La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo afirmó que el Código Electoral no contempla la posibilidad de hacer un nuevo escrutinio y señaló que de las 8000 actas juzgadas, apenas 12 fueron impugnadas. Además, recordó que el momento de manifestar incidencias sobre posibles irregularidades es en la mesa de votación, dado que las actas son el único documento válido.
“De acuerdo con como está la ley, no se puede hacer un nuevo escrutinio”, explicó la legisladora en contacto con el programa “Cuenta final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media. “He vivido este proceso y acá el acta que surge, mata papel”, refirió y aclaró que lo que no se reclamó en la mesa, ya no se puede hacer con posterioridad.
Vallejo señaló que acompañó el proceso de fiscalización el domingo 30 de abril, desde la constitución de las mesas hasta el conteo de votos. Recordó que durante la jornada de elección es cuando se deben manifestar incidencias en caso de que se den irregularidades como uso del voto asistido o carga de votos.
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“El PPQ en las internas de diciembre denunció la carga de urnas, hay gente imputada por eso, la autoridad principal ese día es la mesa, entonces ahí vos como partido tenés la oportunidad de tener a tu veedor y apoderado”, manifestó.
Miembros de la Misión de la Unión Europea manifestaron que no recibieron denuncias concretas respecto a irregularidades ocurridas en el día de las elecciones. “Debemos preservar el proceso y si hay irregularidades, presentarlas y yo voy a acompañar como siempre lo he hecho”, instó la diputada, quien cuestionó que se afirme sobre supuestos fraudes sin presentar nada en concreto.
“El artículo N.° 222 del Código Electoral dice que las operaciones de escrutinio se realizarán en el mismo sitio que tuvo lugar la votación, en un solo acto ininterrumpido, no habla en otra parte de la ley de volver al escrutinio, que es lo que se está pidiendo”, ratificó y afirmó que acompañó el proceso de votación y escrutinio en 15 locales electorales, en los que constató que hubo control cruzado entre miembros de diferentes organizaciones políticas.
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Ejecutivo dará participación a todos los sectores para reglamentar ley de transparencia
El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.
“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.
En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.
Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.
“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.
Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.
Cubrir una zona gris
Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.
“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.
El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.
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Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción
El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.
Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.
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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.
Cumplimiento de tratados
“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.
Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.
“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.
Modalidades
Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.
“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.
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“No existe ninguna ley mordaza”, dice diputado sobre modificaciones al Código Electoral
La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar este martes 19, las modificaciones al Código Electoral en cuanto a las inscripciones automáticas. El diputado José Rodríguez, proyectista de la iniciativa, aclaró que no es cierto que se quiera cercenar el derecho a votar a los que están en el extranjero, sino que el objetivo es tener un padrón depurado.
“No hay grandes modificaciones, la inscripción automática va a seguir para los que cumplan 18 años de edad. La Justicia Electoral se va a encargar de las inscripciones vía web y a través de los servicios consulares con representación diplomática para los que están en el extranjero, no hay que tener miedo, todos van a poder votar, la gente que quiera inscribirse va a poder hacerlo. No existe ninguna ley mordaza y todos van a tener derecho al voto”, sostuvo.
En contacto con La Nación/Nación Media, el legislador explicó los inconvenientes que genera la ley actual y en este sentido precisó que actualmente existen 750.000 que no forman parte del registro cívico permanente, pese a que en el artículo N.° 2 de la ley electoral está establecido que todos los paraguayos deben formar parte del mismo.
“Por lo visto nunca les interesó formar parte y ni siquiera votan, eso va en detrimento del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Estado paraguayo porque eso demanda más locales de votación, más máquinas, se tienen que habilitar más mesas y todo eso demanda un presupuesto enorme”, expuso Rodríguez.
En cuanto a los compatriotas en el extranjero, de los 41.000 paraguayos que residen en otros países, en las últimas elecciones solo votaron 7.000. “Eso representa apenas el 18 %, pero el gasto es tremendo, queremos hacer una depuración correcta del registro cívico permanente”, recalcó el diputado de Honor Colorado.
Este proyecto fue analizado en la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado, y tras las explicaciones del alcance de esta iniciativa, este órgano partidario recomendó a las tres bancadas acompañar con el voto. De acuerdo a lo manifestado a La Nación, por el apoderado general Wildo Almirón, los bloques estuvieron de acuerdo en dar el visto bueno a estas modificaciones.
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Con ley de Transparencia de ONGs ponen el ojo en millonarios fondos para excelencia de la educación
El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.
- Unidad de Investigación Nación media
“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.
¿Qué es el FEEI y cuál ha sido su impacto?
El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.
Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.
Educación en crisis
A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.
Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
El desafío de la transparencia
El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.
El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.
Un tema de interés nacional
La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.
El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.