El presidente de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, el senador Dionisio Amarilla, anunció que solicitarán a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) informes sobre los aportes económicos realizados a organizaciones no gubernamentales. El requerimiento del bloque bicameral surge en medio de las denuncias periodísticas de que gran parte del dinero fue entregado a organizaciones ligadas a políticos disfrazados de activistas.

“Cuando se tuvo la primera reunión de la comisión se habían delimitado tres aristas sobre el cual iba a cabalgar, es por eso que vamos a insistir desde la Bicameral de Investigación la remisión de los documentos por parte de las oenegés, que antes del mandato de Donald Trump se habían negado rotundamente a proveer documentos”, afirmó Amarilla, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Hoy inclusive estamos pensando pedirle a la Usaid que envíe todos los respaldos documentarios. Nosotros aún no podemos remitir notas oficiales hasta que el Congreso Nacional vuelva a su actividad normal, pero si ya tenemos formuladas las notas que deben ser aprobadas por los integrantes de la comisión para que tenga la formalidad necesaria. Esto sería la próxima semana”, acotó el parlamentario.

Según una publicación periodística realizada por la Unidad de Investigación Nación Media, un total de USD 93,9 millo­nes (más de G. 738.054 millones) fueron distribuidos por Usaid en Paraguay entre 2007 y 2024, de acuerdo con datos publicados por el Gobierno de los Estados Unidos a través del sitio web USA Spending, creado por la administración del presi­dente estadounidense Trump con la finalidad de transparentar los fondos económicos dis­tribuidos por las entidades esta­tales norteamericanas alre­dedor del mundo.

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La mayor parte de los USD 93,9 millones repartidos por Usaid fueron entre­gados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Existe fuerte sospechas que los recursos en Paraguay fueron usados por operadores opositores para promover campañas de denun­cias y protestas que tenían un fuerte sesgo polí­tico.

A la vez de que los fondos hayan sido empleados para cubrir salarios y honorarios de con­sultorías que nada tienen que ver con los objetivos humanitarios que pregona la organización y los proyectos que debían ser encarados en nuestro país. “Siempre advertimos que esto era cuestión de tiempo, que bastaba reunir los elementos de convicción. Es por todo esto la negativa atroz hasta virulenta con algo de contenido violento por parte de quienes fungían de voceros de las ONG”, expresó Amarilla.

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El exsenador Fernando Silva Facetti indicó que dentro de la oposición aún no se observan figuras con liderazgos fuertes que puedan aspirar a representar al sector político con miras a los comicios presidenciales del 2028. No obstante, reivindicó el espacio para el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) dentro de la chapa presidencial.

“No existen dentro de la oposición líderes que sean fuertes. Siempre debe haber un liberal en la chapa, el Partido Liberal es una máquina electoral imprescindible para cualquier elección a pesar de las críticas que muy bien se dan de que hoy está vacío de un contexto filosófico y de un plan. Hoy es muy difícil ganar si no se tiene toda la estructura de los partidos tradicionales, entonces sí o sí uno de la dupla tiene que ser un liberal”, indicó a la 1020 AM.

Silva Facetti agregó que solo un “liberal con mañas y capacidad de atracción” podrá encabezar un proyecto presidencial. “Para el liderazgo real de un proyecto político se necesita un poco de esto, ya que uno entra en una pileta y nada entre tiburones y pirañas, si uno no sabe hacer esto le terminarán comiendo los dedos o los pies”, manifestó.

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El exlegislador indicó que entre todos los potables aspirantes para la presidencia en el 2028, según su visión el más potable sería el intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto. “Él ya demostró que tiene más cintura y muñeca, mientras que Payo Cubas no tiene la paciencia y Eduardo Nakayama es una persona muy íntegra, pero no sé si tenga esa maña”, acotó.

Silva Facetti consideró urgente que dentro de la agrupación tradicional se impulse el proceso de unidad con la finalidad de que encabece la instalación de consensos entre todos los partidos y movimientos de la oposición.

“Debemos cambiar el chip, nosotros tenemos que sumar, no podemos seguir dividiendo. Se tiene que hacer borrón y cuenta nueva y no echar a todos los que piensen diferente. Debemos tratar de establecer nexos y prioridades que nos puedan unir ya que debemos unir a mucha gente más que está fuera del Partido Liberal”, mencionó.

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Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) pone al descubierto una preocupante serie de irregularidades en la administración y control de recursos públicos transferidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) a entidades sin fines de lucro. El ente detectó pagos al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) por cursos que no se realizaron, documentos no presentados y una larga lista más de irregularidades. El informe corresponde a transferencias de dinero público por parte de la mencionada cartera a cargo de la exministra Carla Bacigalupo y confirman montos siderales ya que solo en el 2021 esta institución presupuestó transferencias a oenegés por G. 32.783 millones.

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Cursos pagados pero que no se hicieron, rendiciones de cuen­tas que se presentaron fuera de tiempo o que directamente no fueron entregadas, aseso­ramientos de los que exis­ten evidencias. Estas son tan solo algunas de las numero­sas irregularidades detecta­das por la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) en el manejo de fondos públicos entregados a organizaciones que se dicen sin fines de lucro como la fundación CIRD y otras oenegés más.

La CGR entregó las conclusio­nes de la auditoría de cumpli­miento realizada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (MTESS). En con­creto, el informe hace análi­sis sobre aportes a entidades sin fines de lucro y con fines de bien social cuyas transferen­cias ascendieron a G. 32.783 millones solo en el ejercicio fiscal 2021. El mayor privile­giado fue el CIRD que se benefi­ció con el 47 % del presupuesto, aunque los documentos abar­can a media docena de oenegés.

Entre las principales irregu­laridades detectadas, la CGR señala que el MTESS no noti­ficó a las entidades benefi­ciarias sobre los retrasos en la presentación de sus ren­diciones de cuentas, incum­pliendo lo dispuesto en la Ley n.º 6672/21. Además, el minis­terio aceptó planillas de rendi­ción de cuentas sin la debida presentación ante la Contralo­ría, ignorando normas legales que exigen transparencia en el uso de los fondos públicos.

En términos financieros, las omisiones del MTESS son alarmantes. Por ejemplo, se desembolsaron G. 246 millo­nes a la fundación CIRD para supervisiones que quedaron muy por debajo de las metas establecidas en los conve­nios. Asimismo, se tercerizó un servicio de supervisión por un monto superior a G. 461 millones, a pesar de que el ministerio cuenta con una dependencia interna para realizar esta tarea, violando disposiciones legales.

El documento revela, ade­más, que el MTESS desem­bolsó G. 1.789 millones para la realización de cursos en Ita­púa, Misiones, Alto Paraná y Paraguarí. Sin embargo, no se visualizó un desglose deta­llado del costo de los cursos, junto con otros elementos críticos de evaluación, lo que hubiera permitido verificar la razonabilidad y sustentabili­dad de estos.

El informe también señala que varias entidades beneficiarias presentaron presupuestos incompletos o inconsisten­tes, que fueron aceptados por el MTESS sin mayores obser­vaciones.

La Contraloría detectó que G. 124 millones destina­dos a la realización de cinco talleres fueron utilizados de manera irregular, ya que solo se realizaron tres, sin documentación que respal­dara las actividades realiza­das. De manera similar, G. 239 millones transferidos para asesorar a mipymes carecen de evidencia que acredite el cumplimiento de las activi­dades previstas, como lista­dos de empresas beneficiadas con datos esenciales.

El informe de la CGR no solo expone un manejo negligente, sino que plantea serias interrogantes sobre la ética y el compromiso con la correcta administración de recursos públicos. Ade­más, se suma a la larga lista de denuncias con respecto al festín de fondos públicos administrados por las orga­nizaciones que se dicen sin fines de lucro.

Finalmente fue promulgada la ley que establece controles a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en incidencia directa sobre instituciones públicas o cuestiones de interés general. Todo el proceso legislativo tuvo que lidiar con una campaña de desinformación por parte de quienes utilizan las oenegés para hacer política partidaria o lucrar con ellas.

• Unidad de Investigación Nación media

Luego de meses de vueltas en el cir­cuito legislativo y a pesar de una fuerte campaña de desinfor­mación, finalmente el Poder Ejecutivo pro­mulgó la ley que esta­blece una serie de controles a las organi­zaciones no guberna­mentales que trabajan directamente en inci­dencia en instituciones públicas o cuestiones de interés general. La oposición más férrea a la nueva legislación pro­vino de sectores que utilizaron las supues­tas organizaciones sin fines de lucro para reci­bir millonarios fondos o directamente hacer campaña proselitista.

La nueva ley establece que todas las asociacio­nes, fundaciones, oene­gés, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o pri­vados, tanto naciona­les como internacio­nales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier enti­dad que reciba o admi­nistre fondos relaciona­dos con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, munici­palidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la iden­tidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respalda­torios. Además, deberán mantener una lista deta­llada de todos los profe­sionales y personal con­tratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos.

Las OSFL también esta­rán obligadas a presen­tar informes semes­trales al Ministerio de Economía. Los organis­mos del Estado, muni­cipalidades y entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.

Un claro ejemplo de cómo algunas oenegés se han beneficiado de fondos millonarios es la dupla de excandida­tos de la Concertación Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente constru­yeron una red de nego­cios bajo la apariencia de oenegés, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de orga­nismos multilaterales y contrapartidas estata­les, destinando fondos a consultorías y empren­dimientos que benefi­cian a un selecto grupo de amigos.

Koga Impact Lab, fun­dada por Defelippe en 2015 con una f inancia­ción inicial de USD 900 mi l del Fondo Mult i­lateral de Inversiones (Fomin) del BID y USD 700 mi l de contrapar­tida local, es el centro de esta red. De Koga sur­gen múltiples ent ida­des como la A sociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, empresas cerebro de proyectos en torno a inst itucio­nes públicas, con los que los únicos benef iciados son el selecto entorno de la pareja.

La Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT) reveló que en el año electora l 2023 las oenegés movi­lizaron sumas millona­rias. Los fondos, con­centrados en grandes corporaciones , pare­cen haber beneficiado principalmente a sus directivos y socios con altos honorarios, eclipsando la misión de esta s organizacio­nes de servir a la socie­dad civil .

Los informes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) han expuesto cifras sorpren­dentes, especialmente en oenegés vinculadas a figuras políticas. A pesar de la falta de transparen­cia en el f lujo de infor­mación, se destaca un monto impresionante: G. 12,6 billones (USD 1.700 millones), similar al presupuesto anual de los Ministerios de Obras Públicas y Salud.

Las investigaciones de Nación Media revelaron también la manera en la que las oenegés fueron utilizadas para asegu­rar seguro social para algunos de los " lucha­dores” anticorrupción haciéndolos figurar con sueldos muy por debajo de lo que realmente cobraban.

Tal es el caso de Fran­cisco Alcaraz Díaz, coor­dinador de Más Ciudada­nía, Menos Corrupción, una organización que aglutina a varias oene­gés que dicen perseguir hechos de corrupción con una característica selec­tividad política, fungió ser un modesto asala­riado de su contadora para beneficiarse con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, en la rea­lidad resultó tener un contrato asegurado por G. 792 millones hasta el 2025.

Agustín Carrizosa en connivencia con el gobierno de Mario Abdo Benítez hizo un festín con fondos de proyec­tos sensibles de recu­peración pospande­mia financiados por el Estado, es decir, por todos los contribuyen­tes de este país. Es así que, a través de su ONG Centro de Información y Recursos para el Desa­rrollo (CIRD), Carrizosa repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Brads­haw, a su pareja María Ber ta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrup­ción, Carlos Francisco Alcaraz. No se visualiza impacto de estos gastos, más que el bolsillo de los involucrados.