El proyecto de ley para reducir la carga horaria en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales, ya fue presentado por el senador José Oviedo ante la Cámara de Senadores. Existen varias posturas dispares al respecto, unas en contra y otras a favor, como la senadora Esperanza Martínez.

La legisladora sostuvo que ya es el momento de analizar la situación del sistema de trabajo en el país, y adelantó que conversará con su colega, el senador Oviedo para plantear incluir algunos puntos.

Podes leer: Peña en Concepción: “Mi obsesión es concentrarnos en los paraguayos más humildes”

“Hay que reconocer que esta es una tendencia en todas partes, hay varias experiencias que se están haciendo, y como idea comparto con el senador Oviedo, es más, yo quería conversar con él porque hay algunos temas, con otras leyes que tienen que ser tenidas en cuenta para la aplicación posterior”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.

Agregó que se debe implementar una mesa de trabajo para el debate de esta propuesta en el que estén involucrados todos los sectores, desde los empleadores hasta los sectores de trabajadores, para establecer acuerdos previos al tratamiento de la propuesta en el Senado.

“Creo que hay que hacer una mesa de trabajo, tanto con el sector empleador como con los trabajadores y ver las modalidades de aplicación y la factibilidad de aplicación, pero de que estas medidas son efectivas en todas partes del mundo y más todavía en este momento en que la calidad de trabajo en Paraguay es mala y necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores”, apuntó.

Agregó que es necesaria la revisión del sistema de trabajo, teniendo en cuenta que actualmente existe dificultades en el pago del salario mínimo, la seguridad social, la informalidad, y principalmente en la distancia entre el empleo y la residencia de los trabajadores.

Leé también: Horas de trabajo debe adaptarse a la realidad local, dice senador y rechaza propuesta de reducción

Los senadores Dionisio Amarilla de la oposición y Lilian Samaniego de Asociación Nacional Republicana (ANR), se instalaron en la ciudad de Montevideo con el objetivo de observar el desarrollo de los comicios generales del Uruguay. Para elegir al sucesor del presidente Luis Lacalle Pou, fueron habilitados un total de 2,7 millones de votantes.

También se desempeñó como observador de las elecciones el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González. Las misiones de observación tienen como finalidad intercambiar experiencias con observadores de diversos países en relación a los procesos electorales y las buenas prácticas democráticas.

En estas elecciones generales los ciudadanos uruguayos no solo eligen al presidente y vicepresidente de la República, sino también a 30 integrantes de la Cámara de Senadores y 99 representantes de la Cámara de Diputados para el periodo 2025-2030.

Lea también: Informe pericial confirma perjuicio sobre obra inconclusa en San Juan Bautista

Entre los 11 aspirantes al cargo de mandatario, la disputa en las urnas se centra entre Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, Álvaro Delgado, del gobernante Partido Nacional y Andrés Ojeda, del Partido Colorado. Los locales de votación estarán abiertos hasta las 19:30.

Asimismo los uruguayos deberán sentar posicionamiento sobre dos propuestas de referéndum. El primero propone bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años y prohibir los regímenes privados de pensiones y el segundo plantea permitir allanamientos nocturnos.

Te puede interesar: Segunda fase de la defensa costera genera gran expectativa en pilarenses

La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formal­mente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brí­tez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indaga­ción sobre la entidad banca­ria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informacio­nes a las que accedieron perio­distas de la radio 1020 AM, de fuentes judiciales, existi­ría una intención de apriete político debido a que el banco privado inició acciones lega­les para proceder al cobro de millonaria deudas impa­gas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 AM señala el escanda­loso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influen­cias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedren­tar a ueno bank, para evi­tar cumplir con sus compro­misos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha rea­lizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos que señala que el 26 de junio de 2023, la entonces Finan­ciera Ueno SAECA (actual­mente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Óscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; con base en el pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, ade­más, que durante la trami­tación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de fal­sedad”, alegando que las fir­mas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pen­diente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir, que las fir­mas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá anali­zarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concer­tación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación cre­diticia, en calidad de codeudor solidario.

La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.

Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.

Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.

Siga informado con: Sector liberal busca “un nuevo Mesías” para guiar a la oposición, dice diputado