El senador nacional Abel González es uno de los propulsores del proyecto de ley “que declara en situación de emergencia a los departamentos de Concepción, Amambay, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay”, que prevé la ampliación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023.
González explicó que el proyecto tendrá varias modificaciones con el objetivo de asistir con mayor rapidez a la ciudadanía que se encuentra afectada por las recientes lluvias en los mencionados departamentos.
“Creemos que las modificaciones son convenientes por las ciudades que fueron afectadas por la lluvia. Cabe recordar que en un día llovió lo que llueve en un año y eso realmente causó mucho daño en ciudades que lindan con varios ríos”, dijo el senador González a la 800 AM.
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En ese sentido, señaló que parte de las modificaciones realizadas al documento incluye transferir la cantidad de dinero que será destinada a los departamentos, directamente a las gobernaciones. “La intención es que se administre en municipios afectados y no por la gobernación”, dijo.
Se habla de que cada provincia recibirá cerca de G. 7 mil millones y que mientras se direccione el dinero a cada municipalidad, la asistencia será rápida y eficaz, atendiendo a la situación de emergencia de cada ciudad.
“La senadora Blanca Ovelar también quería redireccionar los fondos a los municipios para que los recursos lleguen más rápido a la gente”, reiteró. El proyecto actualmente se encuentra en proceso de dictamen en el pleno de la Cámara de Senadores para su tratamiento y posterior aprobación con todas las modificaciones planteadas, según comentó el legislador.
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Proyecto antinepotismo no puede obviar propuesta ciudadana, sostiene Esperanza
La senadora Esperanza Martínez sostiene que los proyectos antinepotismo que serán analizados desde el Senado deberán incluir la propuesta ciudadana. El objetivo de la Cámara Alta es avanzar con una sola reglamentación, suficientemente abarcativa y que reúna cada falencia que se busca desterrar de la función pública.
“Si hay cuatro o 25 proyectos, quiere decir que todos tienen algo que aportar. Se deben tomar todas las ideas y de cada una se debe hacer algo mejor, algo más superador”, remarcó Martínez y animó a sus colegas a unificar proyectos.
Aparte de la versión aprobada en Diputados, existen otras propuestas de antinepotismo, entre ellas una presentada por los senadores Basilio Núñez y otra por Eduardo Nakayama. A estas se suma una elaborada por iniciativa popular, en la cual se contempla la figura de sanciones.
Para Martínez, la propuesta ciudadana podría brindar una complementación de suma relevancia, al tener en cuenta que la figura del nepotismo contará con sanciones más determinantes, ofreciendo de este modo reglas más claras en torno al ingreso y permanencia en la función pública.
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Ley antinepotismo
La senadora subrayó que no se puede obviar o dejar de lado las propuestas ciudadanas, las preocupaciones que expresan y también los aportes brindados. Reafirmó así la importancia de mantener un diálogo abierto con la sociedad civil para avanzar de manera conjunta.
Martínez destacó la importancia de materializar el proyecto antinepotismo, pero hacerlo luego de absorber cada uno de los factores planteados en las diferentes propuestas presentadas.
Desde el Gobierno se ha instalado una línea de trabajo prioritaria sobre una ley antinepotismo con reglas más claras. A este compromiso se sumaría el proyecto sobre la carrera en la función pública, que ya cuenta con modificaciones pertinentes elaboradas por el propio Ejecutivo.
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Hambre Cero: ¿cuáles son los 75 distritos que serán priorizados en la primera fase?
El gobierno de Santiago Peña, mediante el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), prevé implementar desde el mes de agosto la Ley Hambre Cero en las Escuelas tras concretarse este último miércoles su reglamentación. Inicialmente, la normativa solo establecía la cobertura previa en unos 22 distritos de 7 departamentos.
Luego de una nueva indicación del mandatario y tras un encuentro con gobernadores, se tomó la decisión de ampliar la lista de las zonas priorizadas, llegando a un total de 75 ciudades de todos los departamentos del país.
Las 75 localidades, incluyendo la capital del país, fueron seleccionadas conforme a los indicadores del mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística (INE), según explicaron desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), institución que tendrá a cargo la aplicación de la ley.
La nómina inicial se encuentra conformada por las localidades de Yrybucuá, Capiibary, Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro; Tembiaporã, R.I. 3 Corrales, Yhu, departamento de Caaguazú; General Higinio Morínigo, San Juan Nepomuceno, Moisés Bertoni, departamento de Caazapá; Azotey, Sargento José Félix López, Loreto, departamento de Concepción.
Siguen las ciudades de Caapucú, Mbuyapey, Ybycuí, departamento de Paraguarí; Villa Ygatimi, Yasy Cañy, Ypejhú, departamento de Canindeyú; Dr. Bottrell, Félix Pérez Cardozo, Yataity, departamento de Guairá; Puerto Casado, Carmelo Peralta, Fuerte Olimpo y Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay; Alto Verá, San Pedro del Paraná, Capitán Meza, departamento de Itapúa.
Asimismo serán beneficiados previamente los distritos de Isla Pucú, Mbocayaty del Yhaguy, Juan de Mena, departamento de Cordillera; Santa María, San Patricio, Ayolas, departamento de Misiones; Villa Oliva, Villa Franca, Alberdi, Pilar, departamento de Ñeembucú; Puerto Pinasco, General José María Bruguez, Tte. Esteban Martínez, José Falcón, Nanawa, Villa Hayes, Tte. 1.º Manuel Irala Fernández, Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.
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La lista sigue con las ciudades de San Antonio, Limpio, Luque, Guarambaré, Capiatá, San Lorenzo, Itá, Nueva Italia, Ñemby, Itauguá, Ypané, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Villeta, Ypacaraí, J. Augusto Saldívar, Areguá, Lambaré, Fernando de la Mora, departamento Central; Capitán Bado, Zanja Pytã, Bella Vista, departamento de Amambay; Juan E. O’Leary, Itakyry, Ñacunday, departamento de Alto Paraná; Mariscal Estigarribia, Loma Plata y Filadelfia, departamento de Boquerón, y Asunción.
Lo que establece la ley
La financiación correrá por cuenta del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y los beneficiarios del programa serán los estudiantes matriculados en los niveles de Educación Inicial, Educación Escolar Básica y Educación Media en instituciones educativas del sector público o privado subvencionado.
La alimentación escolar podrá estar conformada de una ración y/o la combinación de: desayuno, almuerzo, merienda, colación y/o cena, conforme a parámetros establecidos en el decreto presidencial. Se deberá dar cobertura a todos los días del año lectivo, desde el primer hasta el último día de clases, definido por el calendario escolar, establecido por el MEC.
Por otra parte, la normativa ejecutiva también estipula que para ciertos casos en los que predomine la escasez de oferta local se dará autorización para la sustitución de los productos de origen nacional por productos importados.
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Asisten a 3 departamentos afectados por el temporal
La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) identificó a Central, Ñeembucú y Misiones como departamentos más críticos que sufrieron el impacto del temporal, por lo que la ayuda estatal está siendo canalizada hacia estas zonas.
Uno de los distritos priorizados es Limpio, donde numerosas familias fueron desplazadas de sus viviendas por culpa del desborde del arroyo Itay. “Nosotros desde ayer (miércoles) estamos trabajando en la zona en coordinación con el intendente y ahora nos estamos yendo para asistirle a unas 52 familias que necesitan de colchones y frazadas primeramente en el barrio Nueva Esperanza”, señaló el ministro Arsenio Zárate.
En comunicación con el programa “Dos en la ciudad”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, dijo que en la noche del miércoles la SEN ya envió colchones y kit de víveres para las familias que fueron albergadas en el quincho del municipio de Limpio. “También hicimos un relevamiento ayer en la ciudad de Luque, que también fue afectada por la gran cantidad de lluvias caídas y que hizo que se inunden varios barrios”, indicó.
A su criterio los problemas surgen porque los ciudadanos escogen sitios no aptos para construir sus casas y son los primeros en ser alcanzados por los raudales. “La mayoría de nuestras poblaciones se instalan en los lugares bajos, que cuando llueve se junta agua. No respetamos prácticamente los cauces de agua y eso ocurre por una necesidad misma también de nuestra gente que se ubica en los lugares no recomendados para construir una vivienda”, remarcó.
El titular de la SEN consideró necesario realizar un trabajo coordinado con las municipalidades a fin de garantizar una asistencia oportuna a los afectados. “En Villa Florida hablamos con el intendente y el problema principal es que nadie quiere abandonar su lugar habitual. Otra situación se daba también en Coronel Martínez, ahí estuvimos recorriendo con el intendente y vimos cómo se colocan en la vera del río”, sostuvo.
Según los reportes tanto del Ministerio de Salud como la SEN, 2.204 familias fueron afectadas en el departamento de Ñeembucú, unas 35 familias proceden de Misiones y más de 50 familias en Central.
ALIMENTOS DISTRIBUIDOS DESDE AGOSTO
El Gobierno nacional, a través de la SEN, lleva distribuidos 1.200.000 kilos de alimentos para familias afectadas por situaciones de emergencia derivadas de fenómenos climáticos.
“Desde el 15 de agosto hasta la fecha el Gobierno del Paraguay ya distribuyó 1.200 toneladas de víveres, es decir, 1.200.000 kilos de alimentos, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional”, reportó este jueves el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, en comunicación con los medios del Estado.
Precisó que actualmente la asistencia se concentra en los departamentos de Ñeembucú, Misiones y Central, principalmente.
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Senadores coinciden en la necesidad de mayor control y regulación sobre criptominería
Este martes, se realizó una audiencia pública para estudiar el contenido del proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería.
Los senadores que participaron del encuentro, facilitado por iniciativa de varias comisiones de la Cámara Alta, coincidieron en la necesidad de apostar por un mayor control de la criptominería, facilitando un marco legal verdaderamente determinante que permita su regulación.
“Lo que hay que hacer es un marco regulatorio que sancione con mucha fuerza el robo de energía y decomiso total de la infraestructura de las empresas ilegales. Sería un trágico error castigar a las empresas legales”, remarcó el senador Enrique Buzarquis al respecto.
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El parlamentario solicitó a las comisiones suspender el tratamiento del proyecto en análisis y trabajar en otra propuesta legislativa que pueda garantizar la utilización de la energía eléctrica y que sea beneficioso para el Paraguay. Bajo este mismo parámetro ha coincidido el senador Eduardo Nakayama.
En la audiencia también participó Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, quien manifestó que se debe pensar qué tipo de marco normativo se necesita para las inversiones. “Debemos tomar políticas favorables y que el inversor se sienta seguro”, enfatizó el representante.
Uno de los factores cuestionados, por la falta de regulación, es que la utilización desmedida de energía eléctrica por parte de las criptominerías, pagando lo mínimo o incluso no abonando lo correspondiente, en otros casos. Por ello, se hace hincapié en un marco legal mejor constituido.
Así, se coincidió en la necesidad imperante de contar con una legislación que regule este sector desde el punto de vista financiero, aparte de permitir la aplicación de sanciones severas para aquellos que sustraen energía eléctrica de manera clandestina, estableciendo un sistema más controlado.
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