En la sesión extraordinaria de este miércoles, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que establece la gratuidad de la expedición del certificado de antecedente policial y judicial”. Esta ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores, ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto tiene como objetivo exonerar el pago por la expedición del certificado de antecedente policial y judicial a las personas desocupadas; expedidos por la Dirección General de Identificaciones de la Policía Nacional y el Poder Judicial.
La propuesta había sido presentada por el senador Derlis Osorio, quien había referido en su momento que los certificados emitidos por estas entidades deben ser gratuitos para todos, con el fin de beneficiar a la ciudadanía.
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Sin embargo, el proyecto aprobado establece que beneficiará a las personas en situación de desocupación, debidamente comprobada, a través de la calificación y certificación expedida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Actualmente, la expedición de estos certificados cuenta con costos para todos los ciudadanos, sin distinción alguna, G. 24.500 y 39.236, respectivamente.
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Violencia contra la mujer: creación de juzgados especiales podría ser sancionado este año
La diputada Dalia Estigarribia indicó que el proyecto que pretende crear juzgados para atender casos de violencia contra la mujer ya podría ser sancionado este año. Esta iniciativa busca la creación de juzgados especiales para descomprimir a los juzgados de paz.
“Este proyecto ya tiene una media sanción de Senadores, está dentro de la Cámara de Diputados, ya tiene dictamen favorable de dos comisiones, una es la Comisión de Niñez y la Adolescencia y la otra es Legislación. (…) Yo creo que este año ya va ser aprobado este proyecto”, apuntó en entrevista para el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La diputada indicó que en consideración al aumento de los casos alarmantes de violencia contra la mujer, además de las víctimas colaterales, el objetivo de este proyecto es la creación de nuevos juzgados que sean especializados para estos casos.
“Este proyecto básicamente expone de que en este momento los casos de violencia familiar son tratados en los juzgados de paz, pero estamos hablando de casi 34.000 casos al año y están sobrepasados los jueces de paz, están sobrecargados, entonces no hay una acción positiva”, explicó.
Estos juzgados tendrán a su cargo atender exclusivamente todos los casos que tengan que ver con la violencia contra la mujer, como así también los casos de víctimas colaterales, hijos o personas dependientes de las víctimas en hechos de feminicidio.
Proyecto
“Teniendo en cuenta los casos de violencia familiar excesivos, este año tenemos 27 casos de feminicidio, 58 víctimas colaterales que serían los huérfanos o personas dependientes de estas víctimas, y este proyecto lo que busca es crear fueros especializados para tratar todos los casos de violencia contra la mujer y también actuar en casos donde los hijos, hijas o personas dependientes de la víctima se encuentran en peligro”, mencionó.
Detalló además que se trata de un gran proyecto, que va tener su tiempo, y en principio proyectado para que haya tres juzgados en capital, cuatro en Central, uno el Alto Paraná, y después de acuerdo al presupuesto, uno en cada cabecera departamental. “Lo bueno de estos juzgados, que además de tratar la violencia física, psicológica o patrimonial, se va contar con profesionales que serían psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales integral, que se trate en un solo lugar”, sentenció.
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Comisión de Diputados aconseja aprobar la elevación del cálculo de jubilación en IPS
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).
Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.
La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.
Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.
El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.
A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.
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De arbitraria e injusta, califica Latorre la orden de captura al primer ministro de Israel
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, expresó su repudio a la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El legislador calificó la orden de arbitraria e injusta.
“La arbitraria e injusta decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de captura contra el primer ministro de Israel Netanyahu igualando a un estadista que defiende a su pueblo con los terroristas que lo atacan es un recordatorio más de la grave crisis por la que están atravesando los organismos multilaterales”, refirió a través de su cuenta oficial de X.
Mientras tanto, el diputado también expresó su solidaridad con Israel y Netanyahu, teniendo en cuenta la buena relación diplomática y de amistad con Paraguay. “Nuestra solidaridad con la hermana nación de Israel y con su primer ministro”, manifestó.
Medios internacionales informaron este jueves sobre la decisión de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el funcionario de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri.
En un comunicado, la CPI declara que tenía motivos razonables para creer que el primer ministro de Israel “es responsable penalmente de crímenes de guerra como la inanición como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.
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Presidente de Diputados busca fortalecimiento de la trasparencia y eficiencia institucional
Con el objetivo de definir medidas para el fortalecimiento y mejorar los resultados del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (Mecip), el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, llevó adelante una reunión estratégica con sus colaboradores y encargados de la implementación de este control. “Hemos logrado un cumplimiento del 100% en los indicadores más importantes, lo que nos ubica como líderes en transparencia y efectividad en la gestión pública”, apuntó el titular legislativo.
Este modelo es considerado clave para la transparencia y eficiencia institucional, permitió posicionar a la cámara como líder entre las instituciones públicas. En esta reunión, la dirección de comunicación de Diputados informó que, “se revisaron las estrategias de planificación, proyección y ejecución de procesos, destacándose la importancia del Mecip como herramienta de control y transparencia administrativa”.
Se destaca además que la Cámara Baja, como institución logró alcanzar el puntaje máximo en la evaluación de la Contraloría General de la República (CGR) este año, con un índice de 3,37 puntos, siendo el puntaje máximo de 5,0, consolidando a la institución como un referente en cumplimiento y transparencia, marcando un retorno a los puestos de privilegio tras años de esfuerzo.
De acuerdo al último informe, refiere que el modelo Mecip, que está siendo implementado desde el 2015, evolucionó significativamente en Diputados. “El sistema de control interno, evaluado en componentes como Ambiente de Control, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora, ha permitido identificar y subsanar deficiencias, garantizando así un uso adecuado de los recursos públicos y fomentando la excelencia administrativa”, refería este informe.