La Corte Suprema de Justicia (CJS) otorgó la admisibilidad del estudio de la inconstitucionalidad planteada por un grupo de 26 navegantes que apuntan a percibir a una jubilación que está por encima de lo que contempla la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional, aclararon que esto no significa que los extrabajadores marítimos ya vayan a percibir los haberes solicitados.

“Lo llamativo es que un grupo de 5 navegantes planteó la acción de inconstitucionalidad y la Corte le rechazó, lo mismo con otros dos navegantes, sin embargo, con los mismos argumentos de la misma resolución, a 26 navegantes sí le concedió la admisibilidad. Estamos estudiando cuál fue el criterio para que la Corte le diga que no a dos grupos, pero le diga que sí los 26″, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.

El IPS está elaborando una estrategia que apunta a plantear un recurso de reposición para dejar sin efecto la admisibilidad y rechazar in límine la resolución que data del 2016, la cual fue favorable para los navegantes. Lo que busca el instituto según explicaron, es que se anule dicha sentencia y que se vuelva a juzgar, dado que la previsional no fue parte del debate y no pudo argumentar ante la Corte el porqué no correspondía el pago solicitado por los trabajadores marítimos.

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La Carta Orgánica del IPS contempla que no se pueden pagar haberes por encima de los 10 salarios mínimos, lo que equivale actualmente a G. 29 millones. La pretensión de los navegantes es cobrar sus haberes por el monto que aportaron, lo que superaría ampliamente este tope reglamentado en la previsional.

“No es cierto que está habilitado para que ellos cobren, no es cierto que acá esto favorable para ellos y perjudicial para el IPS, es un simple trámite. Por el momento están cobrando de acuerdo a la Carta Orgánica”, dejó en claro Cubas ante la 1080 AM.

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En el 2013, 129 trabajadores marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Carta Orgánica que hablan sobre el tope máximo para el pago de haberes. Los navegantes argumentaron que ellos abonaron mucho más y querían jubilarse de acuerdo al salario que aportaron.

Tres años más tarde, en el 2016, se dictó una sentencia en contra del IPS y favorable para los demandantes y recién en el 2020 la previsional solicitó la nulidad de esta resolución. En el 2023 se dictó la caducidad en la acción de nulidad promovida por el IPS, la cual fue apelada y la Cámara dio la razón a la previsional.

Se emitió una resolución donde se establecía la prohibición de innovación, es decir, dispuso que no se le iba a otorgar una jubilación por encima de los valores establecidos en el marco legal, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Contra esa resolución los navegantes marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad, pero lo hicieron en tres grupos, a dos de estos les fue rechazado por parte de la Corte, sin embargo, tuvo la admisión de estudio para un grupo de 26 personas, lo cual es sorpresivo para la previsional.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alberto Mar­tínez Simón aguarda que las observaciones “objetivas e inteligentes” realizadas desde los gremios de escri­banos, notarios y represen­tantes campesinos sobre el proyecto de crear el Registro Unificado Nacional (RUN) sean atendidas por el Con­greso Nacional.

Señaló que su petición surge con la finalidad de lograr una normativa clara y aplicable que responda a la realidad económica del Paraguay y las expectativas ciudadanas. Indicó que el registro público es una pieza esencial para el desarrollo económico.

“El Registro Público acá y en cualquier parte del mundo es una pieza esencial para el desarrollo económico. Creo que el presidente Santiago Peña, cuando toma la inicia­tiva de unificar las institu­ciones por su perfil de econo­mista, habrá visto esto como una pieza esencial y decidió dar este paso trascendente”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emi­tido por el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El proyecto de ley que esta­blece la fusión de la Direc­ción General de los Registros Públicos, el Servicio Nacio­nal de Catastro, y el Depar­tamento de Agrimensura y Geodesia, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y será remitido próximamente a Diputados para su tratamiento.

“Con este sistema unificado, los trámites ahora se harán en un solo movimiento, sin la necesidad de pasar por varias instituciones. Estamos bus­cando que el sistema funcione mejor, sea más rápido y trans­parente, evitando los cuellos de botella y reduciendo la posibilidad de irregularida­des mediante la digitalización de los procesos”, comentó.

Señaló que el modelo del Registro Unificado Nacional se inspira en sistemas exito­sos de otros países, como el de Panamá, que destaca por su eficiencia y rapidez. Asi­mismo, Martínez Simón se hizo eco de las críticas pro­venientes de los diferentes gremios afirmando que desde la máxima instancia judicial ya se requirió un tiempo pru­dencial con el objetivo de ir ajustando la propuesta una vez sancionada y promulgada.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alberto Martínez Simón aguarda que las observaciones “objetivas e inteligentes” realizadas desde los gremios de escribanos, notarios y representantes campesinos sobre el proyecto de crear el Registro Unificado Nacional (RUN), sean atendidas por el Congreso Nacional.

Señaló que su petición surge con la finalidad de lograr una normativa, clara y aplicable que responda a la realidad económica del Paraguay y las expectativas ciudadanas. Indicó que el registro público es una pieza esencial para el desarrollo económico.

“El Registro Público acá y en cualquier parte del mundo es una pieza esencial para el desarrollo económico. Creo que el presidente Santiago Peña, cuando toma la iniciativa de unificar las instituciones por su perfil de economista, habrá visto esto como una pieza esencial y decidió dar este paso trascendente”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proyecto de ley que establece la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y será remitido próximamente a Diputados para su tratamiento.

“Con este sistema unificado, los trámites ahora se harán en un solo movimiento, sin la necesidad de pasar por varias instituciones. Estamos buscando que el sistema funcione mejor, sea más rápido y transparente, evitando los cuellos de botella y reduciendo la posibilidad de irregularidades mediante la digitalización de los procesos”, comentó.

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Señaló que el modelo del Registro Unificado Nacional se inspira en sistemas exitosos de otros países, como el de Panamá, que destaca por su eficiencia y rapidez. Asimismo Martínez Simón se hizo eco de las críticas provenientes de los diferentes gremios afirmando que desde la máxima instancia judicial ya se requirió un tiempo prudencial con el objetivo de ir ajustando la propuesta una vez sancionada y promulgada.

“Espero que las observaciones puntuales, inteligentes, objetivas de los gremios también sean escuchadas. Ojalá que no sea necesario (realizar cambios), pero si hace falta se deberá realizar una reforma legislativa por eso estamos pidiendo desde la Corte una vacatio legis, que se sancione y promulgue la ley, pero que todavía no entre en ejecución, sino hasta tiempo después con el fin de hacer los ajustes operativos”, puntualizó.

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Un intenso debate se realizó ayer en el Senado sobre el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional (RUN), que plantea la fusión de la Dirección General de Regis­tros Públicos, la Dirección de Catastro y el Departa­mento de Mensura y Geo­desia.

El debate se dio con la mediación de la Comisión de Hacienda y otras comisio­nes asesoras de la Cámara Alta, con la participación de los representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

Al término de la reunión, el ministro Eugenio Jiménez, de la Corte Suprema de Jus­ticia, dijo que recomienda la aprobación del proyecto que podría traer solución al con­flicto de la tenencia de tie­rras en el Paraguay.

“Yo creo que la propuesta es la correcta, creo que esto en algún tiempo va a ir solucio­nando uno de los más graves problemas que tiene nues­tro país, que es el problema de la tierra. Creo que la aprobación de este proyecto va a ser un paso muy impor­tante”, indicó el ministro de la Corte Suprema.

El senador Javier Zaca­rías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Cons­titucionales, se mostró muy satisfecho con el pro­yecto de Registro Unificado Nacional. Valoró la apertura al diálogo de sus autores e insistió en que es lo mejor para el país.

“Estamos contentos porque vemos con muy buenos ojos esta alianza estratégica. No se ve normalmente lo que hoy estamos viendo, ese diá­logo permanente para bus­car lo mejor para el país”, manifestó el senador.

Indicó que la implementa­ción del proyecto represen­tará la modernización del Estado y brindará seguri­dad jurídica a la inversión extranjera.

Por su parte la senadora Celeste Amarilla dijo que celebra el planteamiento. “Que sea un primer paso, que se había que hacer en algún momento, el desas­tre en titulación, tenencia y registros es insostenible, cualquier cosa que haga­mos espero que mejore, pero también puede empeorar”, agregó.