La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) es una institución pública de carácter autónomo y autárquico, además, tiene la capacidad de administrarse y financiarse conforme a la ley por la cual fue creada, recordó en un video institucional el gerente de Impuestos Internos, Ever Otazú.

Sostuvo que el reciente rechazo del proyecto de ley que pretendía modificar la distribución de ingresos para financiar el presupuesto de Ingresos Tributarios era de “tinte populista”. “Porque bajo supuestamente la premisa de que se iban a eliminar ciertos beneficios para los funcionarios, que de hecho ya no se encuentran así como tales en la ley de creación de la DNIT, lo que realmente pretendía este proyecto era desfinanciar a la institución”, expresó Otazú.

Mencionó que esta institución no solamente actúa como ente recaudatorio sino también es base para la lucha contra el contrabando que está directamente relacionado con el crimen organizado, y que el sistema legal que lo avala permite que se trabaje contra el comercio ilícito.

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“Se están cumpliendo los objetivos y el desarrollo institucional está permitiendo que tengamos todos los resultados actuales. No solamente en relación al aumento de las recaudaciones, sino también en la lucha contra el contrabando, contra el comercio ilícito y todos los delitos y crímenes que son conexos a los mismos. Por eso, rechazamos todos aquellos proyectos que pueden poner ciertos obstáculos contra las actuaciones de la dirección”, finalizó.

El proyecto de ley tenía como fin modificar el artículo 17 de la Ley 7.143/23 que crea la DNIT. En ella se indica que para financiar sus gastos previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), constituirán ingresos institucionales el 0,7 % de la recaudación de los tributos cuya recaudación estén bajo su competencia; y la tasa del 0,5 % sobre el valor en aduana de las mercaderías importadas.

Además, el 50 % del producto de las multas por falta aduanera por diferencia y de las multas por defraudación y omisión de pago de tributos internos; el 50 % restante será remitido al Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como Fuente de Financiamiento 10, para solventar el PGN, y el 50 % del producto del remate de las mercaderías caídas en comiso por causa de contrabando.

El cambio planteado fue que todos los ingresos que hoy financian el funcionamiento de la DNIT vayan directamente al MEF y que la DNIT sea solventada por el PGN.

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El abogado penalista, Ricardo Preda explicó que independientemente a la chicana que interponga la defensa de los imputados en el caso de Filtración de Seprelad, el Ministerio Público está en el derecho de presentar el requerimiento conclusivo en la fecha. Indicó que en el eventual caso que no lleguen a presentarlo, el código procesal penal establece que el juzgado puede fijar un nuevo plazo de 10 días.

El especialista mantuvo una charla en el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970am/Nación Media, donde explicó sobre el procedimiento que se llevará a cabo ante la nueva chicana interpuesta por la defensa del expresidente Mario Abdo y Daniel Farías Kronawetter en el citado caso.

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Al respecto, el abogado señaló que en primera medida la Fiscalía General podría confirmar de vuelta a los fiscales que fueron recusados o bien, establecer a los fiscales que podrían presentar el requerimiento conclusivo.

Ahora bien, atendiendo a que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón fue recusado igualmente por la defensa, señaló que existe una veintena de fiscales adjuntos que podrían obrar en su reemplazo y que no hayan sido recusados. “Habría que ver quién de los fiscales adjuntos que no hayan sido recusados pueden resolver el caso, en sustitución del fiscal general que fue recusado”, acotó.

Mencionó, además que, en sus años de experiencia, desconoce que exista una causa o proceso, que no se haya presentado requerimiento conclusivo por causa de recusaciones a los fiscales investigadores. Indicó que la Fiscalía siempre ha resuelto este tipo de cuestiones, porque obviamente no es la primera vez que sucede un hecho similar, en que los fiscales son recusados hasta el último plazo límite.

“No creo que sea un tema que ni la Fiscalía General actual, ni administraciones anteriores, desconozcan que se presenten recusaciones masivas, ante la inminente presentación del acto conclusivo, estimo que será el día a día del Ministerio Público, ya que en la práctica es algo común esto”, explicó.

Al respecto, Preda no cree que las recusaciones tengan un impacto final en la decisión a partir de la presentación del requerimiento conclusivo, donde los agentes fiscales deberán solicitar elevar el caso a juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.

“Desconozco que exista algún caso, en el que el Ministerio Público no haya presentado su requerimiento conclusivo, por causa de las recusaciones. Pero en la peor hipótesis, que esto no ocurra, se aplica un trámite que se basa en el artículo 139 del Código Procesal Penal, que de no presentarse el acto conclusivo, el juez tiene que correr traslado a la Fiscalía General, con un plazo de 10 días para que emita finalmente su posición al respecto”, explicó.

Con ello, remarcó que el proceso no termina hoy si es que la Fiscalía no presenta sus requerimientos conclusivos en la fecha establecida como límite el cual, en este caso de filtraciones de Seprelad, vence a las 23:59 de este martes 11 de marzo. Preda, agregó que está seguro que de una u otra forma la Fiscalía va a presentar sus actos conclusivos, porque desconoce que exista un antecedente en donde no se haya presentado por causa de las chicanas.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, habló de la posibilidad de trasladar el Departamento de Identificaciones que está a cargo de la Policía Nacional, al Registro Civil y mencionó que en este momento se debate sobre realizar este cambio. El ministro señaló que el objetivo es centralizar las gestiones que tengan que ver con el registro y la identificación de las personas.

“Ese es un tema muy interesante, es algo que ya está sobre la mesa y de a poco se está debatiendo. Para entender la lógica del por qué estamos haciendo las cosas tiene que haber un antecedente histórico, ¿por qué el Registro Civil te entrega el certificado de nacimiento y la Policía Nacional la cédula de identidad?”, dijo en entrevista a la 1020 AM.

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Explicó que dirigir la expedición de la cédula viene de los años 60 y 70, donde en países de la región como Argentina, Uruguay y Chile, la Policía Nacional tenía tu prontuario y te expedía tu identificación o tu cédula de identidad, como así también en Paraguay hasta la actualidad.

“Tanto estos países que mencioné, entendieron que hoy en día en los tiempos actuales el rol de la Policía Nacional pasa por estar en las calles, fortaleciendo la seguridad ciudadana y no en la expedición de documentos de cédula de identidad. Entonces, Argentina, Uruguay, Chile migraron esa función, esas atribuciones de la Policía Nacional al Registro Civil de las personas”, refirió.

Con este cambio, lo que ocurriría es que la ciudadanía pueda realizar todas las gestiones en un mismo lugar, que es el Registro Civil de las personas, y no así recurrir a otra institución para la expedición de la cédula de identidad.

“Hoy en Paraguay se pone sobre la mesa ese debate porque realmente es una necesidad también institucional y del Gobierno, las políticas de Estado también tienen que ser pensar en la gente y la ciudadanía que se tiene que ir al Registro Civil con su certificado de nacido vivo a sacar su acta de nacimiento y después se tiene que ir a la Policía Nacional a pedir que se le expida la cédula de identidad”, apuntó.

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Por Sofía Céspedes (sofia.cespedes@nacionmedia.com)

Los cambios hechos a la ley de Alianza Público Privada (APP) contribuirán a captar las inversiones que el país precisa en infraestructura, así como a generar mayor eficiencia para el sector privado, que se reflejará en una mejora del gasto público. Así lo destacaron representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y el Club Ejecutivos a La Nación/Nación Media.

La norma es un paso clave para el crecimiento económico del país, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, al promulgar la Ley 7452 “de modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.

Esta nueva ley, cuya iniciativa nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reemplaza a la anterior (5102/2013) tras los cambios. Entre ellos, el incremento del límite del aporte financiero del Estado a los proyectos, anteriormente del 10 % y actualmente al 25 %, del costo total de la obra. Este porcentaje podría aumentar, según lo que disponga el MEF.

También el aumento del tope de la cantidad de proyectos que se pueden financiar con esta modalidad del 2 % al 4 % del producto interno bruto (PIB), es otro de los cambios. Este 4 % representa en números, USD 1.700 millones, y permite al Estado financiar más de dos proyectos de gran envergadura.

Esta normativa estipula un monto mínimo de inversión para que un proyecto pueda ser considerado para una Alianza Público-Privada (APP), equivalente a 12.500 salarios mínimos. Es decir que, el proyecto debe ser lo suficientemente grande como para justificar esta modalidad de financiamiento.

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El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, dijo que están contentos de que se haya trabajado para perfeccionar la ley de APP a fin de conseguir más inversiones que el país necesita. Al respecto, señaló Paraguay tiene producción, energía y mucha mano de obra, pero por falta de condiciones, muchas veces no se obtienen inversiones acorde a sus necesidades.

“En nuestro país hay mucha infraestructura para poder invertir, pero no menos de USD 1.500 o USD 1.800 millones, que es el 4 % del PIB. Y estamos lejos de poder llegar a eso. Entonces, este tipo de leyes creo que pueden compensar lo que el Estado no puede invertir por falta de recursos”, manifestó Sarubbi a La Nación.

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El representante del gremio aseguró que Paraguay tiene un futuro muy prometedor, pero el Estado también debe seguir mejorando en el gasto público, y tener en orden las finanzas, sin descuidar la inversión pública, ya que actualmente existe un déficit importante.

“Se tienen que bajar los gastos corrientes e invertir en más infraestructura para que vaya menguando este déficit de infraestructura”, enfatizó. Cavialpa junto con otros gremios de la construcción trabajaron en las modificaciones de la ley y lo seguirán haciendo para su reglamentación.

La directora del Club de Ejecutivos, Laura Ramos King, dio su parecer respecto a la ley de APP. Afirmó a La Nación que todas las mejoras que se realicen son cambios que generan mayor eficiencia para el sector privado y por ende una mejora en el gasto público.

“Esto es porque en la normativa se modificó la ampliación de los plazos para las licitaciones, lo que permitirá diluir los costos de las obras a lo largo del tiempo, y así evitar que resulten demasiado onerosas para el sector privado y por lo tanto para el sector público”, expresó.

Teniendo en cuenta lo que contribuirá la modalidad al desarrollo del país, Ramos King señaló que una ley que facilita el proceso de contratación de obras, dando facilidades al sector privado, incentiva sustancialmente el desarrollo del país. Según su apreciación, es fundamental para toda economía tener una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, pero que, sin el impulso y mejora continua a esta unión de ambos sectores no sería posible.

“Además de esta ley, si logramos dar seguridad jurídica a los inversores, ya sean estos nacionales o extranjeros, lograríamos crecer aún más con todo el potencial que tenemos por la confianza generada, así como tener credibilidad, las cuales son cruciales. Como podemos observar en países más desarrollados, si no se ven las consecuencias ante una transgresión de las normas no habrá respeto a las mismas, y por lo tanto, no tendremos oportunidad de ser hub regional”, aseveró.

Hay que señalar que la duplicación y ampliación de la ruta PY02 es el primer contrato ejecutado en el país bajo la modalidad de Alianza Público Privada. Los trabajos iniciaron en agosto de 2019. Fueron empleadas de forma directa 1.400 colaboradores y de forma indirecta 4.000, según datos de las constructoras encargadas Sacyr Concesiones y el consorcio Rutas del Este.

Esta vía tiene un impacto sobre nueve municipios de tres departamentos del país y renovó el corredor logístico hacia Brasil, por donde se mueve más del 60 % de la actividad económica de Paraguay. Además de la reducción del tiempo de desplazamiento, existe mayor estándar de seguridad para los 20.000 usuarios que la utilizan diariamente.

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