El senador Daniel Rojas presentó en mesa de entrada del Ministerio Público un pedido de ampliación a una denuncia anterior al proceso de implementación del sistema de expedición de cédulas con chip. Dijo que podría existir un perjuicio patrimonial al Estado en un plan que ya tuvo bastantes prórrogas.
El senador solicita suspender el proceso para aclarar posibles hechos punibles contra el patrimonio del Estado paraguayo. Manifestó que estos hechos están tipificados en la Ley N° 2.880. “Hablamos de peculado e intervención ilegítima en las contrataciones públicas”, expresó.
En concreto, el senador liberal considera importante evitar el avance de la implementación de este contrato “porque adolece de muchas irregularidades y por sobre todo un gran perjuicio posible a las arcas del Estado, que consiste en US$ 28 millones”, manifestó.
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Asimismo, Rojas remarcó que se desembolsó de manera irregular sin previsión presupuestaria: “Hace 7 años se desembolsó como adelanto US$ 8 millones y hasta el momento el sistema no funciona, además, con diferentes prórrogas que también son ilegales, según Contrataciones Públicas”. Agregó que el adelanto tampoco corresponde, ya que fue extraído del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Finalmente dijo que vienen pidiendo informes al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y pedido de auditoría a la Contraloría General. “Estamos pidiendo al Ministerio Público para que intervenga y suspenda la ejecución de este contrato. Queremos que la Fiscalía determine quiénes son los responsables y si hay perjuicio contra el Estado paraguayo, que los responsables sean declarados como tales”, señaló el senador.
Tras la denuncia del senador, la Contraloría General de la República solicitó al ministro del Interior, Federico González, informes con referencia al contrato para la implementación del sistema de identificaciones para la expedición de pasaportes y cédulas electrónicas, el mismo cuenta con un plazo de 5 días para remitir el informe solicitado.
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