Casi por unanimidad, lo cual nunca se dio hasta este momento, Gustavo Santander fue seleccionado como el nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el próximo lunes está previsto el acto de juramento para el cargo. Hablando de la importancia de enfocar sus funciones sobre prioridades específicas, el magistrado manifestó que posee la responsabilidad de iniciar una lucha directa sobre la corrupción, la impunidad y la falta de resolución de determinados procesos judiciales.

“Mi promesa y mi compromiso ante la audiencia pública, y también ante el pleno del Senado, fue el mantenimiento de la transparencia de los actos administrativos como jurisdiccionales porque la gente debe tener acceso a las decisiones de la Corte y de todo el Poder Judicial, de ser posible. Necesitamos dar a conocer cuáles son los jueces que no resuelven los procesos en el plazo correspondiente”, remarcó Santander para el programa “El péndulo”, por Unicanal.

Así, subrayó que la Corte no puede desentenderse de la corrupción de cualquier funcionario, sea fiscal o juez, debido a que cuenta con una herramienta primordial como lo es la “confirmación”. Es decir, para volver a confirmar en sus funciones a determinado colaborador judicial, desde la CSJ deben estudiar sus funciones de manera detallada y evitarlo, si en su comunidad permitió el desarrollo de la impunidad.

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Sobre el peligro de nepotismo en sectores relacionados a la justicia, el magistrado manifestó que la única fórmula para resolver ese problema recae en la realización de los concursos públicos, apuntando además a que accedan funcionarios judiciales brillantes, pese a tratarse del hijo de un magistrado. Expresó que el grado de consanguineidad no puede privar a alguien de desempeñarse en el área judicial, pero los concursos brindarán más transparencia a su labor.

“En cuanto a la morosidad, considero que la mayor cantidad de casos se observa en la CSJ porque allí prácticamente se represa el proceso judicial tanto en la Sala Penal como en la Constitucional. Los juicios tienden a paralizarse, quedando así cuatro o cinco años hasta su prescripción o extinción”, expresó, agregando que para evitar eso se necesita recurrir a las publicaciones de las auditorías, en las que se estipula cuáles son los funcionarios que evitan la continuidad de los procesos.

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Con respecto a la posibilidad de consolidar la institucionalidad del Poder Judicial, el nuevo ministro de la CSJ puntualizó que será posible a través de la independencia, preservando al sector judicial de los sectores políticos, para que no se observen respuestas únicamente hacia ciertos grupos del Estado. Remarcó que desde hace tiempo viene lidiando con la clase política, por lo cual aseguró que no caerá bajo ningún tipo de presiones.

“No obstante, la Corte es un órgano político y tiene la responsabilidad de actuar políticamente para administrar la justicia y cogobierna con el Estado”, recordó Santander, enfatizando que resulta necesario reiterar la diferenciación entre mantener las acciones políticas, sin confundirla con mantenerse bajo los intereses de la clase política-partidaria.