La Cámara de Senadores aprobó en sesión extraordinaria el proyecto de la función pública y del servicio civil y la iniciativa que modifica varios artículos y amplía la Ley n.° 4457/12 para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”. Ambos documentos son remitidos al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Ambos proyectos fueron aprobados en la última sesión ordinaria de la Cámara Baja desarrollada el martes 17 de diciembre y en cuanto a la función pública, fue devuelto con modificaciones por los diputados en ocho artículos en total. Uno de ellos guarda relación con el ingreso de personas a la función pública.
“Se reformula el artículo n.° 14 estableciendo que el acto jurídico por el cual se disponga el ingreso de servidores a la función pública en transgresión a la presente ley o reglamento será nulo, es decir, la imprescriptibilidad de aquellos que violen el modo en el cual los servidores públicos ingresan a la administración”, explicó el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de reforma del Instituto de Previsión Social (IPS) en la cual se establece el nuevo cálculo para la jubilación. La propuesta ya contaba con media sanción en Diputados.
El proyecto de ley “Que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)” fue sancionado por el Congreso Nacional.
La iniciativa busca modernizar y fortalecer el sistema previsional del país se centra en el cambio de período de cálculo de las jubilaciones, extendiéndolo de 36 a 120 meses, es decir, de 3 a 10 años para calcular el promedio de la jubilación.
El ajuste busca reflejar de manera más precisa la historia salarial de los asegurados, evitando distorsiones por aumentos abruptos en los últimos años.
Para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aporte, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados.
Con 26 votos a favor, 15 votos en contra y cuatro senadores ausentes, la normativa tuvo aprobación en general.
El Senado sancionó ayer el proyecto de ley “que establece la inscripción en el Registro Cívico Permanente de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”. Con 26 votos a favor, 15 votos por el rechazo y cuatro senadores ausentes, la normativa tuvo aprobación en general, luego de haber obtenido media sanción de Diputados, el pasado 19 de noviembre.
“Establécese que los paraguayos y paraguayas que cumplan dieciocho años de edad, y que cuenten con cédula de identidad civil, serán inscriptos de manera automática en el Registro Cívico Permanente, dependiente de la Dirección del Registro Electoral”, dice el artículo 2 de la propuesta presentada el 6 de noviembre por el diputado José Rodríguez, con un total de 17 artículos.
El capítulo 3 está dedicado a los paraguayos residentes en el extranjero, en los artículos 6 a 9, que indica la creación del Departamento de Electores Residentes en el Extranjero, dependiente de la Dirección General del Registro Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral, responsable de la confección del Registro Cívico Permanente en el Extranjero (RCPE).
Es para la modernización de la infraestructura de varias escuelas y para construcción de más centros de formación docente.
Unas 316 escuelas de todo el país serán renovadas y ampliadas a través del convenio de préstamo suscrito entre el Gobierno del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
También se prevé la construcción de seis nuevos centros de formación docente, con obras planificadas para iniciar en 2025 y culminar en 2026.
El proyecto contempla una ampliación presupuestaria de 300 millones de guaraníes dentro del Presupuesto General de 2024, destinada al objeto de gasto 266: “Consultoría, Asesoría e Investigación”, bajo la administración del MOPC.
Las condiciones financieras refieren un periodo de amortización de 24 años, incluido 6 años de gracia. Este financiamiento busca garantizar aulas renovadas y espacios adecuados para el inicio del periodo lectivo 2026.
Tras la sanción del proyecto en la Cámara de Diputados, se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su trámite constitucional correspondiente, ya sea promulgación o veto.