El senador Martín Arévalo presentó el martes una denuncia formal contra Efraín Alegre por el desfalco de US$ 37 millones cuando se encontraba al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tomando como base una auditoría impulsada desde el Ejecutivo en ese entonces, Fernando Lugo. “Si Efraín Alegre viene a pedirnos trabajo en la cosa pública, con este prontuario, creo que sería el peor funcionario que podríamos contratar”, manifestó Jorge Ayala, abogado de legislador colorado.
Afirmó que la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto porque el hecho ya se encuentra en estado público. Al respecto, puntualizó que no solo deben asignarse agentes del Ministerio Público, sino que también deben convocar a las personas encargadas de las auditorías, teniendo que este proceso debe contar con reglas nacionales e internacionales específicas porque deben desarrollarse con las evidencias respectivas.
“En esta auditoría especial, que fue ordenada por el expresidente Fernando Lugo, en ese momento se hizo una visita in situ en las diferentes sedes distritales del MOPC, donde se pudo constatar una serie de aspectos que no funcionaban como debieran, sin mencionar las obras fantasmas y las paralizadas”, recordó Ayala, agregando que la contratación de personas sin ningún tipo de profesionalización también constituyó un hecho comprobado en la era Alegre.
Con respecto a la presunta prescripción de la causa, el abogado en el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, señaló que inicialmente la Fiscalía debería investigar los hechos denunciados y luego analizar la cantidad de los numerosos hechos punibles expuestos. Luego de ello, se debe llevar a cabo un cálculo de la cantidad de años de pena que podrían aplicarse por los delitos para finalmente saber si se aplica o no la extinción en algunos hechos.
“Esto depende de la investigación porque tampoco podemos ser irresponsables y asegurar que ninguno de los hechos puede prescribir, ya que en el caso de los delitos menores existe esa posibilidad. No obstante, sí se puede destacar que no pueden prescribir todos los casos; aquí debe verse la ruta del dinero y determinar dónde fueron a parar los US$ 37 millones”, subrayó.
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