Un total de seis auditores de la Contraloría General de la República (CGR), institución encabezada por Camilo Benítez, se constituyó hasta la sede del Ministerio Público con el fin de iniciar el proceso de fiscalización financiera y de cumplimiento solicitada por el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Ramón Rolón Fernández.
Al respecto, Raquel Sanabria, directora de Auditoría del órgano extrapoder, mencionó que será requerido por la Contraloría en la supervisión la ejecución presupuestaria, el balance de los estados financieros y las informaciones contables del anterior periodo.
“El nuevo fiscal tiene las puertas abiertas, las documentaciones financieras están totalmente en el Tribunal de Cuentas, es por eso que ahora llevamos un acto de desistimiento realizado por Rolón de la acción de inconstitucionalidad para poder solicitar al Tribunal la entrega de los documentos y así tener acceso”, comentó.
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Detalló también que la fiscalización se iniciará desde el ejercicio fiscal del año 2022, para luego continuar analizando paulatinamente los demás periodos. “Mínimamente nos llevará tres meses el análisis, pero dependerá desde el momento en que tengamos el acceso a las documentaciones”, puntualizó.
Por otra parte, Sanabria comentó que será la primera vez que la Contraloría auditará el Ministerio Público, teniendo en cuenta que en las anteriores gestiones se contó con la acción de inconstitucionalidad. “Esto fue solicitado por el nuevo fiscal”, indicó.
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Fiscal general fue convocado por la mesa directiva del Senado
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se reunirá con la mesa directiva de la Cámara de Senadores, así lo adelantó el senador Derlis Maidana. El legislador aclaró que no se trata de un pedido de informe, ni de una interpelación, sino de una convocatoria para conversar sobre el caso del fiscal Marcelo Pecci.
“Así como yo entiendo es una mesa donde cordialmente se le invita a un funcionario para que vaya a explicar los datos que puede explicar, en ese caso, sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, donde hay una causa abierta. No es un pedido de informe, tampoco una interpelación”, explicó Maidana en la 730 AM.
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Agregó que, primeramente, el fiscal general debe acordar la fecha de la reunión, y una vez que asista a la convocatoria, el mismo tendrá el criterio qué preguntas contestar, teniendo en cuenta que se trata de una investigación abierta.
“Seguramente el fiscal general el día acordado con la presidencia del Senado vera si puede concurrir o no y, en su caso también, ver qué preguntas contestar, seguramente ya al criterio profesional del Ministerio Público”, refirió el senador Maidana.
También se habla de una posible interpelación al fiscal general, por la complejidad del caso y el cuestionamiento sobre el avance de las investigaciones en Paraguay sobre los autores morales del asesinato del fiscal Pecci, a lo que Maidana indicó que se debe dejar al Ministerio Público seguir con su investigación.
“En este caso es un órgano extra poder y realmente hay que darle al Ministerio Público toda la libertad para que pueda proseguir sus investigaciones”, sentenció.
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Seguirán controles rigurosos de importaciones de tomate argentino
La Comisión Asesora Permanente de Seguimiento y Control del Contrabando, el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Carlos Giménez y productores frutihortícolas de diferentes puntos se reunieron para definir acciones conjuntas sobre el comercio ilegal. Seguirán los controles rigurosos para garantizar la sanidad del fruto teniendo en cuenta que existe una enfermedad que ataca a los tomates argentinos.
Así lo indicó el representante de la cartera agraria tras la reunión, mencionando además que se definieron acciones para el mejoramiento de la producción y comercialización a través de la planificación de la producción, tecnificación y la industrialización agrícola como medida de apoyo de combate al contrabando.
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Giménez expresó que se escucharon las propuestas de los agricultores que hoy se encuentran atravesando los embates climáticos. “Hablamos de las realidades que tenemos en la agricultura en el segmento del pequeño productor como la escalada de precios de los productos a raíz de este problema climático porque hoy nuestra agricultura es muy primitiva”, comentó.
Aseguró que hoy se cuenta con muy poco acceso a tecnología, por lo cual existe muy poca oferta de productos. “Corregir esos problemas radica mucho en decisiones políticas y la inversión que viene haciendo hoy el MAG. Un compromiso más fuerte en el sentido de proveer alimentos a un precio justo y oportuno”, remarcó.
El abordaje fue realizado con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, teniendo en cuenta las diversas denuncias realizadas por productores nacionales sobre el ingreso de mercaderías de contrabando y el resultado de las acciones conjuntas que lleva a cabo la unidad especializada dependiente del Ministerio Público.
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) había alertado a productores nacionales sobre la aparición del virus rugoso del tomate en Argentina. Señalaron que dicho evento supone un riesgo para la producción nacional, por lo que recomendaron monitoreos constantes a las parcelas.
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Contraloría abre sumario a leal de Prieto ligada a disco-constructora
La Contraloría General de la República (CGR) abrió un sumario a Lumma Silva Battochi, funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, por no presentar declaración jurada de bienes. La empleada municipal aparece ligada a una firma constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
- Por Juan Carlos Lezcano.
Lumma Silva Battochi, incorporada a la Municipalidad de Ciudad del Este por el intendente Miguel Prieto, no presentó declaración jurada de bienes y renta ante el órgano extrapoder, obligación establecida en el artículo 104 de la Constitución Nacional y regulada por la Ley 6919/2022.
La funcionaria comunal aparece ligada a SCDE Sociedad Anónima, empresa constructora que recibió más de USD 1,5 millones de contratos con la comuna esteña en poco más de un año. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en 2021. En ese entonces, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA y era un club nocturno.
MODESTA FUNCIONARIA
Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000. Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.
La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada semanas atrás por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.
CIEN VECES SU SUELDO
Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.
La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones. Básicamente, para poder cumplir con su aporte accionario, Silva Battochi debería ahorrar cien meses de su remuneración como funcionaria comunal sin gastar siquiera en comida o servicios básicos.
RELACIÓN FAMILIAR
Actas posteriores revelan que a partir de 2022, Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez. Para ese entonces, Silva Battochi ya había ingresado a la comuna esteña. Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por su hermanastra, la funcionaria comunal. De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas. Tampoco existen registros de que Silva Battochi haya presentado declaración de conflicto de interés alguna, esto debido a que la empresa en la que figura su familiar tiene estrechos vínculos con la institución en la que cumple funciones.
DE GOLDEN ROUGE A SCDE
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”. Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió a mudarse a una nueva sede. Golden Rouge SA pasó a convertirse en SCDE Sociedad Anónima en 2021 y en contratista favorita de Prieto con adjudicaciones que suman G. 10.706 millones en menos de dos años.
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Bernal solicita a la Contraloría una auditoria de su gestión en la Essap
El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), Luis Fernando Bernal, informó que solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoria permanente de su gestión. El mismo explicó que el objetivo es enviar una señal clara de trasparencia en su administración.
“Hace algunos días solicitamos a la CGR una auditoría permanente de mi gestión y el proceso administrativo que venimos desarrollando”, indicó en entrevista a la 1020 AM.
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Asimismo, refirió que con este el control del manejo de los recursos y el sistema de trabajo, la finalidad es demostrar transparencia en la institución a su cargo, y principalmente dar esa seguridad a los usuarios del servicio y a la ciudadanía en general.
“Es para transmitir señales claras de transparencia. Es importante dar señales claras a los dueños de lo público sobre cómo manejamos los recursos y qué mejor que abrirnos a los controles técnicos y especializados”, apuntó.
Por otra parte, Bernal explicó que existe un debate si la Essap está sujeto al control de la CGR al ser una sociedad anónima, sin embargo, Bernal indicó que al ser administradores públicos deben ser controlados en su gestión.
“Siempre está el debate sobre si deberíamos ser sujetos de control por parte de Contraloría, aun así, para nosotros como hombres públicos al estar al frente de una sociedad anónima con carácter público donde el mayor accionista es el Estado paraguayo”, dijo en entrevista a la 650 AM.
Refirió que, más allá del categórico control, realizó la solicitud a la Contraloría. “Nos vamos un poco más de lo taxativamente tipificado en la Ley y solicitamos a la Contraloría que haga un control permanente de nuestra gestión, desde la compra de un tornillo hasta la posibilidad de una inversión”, sentenció.
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