impulsar un nuevo proyecto con mejores estudios técnicos para luego aprobarlo.

Ante esta situación, los manifestantes alegaron que permanecerán en las inmediaciones del Congreso de manera indefinida como medida de fuerza hasta lograr la sanción del proyecto. A la vez no descartan tomar medidas de fuerza más duras, como una huelga de hambre en caso de que sus reclamos no sean atendidos.

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El abogado y analista económico Víctor Pavón, en su espa­cio habitual en el programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media habló sobre el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional (RUN), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. El analista sostuvo que es de suma importancia sancio­nar esta normativa lo más pronto posible, ya que aún debe pasar por la Cámara de Diputados.

“El Registro Unificado Nacional es una mues­tra histórica de una movida reformista que se lleva a cabo durante este gobierno, justamente con el Poder Judicial, y ojalá lo apruebe cuanto antes el Congreso, porque va a emitir una señal toda­vía mucho más cierta de cómo tenemos que traba­jar para hacer del Paraguay un país cada vez más desa­rrollado”, expresó.

Pavón destacó que se trata de un proyecto que se trabajó conjuntamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aten­diendo a que existen pro­blemas graves que tienen que ser solucionados, con relación al catastro, agri­mensura, registros públi­cos y una superposición de títulos de propiedad, que cuenta con un alto grado de tramitología que lleva finalmente a la cultura del trámite y la coima.

“Fue presentado en su momento por el Poder Eje­cutivo con un trabajo muy interesante con el Poder Judicial, lo cual habla muy bien del esquema colabo­rativo que se da dentro de estos dos poderes del Estado. Presentan un pro­yecto de ley al Congreso, y le dicen en este caso a los congresistas tenemos que llevar a cabo esto porque lo problemas que estamos teniendo son tan graves que deben ser soluciona­dos”, señaló.

Los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública del Senado socializaron juntos a autoridades del Poder Ejecutivo la iniciativa de reforma del Servicio Civil. El documento fue presentado por el gobierno de Santiago Peña el pasado 16 de setiembre, tras un diálogo abierto con diversos sectores de la sociedad.

Su tratamiento en el pleno se prevé en la quincena del mes de noviembre, iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la Función Pública, entre otros aspectos. “Esta es una ley que necesitamos para ordenar la función pública, para dar garantías al funcionario público, no se trata de sacarle sus derechos adquiridos”, comentó Zacarías.

Asimismo, el parlamentario acotó: “Esta iniciativa servirá para que el ciudadano pueda hacer una carrera pública conforme a sus méritos, sus actitudes, capacidades”. Participaron del encuentro Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanza, Mónica Recalde, ministra del Trabajo, Marco Aurelio González Maldonado, procurador general de la República y Andrea Mercedes Picaso, viceministra de Capital Humano.

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También fue convocado al debate Luis María Benítez Riera, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por otra parte, Zacarías indicó que hasta la próxima semana la comisión que encabeza estará recibiendo las sugerencias de modificaciones al proyecto ejecutivo que puedan ser planteadas por los gremios, asociaciones, sindicatos, estamentos públicos, senadores y diputados.

“Queremos sacar un proyecto de ley que otorgue seguridad jurídica para todos, tanto a quienes quieran ser funcionarios públicos y a los que son funcionarios públicos. Esto es muy necesario para la república del Paraguay”, refirió.

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El abogado y analista económico, Víctor Pavón, en su espacio habitual en el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media habló sobre el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional (RUN), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. El analista sostuvo que es de suma importancia sancionar esta normativa lo más pronto posible, ya que aún debe pasar por la Cámara de Diputados.

“El Registro Unificado Nacional es una muestra histórica de una movida reformista que se lleva a cabo durante este Gobierno, justamente con el Poder Judicial, y ojalá lo apruebe cuanto antes el Congreso, porque va emitir una señal todavía mucho más cierta de cómo tenemos que trabajar para hacer del Paraguay un país cada vez más desarrollado”, expresó.

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Pavón destacó que se trata de un proyecto que se trabajó conjuntamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, atendiendo a que existen problemas graves que tienen que ser solucionados, con relación al catastro, agrimensura, registros públicos y una superposición de títulos de propiedad, que cuenta con un alto grado de tramitología que lleva finalmente a la cultura del trámite y la coima.

“Fue presentado en su momento por el Poder Ejecutivo con un trabajo muy interesante con el Poder Judicial, lo cual habla muy bien del esquema colaborativo que se da dentro de estos dos poderes del Estado. Presentan un proyecto de ley al Congreso, y le dicen en este caso a los congresistas tenemos que llevar a cabo esto porque lo problemas que estamos teniendo son tan graves que deben ser solucionados”, señaló.

Agregó que, si se quiere atraer más inversión y otorgar seguridad jurídica, se debe “destrabar esta cuestión”, por lo que el proyecto de ley con media sanción del Senado debe tener su trámite sin mayores dilaciones en Diputados para su aprobación.

“Lo que se pretende es precisamente unificar tres órganos estatales relacionados específicamente a la seguridad jurídica al sector inmobiliario y lo que se busca es precisamente crear un mejor ambiente de negocios para que de esa manera las empresas puedan propiciar las inversiones, y crear puestos de trabajo. No hay excusas para que este proyecto no sea aprobado”, sentenció.

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