El secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, instó a las instituciones pertinentes a que se profundicen las pesquisas respecto a los piratas electorales de origen brasileño, quienes ingresaron a nuestro país aparentemente de forma ilegal. Así también, lamentó que pese a que ya transcurrieron varios días de la denuncia, aún no se tenga novedades sobre el hecho.

“Se tiran las pelotas entre la Dirección de Migraciones, el Ministerio del Interior y hasta ahora no tenemos ningún resultado, nadie sabe quiénes son, qué investigación se hace, escuché que supuestamente después de la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público se dijo que se va a actuar pero hasta ahora no hubo un reporte”, expresó en contacto con la 650 AM.

González lamentó que estos piratas electorales de los que nada se sabe, hayan estado recorriendo la ciudad y por sobre todo, que se haya permitido su ingreso a nuestro país sin mayores inconvenientes. Señaló que un agravante a esta situación es que estos extranjeros, estén operando para las elecciones.

“El turista no puede trabajar y menos dedicarse al tema político y la ley le autoriza a la Dirección de Migraciones a identificar a esta persona a aprehenderlas y expulsarlas del país, pero eso no ocurrió”, manifestó e indicó que sorprende la inacción y que no se opere de forma preventiva y así evitar que puedan causar algún tipo de perjuicio a la transparencia de las elecciones.

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Una de las dudas que surge en torno a la presencia de estos piratas electorales que estarían operando para la Concertación Nacional, es respecto a cómo se financia todo este esquema, además de las cartelerías y otros elementos propagandísticos a favor de la candidatura de Efraín Alegre.

“Cómo hacen para pagar todos los alquileres de estos hackers cibernéticos que trajeron aquí a Paraguay, se sabe que la propia esposa de Efraín es la que estuvo interviniendo, pero quién pagó los pasajes, quién paga su estadía y a estas personas”, cuestionó González y recordó que la ley de financiamiento político establece claramente que no se puede obtener recursos financieros del exterior.

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