Un total de seis auditores de la Contraloría General de la República (CGR), institución encabezada por Camilo Benítez, se constituyó hasta la sede del Ministerio Público con el fin de iniciar el proceso de fiscalización financiera y de cumplimiento solicitada por el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Ramón Rolón Fernández.
Al respecto, Raquel Sanabria, directora de Auditoría del órgano extrapoder, mencionó que será requerido por la Contraloría en la supervisión la ejecución presupuestaria, el balance de los estados financieros y las informaciones contables del anterior periodo.
“El nuevo fiscal tiene las puertas abiertas, las documentaciones financieras están totalmente en el Tribunal de Cuentas, es por eso que ahora llevamos un acto de desistimiento realizado por Rolón de la acción de inconstitucionalidad para poder solicitar al Tribunal la entrega de los documentos y así tener acceso”, comentó.
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Detalló también que la fiscalización se iniciará desde el ejercicio fiscal del año 2022, para luego continuar analizando paulatinamente los demás periodos. “Mínimamente nos llevará tres meses el análisis, pero dependerá desde el momento en que tengamos el acceso a las documentaciones”, puntualizó.
Por otra parte, Sanabria comentó que será la primera vez que la Contraloría auditará el Ministerio Público, teniendo en cuenta que en las anteriores gestiones se contó con la acción de inconstitucionalidad. “Esto fue solicitado por el nuevo fiscal”, indicó.