El Poder Ejecutivo promulgó un decreto por el cual se establecen los parámetros generales para apuntar a una mayor racionalidad del gasto público en la programación, formulación y presentación de anteproyectos que serán la base para la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2024. Esto teniendo en cuenta los objetivos de la política económica, sostenibilidad de las finanzas públicas y las estrategias de desarrollo.
En ese sentido, el gasto público deberá mantenerse en equilibrio con la capacidad de generación de recursos fiscales, en un contexto de racionalidad y austeridad en la planificación de los recursos disponibles. Desde el Ministerio de Hacienda remarcaron que las instituciones deberán realizar un análisis profundo y priorización en la distribución de los créditos presupuestarios que permita atender las prioridades del Gobierno, sin afectar la eficiencia de los bienes y servicios a ser proveídos.
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Entre los principales puntos que las instituciones deberán tener en cuenta al momento de la planificación, programación y elaboración de sus planes institucionales, se encuentran las prioridades definidas por el Gobierno Nacional para el PGN 2024, entre las cuales están: educación, salud, seguridad, protección social, conectividad e inversión pública.
Con el decreto promulgado también se pretende dar continuidad a las medidas de austeridad que el Poder Ejecutivo viene impulsando desde hace varios ejercicios fiscales en diversos rubros presupuestarios. Servicios personales, protocolo y ceremonial; servicios de catering, textiles y vestuarios; adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas en general, entre otros, que constituyen solo algunos de los aspectos sobre los cuales se pretende priorizar la política de austeridad.
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Además, los organismos y entidades del Estado deberán programar el Presupuesto Plurianual 2024-2026, a los efectos de considerar la sostenibilidad de las políticas públicas en el mediano plazo. Asimismo, con la entrada en vigencia de la ley de suministro y contrataciones públicas, se incorporan previsiones regulatorias en materia de programación y formulación presupuestaria.
Esto servirá como línea de base para una implementación progresiva de la ley, conforme a las etapas de la cadena de suministro, que inicia con la planificación de necesidades y la programación presupuestaria.