El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, confirmó que se tienen claros indicios de presunto enriquecimiento ilícito de Luis Paciello, yerno del senador Fernando Lugo. No solo existen inconsistencias en sus movimientos financieros, también existen varias omisiones de bienes que no fueron declaradas ante los entes de control del Estado.
“En ese caso hay un incremento patrimonial no sustentable. No existe correspondencia entre sus ingresos y egresos y varias omisiones de acciones. Hay un indicio de enriquecimiento ilícito que está a cargo del Ministerio Público profundizar”, señaló Torres en contacto con la radio 680 AM.
Indicó que, según los datos cruzados que emergen del sistema de verificación informática, no existe equilibrio entre el deber y haber de su contabilidad. Una de las omisiones de Paciello se refiere a las acciones en tres empresas, en las que figura como socio y representante legal, con un total de G. 5.050 millones en efectivo de capital integrado.
Lea más: Jóvenes marcarán una tendencia determinante en las elecciones, opina legislador
Por otro lado, según información de Tributación, filtrada a los medios, se menciona que entre algunos de los bienes que no tienen justificación, en relación a sus ingresos, están dos departamentos en Asunción (valuados en US$ 100.000 cada uno), otra en la ciudad de San Bernardino, además de un millonario depósito de dinero en una cuenta corriente.
Las declaraciones juradas y el examen de correspondencia de Paciello fueron remitidas por la Contraloría el 25 de octubre del 2020, a la Unidad Penal Nº 8 especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Pero, la causa no avanzó pese a que las instituciones de control, incluida la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), alertaron de sospechas de eventuales delitos como lavado de dinero.
Asimismo, el 22 de mayo del 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) también remitió informes a la Fiscalía, informes sobre las irregularidades y el origen dudoso de los recursos para crear empresas, halladas tras un cruce de datos con la SET.
Lea también: El partido se enfrenta a una estructura mediática, afirma Harms
Dejanos tu comentario
Contraloría y Diputados debatieron sobre proyecto anticorrupción
Este lunes el contralor general de la República, Camilo Benítez, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y otros parlamentarios para analizar el tratamiento del anteproyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El contralor explicó que se trata de una de las iniciativas que tiene la estrategia nacional de combate a la corrupción en el sistema público.
“Hace un año fue suscripto por todos los poderes del Estado y los organismos extrapoder, este es uno de los elementos para la Contraloría más importante, que es tratar de complementar el enfoque que tenemos en la lucha contra la corrupción y cumplir con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, expresó tras la reunión en la Cámara Baja.
Podés leer: Centrales obreras piden al Senado postergar estudio de la reforma del Servicio Civil
Benítez indicó que el objetivo no es tratar de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado, en materia de integridad y prevención, en el cual existe una disparidad, de acuerdo al contralor. Además se establece criterios para transparentar la administración pública, criterios para el acceso a la función pública, ya que no existe un criterio unificado.
“Nosotros creemos que a través de esta ley se podría trabajar con todos los poderes del Estado para que exista una ley unificada. Nosotros fuimos lo que propusimos en esta mesa de diálogo que se había conformado”, apuntó.
Esta normativa también regula el Centro Nacional de Denuncias de corrupción contra funcionarios públicos. “Todos los principios mundiales en materia de denuncias contra la corrupción dice que el órgano que debe administrar esta denuncia debe ser independiente de las personas a quienes se le denuncia”, de acuerdo a la explicación del contralor.
Por otra parte, Benítez resaltó que la postura de la Contraloría es que una secretaría anticorrupción que dependa del Poder Ejecutivo, que forme parte del gabinete del Poder Ejecutivo, mal podría administrar este portal de denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo.
“Por eso decíamos en su momento que debería ser la contraloría, que es un órgano constitucional, un órgano independiente, autónomo y distante al poder administrador y los otros poderes del Estado, quien administre este portar de denuncias”, sentenció.
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja indicó que existe un fuerte compromiso de llevar adelante este proyecto. “Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Compartimos una reunión sobre la Ley de integridad, que busca fortalecer las capacidades del Estado de lucha contra la corrupción y la impunidad, con la presencia del contralor general de la República”, aseveró.
Te puede interesar: Elecciones partidarias del PLRA están garantizadas, afirmó diputado
Dejanos tu comentario
Preocupa intento de desestimar causa de deuda del IPS en administración de Bataglia
El caso elevado al Ministerio Público por parte de la Contraloría acerca de la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) a proveedores, que llega a más de G. 1 billón, durante la administración de Vicente Bataglia, designado por el expresidente Mario Abdo Benítez, podría ser archivado. Los fiscales que investigan esta causa solicitan la desestimación alegando que la Fiscalía sí recibió los documentos por parte de la previsional, mientras que la CGR afirma que no tiene conocimiento sobre tales documentos.
Para hablar sobre esta situación, el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Dario Ortega, y el jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica de la previsional, Edgar Giménez, participaron del programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El director jurídico de la Contraloría explicó cómo se dio la auditoría que se inició ya a finales del 2022 y las trabas que puso el IPS para no brindar los detalles y las documentaciones de la deuda al órgano contralor. El informe que elevaron al Ministerio Público en su momento habla de un posible daño patrimonial.
“Es un tema ya remanido que venimos hablando hace un tiempo, pero conviene recordar, pues va ser el sustento de nuestra objeción, o la falta de concordancia que tenemos con la Fiscalía para haber arribado esa conclusión. Tengo que decir que esta es una auditoría financiera y de cumplimiento llevada a cabo por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2022″, explicó.
Podés leer: Pensión para adultos mayores apunta a ser más que una simple transferencia monetaria
Agregó que se habla de un monto de G. 1 billón, equivalentes a más de USD 100 millones de dólares, y que la Contraloría encontró una observación que primero trató de averiguar en el propio IPS, pero la previsional mintió. Esto tenía que ver con una falta de composición de saldo pendiente de pago a proveedores.
“Nosotros iniciamos la auditoría en el 2022, finales del 2022 y se prolonga hasta julio del 2023, durante ese un año nosotros recibimos evasivas, las evasivas hicieron que tengamos que iniciar una acción judicial, luego de la acción judicial vinieron los camionazos (de documentos), pero incluso ahí encontramos falta de cooperación por parte de IPS y mentiras”, explicó.
Contradicciones de la Fiscalía
El director jurídico de la Contraloría indicó que no se cuentan con los documentos respaldatorios de la composición de saldo, a pesar de la insistencia y varias acciones no se han remitido los documentos respaldatorios de la deuda. La conclusión de la CGR ante esta observación fue que no se puede emitir una opinión razonable sobre el estado contable.
“En materia de auditorías, no solamente en Paraguay, en el mundo, concluir así lleva consigo una sospecha de fraude, porque si un ente obligado a llevar una contabilidad limpia, y no lo tiene, algo raro está pasando”, apuntó Ortega.
Sin embargo, el planteamiento de la desestimación de la Fiscalía se sustenta que la institución sí recibió tales documentaciones. “Entonces nosotros le remitimos eso a la Fiscalía, eso y otros puntos, ¿y dónde está ahora nuestro descontento con la Fiscalía? que para sustentar la desestimación de esta observación dice que la Fiscalía sí pudo obtener la conciliación y sí pudo tener facturas de pago relativas a los fondos obtenidos en virtud a la ley 7037″, expresó.
Reunión con el fiscal general
Por su parte, Edgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, dio detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En este encuentro participó el equipo jurídico del Instituto de Previsión, también las autoridades de la parte contable, de auditoría y también asesores externos de la previsional, además del director jurídico, en relación a este caso.
“Manifestamos nuestras preocupaciones, le hicimos saber las incoherencias, las contradicciones que tenían los argumentos del requerimiento fiscal y también le manifestamos la preocupación en relación al equipo de trabajo que está llevando a cabo las investigaciones del IPS”, dijo Giménez.
Mientras tanto, el fiscal general se comprometió con una colaboración entre instituciones, seguir con las investigaciones y cumplir con todas las diligencias en el marco de esta causa.
“Se manifestó a rasgos generales, también nos manifestó su intención de colaborar más que nada entre instituciones, eso es lo que nos dijo y que va a tratar de conformar un equipo de trabajo en relación a las causas del IPS para poder llevar adelante las investigaciones y cumplir con todas las diligencias que se solicita por parte del IPS, que participa como víctima en estos casos”, dijo Giménez.
Te puede interesar: SNJ destacó capacitación juvenil en liderazgo
Dejanos tu comentario
Creación del Consejo Nacional Anticorrupción, punto clave en la próxima sesión de Diputados
La Cámara de Diputados estudiará el próximo martes 12 de noviembre en su sesión ordinaria el proyecto del Ejecutivo a través del cual se pretende establecer el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, a fin de sentar las bases para una gestión pública sólida, sustentada en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía.
El documento que figura en el punto 13 del orden del día, ya cuenta con media sanción del Senado y posee sanción ficta para el próximo 1 de abril del 2025. La iniciativa prevé la creación del Consejo Nacional Anticorrupción y dispone que los bienes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pasen a integrar la Contraloría General de la República (CGR). De esta manera la institución que dependía del Ejecutivo se convertirá en un ente autárquico bajo la subordinación del órgano extrapoder.
A la vez establece que el citado consejo estará conformado por los tres poderes del Estado; un representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un representante de cada cámara del Congreso Nacional; el Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la Contraloría.
Lea también: Caso Gomes: fiscal adjunta afirma que aún no es escenario para formular imputaciones
También se estipula en la propuesta que la Contraloría ejercerá la coordinación general de dicho consejo en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Según el proyecto, entre sus funciones se incluyen: diagnosticar, diseñar, elaborar, coordinar, promover, supervisar y evaluar las medidas que conforman el régimen de transparencia; diseñar y supervisar programas de rendición de cuentas centrados en el ciudadano; y planificar acciones anuales relacionadas con la transparencia e integridad en las instituciones públicas, así como la gestión de riesgos de corrupción; entre otras.
Adicionalmente, será atribución del órgano de control, recibir denuncias de ciudadanos sobre posibles actos de corrupción o faltas administrativas cometidas por funcionarios públicos. No obstante, sus dictámenes no serán vinculantes.
Para el lunes 11 de noviembre se realizará una audiencia pública con el objetivo de debatir el proyecto de ley. La actividad será encabezada por el diputado colorado Hugo Meza y se encuentra prevista para las 09:00. Se espera la participación del contralor Camilo Benítez.
Dejanos tu comentario
Blanqueo a Bataglia: fiscal alega desconocimiento de nueva auditoría en curso al IPS
La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.
“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.
En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.
“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.
“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.