El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, concretaron la firma de un convenio interinstitucional en el marco del fortalecimiento de la administración entre ambas instituciones. El objetivo es potenciar la transparencia, la eficiencia y la capacitación en temas relacionados con el sistema electoral.

Con este convenio, se establece la implementación de planes, programas y la elaboración de proyectos de ley de interés común; además de capacitaciones y desarrollar actividades relacionadas o derivadas de las misiones institucionales respectivas.

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El presidente de Diputados, Raúl Latorre, destacó el rol y el trabajo realizado por el TSJE en los procesos electorales en el país. “La conducta de la Justicia Electoral siempre ha dado claridad y certeza en los resultados electorales, lo cual es fundamental para que se respete al ganador y se mantenga una paz. El TSJE ha sido una institución creíble que ha fortalecido los cimientos de nuestra democracia”, indicó.

Por su parte, el presidente de la máxima autoridad electoral, César Rossel, adelantó que se plantearán reformas técnicas que se irán elevando a la Cámara de Diputados. “Nosotros teníamos que presentar, o estaba en los planes de la Justicia Electoral, presentar unas reformas técnicas, así que lo vamos a canalizar directamente a través de la Cámara de Diputados, y trabajaremos en las capacitaciones y en todo lo que hace a las elecciones”, indicó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, de Diputados, Arnaldo Valdez, también se expresó sobre este convenio, manifestando que la comisión asesora trabajará en las propuestas que sean enviadas por la Justicia Electoral.

“Quiero manifestar mi contento y el contento de la Comisión de Asuntos Electorales por la firma de este convenio, atendiendo a que tenemos una labor intensa en los diferentes proyectos de leyes que se están impulsando al interior de la Cámara de Diputados”, apuntó.

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El Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Valores, emitió la resolución 0050/2024 que establece los requisitos y procedimientos obligatorios para el examen de idoneidad, inscripción y mantenimiento del registro de asesores bursátiles.

La misma constituye un paso fundamental para garantizar que los asesores que operan en el mercado de valores posean los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficaz y ética. Desde la banca, explican que la reglamentación establece el procedimiento para la realización de un examen de idoneidad antes de ingresar al Registro del Mercado de Valores.

Los interesados podrán inscribirse exclusivamente a través de la herramienta de registros y agentes, disponible en la página web de la banca matriz. Esta herramienta busca velar por la eficiencia y transparencia del proceso de registro relacionados al mercado de valores.

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En cuanto a la resolución, la misma estipula que el registro de los asesores bursátiles, tanto para nuevos inscriptos como para quienes ya forman parte del registro, tendrá una vigencia de cuatro años. Los asesores actualmente registrados no estarán obligados a realizar el examen de idoneidad hasta que expire el período de su registro actual.

Para la renovación, no se requerirá una nueva evaluación si el asesor demuestra una actividad continua en el mercado de valores, respaldada por documentación que avale dicha experiencia profesional. Asimismo, el examen de idoneidad se realizará con una frecuencia ajustada según la demanda, la cual será notificada mediante comunicaciones oficiales de la superintendencia.

Estas nuevas disposiciones apuntan a fortalecer la transparencia y profesionalización en el mercado de valores del país, consolidando un entorno financiero más seguro para todos los participantes. Para consultas respecto a la funcionalidad de la herramienta o soporte técnico, los interesados podrán contactar a la dirección de correo electrónico: sau@bcp.gov.py.

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Los diputados representantes de Misiones, Carlos Arrechea (colorado), y Arnaldo Valdez (liberal), dentro del marco de una comisión especial que estudia el conflicto territorial entre los distritos de San Patricio y Santiago del Departamento de Misiones, se reunieron con Fabián Almada, intendente de San Patricio y concejales departamentales.

Esta comisión especial busca hallar una solución a un problema con el que vienen tropezando los pobladores de ambos distritos, desde hace varios años. El diputado Arrechea mencionó que son aproximadamente 10 mil hectáreas las que se encuentran en disputa.

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De acuerdo a los datos recabados en los padrones antiguos de Santiago de las Misiones, figura que el territorio que reclama San Patricio siempre perteneció al distrito de Misiones. Sin embargo, no hay ni un documento o ley que avalen dichas aseveraciones.

La municipalidad de Santiago asevera que realiza inversiones en las compañías afectadas, pero que los lugareños pagan sus impuestos en la comuna de San Patricio.

“Esto se está volviendo más candente, y ya existen posiciones radicalizadas entre los pobladores de la zona, lo cual es preocupante, y por ende hay que solucionar lo antes posible para que esto no se agudice, porque esto es una bomba de tiempo”, dijo el diputado Arrechea.

El legislador misionero tambipen mencionó que ya tuvieron una reunión con las autoridades de Santiago, con el objeto de buscar un equilibrio y un consenso, de modo a encontrar una solución lo antes posible. “Es una situación que se viene arrastrando por más de 30 años; se originó cuando se creó la comunidad de San Patricio, no se estipularon los límites”, significó.

Agregó que, antiguamente, San Patricio era una compañía de Santiago, de la cual se independizó, pero que, lamentablemente, no se estipularon los límites.

En ese contexto, el intendente remarcó que, a través de este tipo de reuniones, tiene la esperanza de encontrar una metodología de solución, seguramente, por medio de una ley que pueda reparar los límites históricos.

“No buscamos rivalizar con nuestros vecinos, solo queremos encontrar un medio de solución, para que cada uno tenga lo justo, y sea un procedimiento equitativo por el bienestar de ambos distritos”, significó finalmente.

Para concluir, el parlamentario Carlos Arrechea, expuso que es el principio de una mesa de trabajo, de varias a las que se van a abocar, hasta encontrar una solución viable, justa, y equitativa.

“Si bien es cierto hay posiciones bien fuertes, bien marcadas, hay una muy buena apertura y predisposición de ambas partes para sentarnos a hablar respetuosamente con mucha tolerancia”, concluyó Arrechea.

Finalmente, anunció que en una próxima reunión fueron convocados representantes de la Dirección de Catastro, Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) y otras instituciones.

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El juez de sentencia Dario Báez expresó su temor ante las amenazas recibidas por parte del titular del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, quien con la finalidad de impedir el inicio de su juicio oral por los disturbios ocasionados frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tras las elecciones generales del 2023, alegó que terminaría “garroteándole” en la vía pública.

“Esto le conviene para seguir teniendo vida, ya que se venía apagando políticamente para tratar de llamar la atención. Me afecta las partes de las amenazas porque lo veo a él como una persona que dentro de este libreto que viene siguiendo realiza amenazas y las cumple. Hay varios antecedentes de agresividad de su persona hacia autoridades, sean policías, senadores y también ha realizado actos de violencia en no solo una oportunidad contra otros jueces y fiscales”, indicó.

El magistrado dijo a la 1080 AM que el líder Cruzada Nacional “tiene un libreto preparado, una semana antes nadie lo estaba recordando, estaba siendo rechazado por todos los grupos políticos”. Sostuvo que “evidentemente esta es su forma de vida porque viene manifestándose de la misma forma hace años y le resulta extremadamente positivo. Ya tuvimos una audiencia en julio y se había portado como un caballero porque no estaba un solo medio de prensa”.

El polémico dirigente esteño, imputado por perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia, también terminó insultando al magistrado calificándolo de “idiota, delincuente, corrupto, lavador de dinero y amigo de narcotraficantes”.

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Báez, quien terminó siendo recusado por el procesado, sostiene que el libreto de agresiones tiene como único fin obtener rédito político. “Cubas es bastante inteligente y vivo. La gente dice que se necesita un loco como Payo, pero no es loco bajo todo punto de vista si venimos analizando su comportamiento y las ganancias políticas que ha obtenido gracias a esas actuaciones como defecar en un juzgado, pegarla a un juez en una penitenciaría, hacer pintatas”, mencionó.

La acusación contra Cubas fue presentada en junio del 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del “TREP”.

Alega que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales. La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.

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