Teniendo en cuenta los incidentes que se han suscitado en nuestro país desde el lunes pasado hasta la fecha a raíz de acusaciones de dirigentes políticos de un supuesto fraude electoral y que para demostrarlo emplazan al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a que sea abierto el cuarto sobre, en el que quedan guardados los boletines destinados para dicho proceso, el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) emitió un comunicado al respecto.
“El Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay insta a los partidos, movimientos, actores políticos y ciudadanía en general, a respetar el proceso electoral en marcha, a presentar los reclamos de manera pacífica en las etapas y por los medios pertinentes; y a aguardar vigilantes el resultado de las elecciones, conforme al juzgamiento de las actas, del que resultarán proclamadas las autoridades electas en los últimos comicios generales”, reza parte del comunicado.
En el documento también detallan que todo el proceso electoral de nuestro país se rige por mandatos y normas constitucionales y legales, remarcando que la legislación que regula los procesos electorales establece que dichas etapas tienen plazos perentorios e improrrogables y que deben ser respetados, así también hacen referencia a que el control de la cantidad de boletines de votos emitidos válidamente, es trabajo exclusivo de los miembros de mesa y debe realizarse en el mismo día y en el mismo recinto donde fueron realizados los comicios.
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“En el sistema electoral paraguayo no existe la figura del recuento de votos posterior al escrutinio, cuyo resultado se halla estampado en las respectivas actas electorales; la etapa que legalmente corresponde llevarse adelante es la del juzgamiento de la validez de las respectivas actas de mesa. Cualquier tipo de cambio al sistema electoral requiere de una modificación legislativa o en su caso, constitucional”, subraya en otro párrafo el documento emitido por la CAP.
El manifiesto finaliza recordando a la ciudadanía en general que la República del Paraguay es un Estado social de derecho, en el que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce según lo dictado dentro de la Constitución Nacional, motivo por el cual el respeto a las leyes es fundamental para preservar la democracia y el orden.
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