Tras la presentación formal de la denuncia para investigar el “clavo” que dejó Efraín Alegre en su paso por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el senador Martín Arévalo indicó que esta situación debe ser esclarecida por el Ministerio Público, así como también imputar e identificar el perjuicio causado a la institución. De acuerdo a la auditoría, existe un malgasto en orden a los US$ 37 millones durante el 2010 y 2011.
“Hubo un montón de situaciones que caen en una malversación de fondos públicos. Directamente, la Fiscalía tiene que hacer una investigación de todos los procesos y constatar si hubo daño patrimonial e imputar a los responsables”, explicó el parlamentario en conversación con la 1020 AM.
En esta oportunidad, el senador detalló algunos de los elementos incluidos en la denuncia innominada presentada este martes 11, entre ellos, se menciona la mala utilización de combustible, pago a planilleros y llamativas licitaciones, según explicó.
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“La auditoría arrojó mala utilización de combustible, se cargaba a vehículos que estaban descompuestos, personas que no tenían títulos universitarios estaban cobrando como profesionales, se pagaba a planilleros, se iban a cobrar, pero no había ni un solo antecedente de que eran funcionarios”, relató Arévalo.
Continuó citando, “las licitaciones se les adjudicaba a empresas que no tenían condiciones, también a empresas que dejaron a medio terminar las obras y que no se le ejecutó la póliza. No es nuestra culpa que esta auditoría salga a luz ahora, pero sí es nuestra responsabilidad el quedarnos callados, porque si era un colorado, ya iba a estar en Tacumbú”, aseveró.
La auditoría fue realizada durante el mandato de Fernando Lugo por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y a pesar de que en este informe se haya detectado esta irregularidad, la Fiscalía ni la Contraloría General de la República profundizó el hecho.
“El gobierno de Lugo es el que tuvo la responsabilidad moral de haber presentado la denuncia, porque ellos solicitaron la auditoría y se percataron de esa situación, tuvieron que enviar a la Fiscalía para que se procese a la investigación y no lo hicieron. Vino el gobierno de Federico Franco y tampoco lo hicieron, no sabemos si luego esa documentación se guardó o se escondió”, refirió.