La jueza penal de garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición planteados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios, acusados por asocia­ción criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secre­tos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Los abogados de los exministros de Abdo habían presentado una nueva reposición y apelación en subsidio contra la providencia de la jueza Cyn­thia Lovera, que fijó la realización de una audien­cia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo del 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expresidente de la República, incidentes que ahora fueron rechazados por Lovera.

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Además de esta decisión, se agrega a la resolución judicial que se impone las costas de estos incidentes que han sido rechazados a cada uno de los acusados con relación a este proceso, informó desde judiciales el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán.

Tras el rechazo de estos incidentes formulados por los abogados Emilio Fuster, Osvaldo Granada, Jorge Rolón Luna y otros, el expediente tendrá que subir a la Cámara de Apelación, donde se tendrá que resolver la resolución firmada por la jueza Cynthia Lovera.

En su resolución la magistrada sostiene que “la presentación hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se ha tratado los recursos iniciales pendientes de resolución. “En ese contexto se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencausar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencionado”, señala.

El Ministerio Público pre­sentó en su escrito de acusa­ción un total de 206 elemen­tos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la res­ponsabilidad de los acusa­dos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, en el marco de la investigación por el caso conocido como filtración de información falsa de Seprelad.

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El titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, dijo ayer que es un convencido de que una Concertación Política tiene que elaborar su propio padrón para sus comicios a fin de elegir a sus futuros can­didatos a cargos nacionales. Indicó que particularmente su postura es la no utilización del Padrón Nacional.

“Nosotros en su momento, en las elecciones generales pasa­das, tuvimos que expedir­nos por resolución judicial, la Justicia Electoral se expi­dió en una sentencia donde dos ministros votaron en el sentido de que se puede usar el Padrón Nacional y yo par­ticularmente voté en disiden­cia”, recordó el presidente del órgano electoral.

Manifestó que, “considero que el Padrón Nacional no es aplicable a un sistema de interna cerrada como es el sistema electoral paraguayo.

Yo estoy convencido de que se tiene que elaborar un Padrón para la Concertación basado en los padrones de todas las fuerzas que quieren concer­tarse”.

Las declaraciones del presi­dente del TSJE fueron ver­tidas al ser consultado sobre la decisión del Senado de aprobar el pasado miércoles con modificaciones el pro­yecto “Que modifica la Ley n.° 3212/2007 ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”. El proyecto de ley volvió a la Cámara de Diputados.

Por otra parte, Jaime Bes­tard, confirmó ayer que fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP) por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Indicó que con esta medida facilita la continuación del proceso normal de la licita­ción, luego de que se recha­zaran algunas protestas al proceso.

Luego mencionó que el pre­cio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las pro­puestas que hacen las empre­sas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, Bestard recordó que cuando se puso en vigencia la Ley n.° 2318, que establece la lista desblo­queada y el uso del voto elec­trónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

Bestard dijo que en el estu­dio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 pro­cesos electorales, en los que se podría dar uso las máqui­nas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máqui­nas, donde para esas eleccio­nes costó casi 59 millones de dólares. Por eso considera­mos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Ade­más, nos convertimos en los propietarios de las máqui­nas”, indicó.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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La Asociación de Casas de Cambios del Paraguay elaboró un Código de Ética y Conducta para dar a conocer en qué principios se fundamenta el ejercicio de las actividades comerciales cambiarias de las entidades asociadas.

En el documento refieren que esto se da a fin de fomentar un ambiente de integridad, transparencia y respeto en todas las actividades relacionadas con la asociación y sus miembros concordantes con las disposiciones legales y los principios de la libre competencia.

Al respecto, el presidente de Casas de Cambios, Gregorio Mayor, explicó a La Nación/Nación Media que este código se creó por dos razones principales. La primera fue por la modificación de los estatutos sociales, que ya tenían más de 20 años de vigencia. Por eso, establecieron nuevos requisitos y estándares elevados para que las casas de cambio asociadas cumplieran con sus obligaciones, especialmente en el trato preferencial a sus clientes.

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La segunda razón tiene que ver con la posibilidad de que el rubro obtenga un certificado de conformidad expedido por una empresa auditora externa. Esto fue gestionado y presentado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Banco Central del Paraguay (BCP).

“Esta propuestos pusimos a consideración del BCP y Seprelad para que nosotros, como entidades del sector privado, podamos autorregularnos y establecer esas exigencias para poder cumplir con los estándares de las normas internacionales en lo que refiere a materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, precisó Gregorio Mayor a LN.

En el documento, las casas de cambio asociadas afirman que tienen el propósito principal de custodiar los intereses y objetivos diversos de todas y cada una de las entidades miembros del gremio, conforme a las leyes vigentes. “Aspiramos a ampliar el relacionamiento social solidario entre nuestros socios, fomentar el desarrollo cultural y técnico-administrativo y alcanzar estándares internacionales de excelencia en servicio al cliente”, remarcan.

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El código consta de 4 capítulos y en el capítulo 2 hablan sobre cómo trabajarán para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el respeto a la libre competencia, así como el respeto a la diversidad. “En las relaciones con sus clientes, ninguna entidad asociada, que forma parte de la asociación usará mecanismos o insinuaciones o afirmaciones directas o indirectas, que dañen la imagen de otra entidad asociada, no debiendo recurrir de ninguna manera, al descrédito o al maltrato de la competencia o de los clientes de ésta”, reiteran.