La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), liderada por Horacio Cartes, dio curso favorable al proyecto de modificación de artículos de su Código de Ética con el fin de castigar a sus candidatos a cargos públicos que transgredan las disposiciones establecidas en la legislación nacional referente al financiamiento político, la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los cambios fueron planteados por el Tribunal de Conducta de la agrupación tradicional ya con miras a las elecciones municipales previstas para el 2026 y las presidenciales en el 2028. Las nuevas sanciones serán aplicadas únicamente por el citado órgano y sus resoluciones serán apelables ante una convención ordinaria.

Indica que las sanciones solo serán impuestas con la observancia de las garantías del debido proceso. Las modificaciones se centran específicamente en el artículo 12 en donde se establece que el afiliado candidato en internas o en representación del partido será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del partido.

El articulado señala además que la multa será calculada en base a las normas reglamentarias emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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Otra de las modificaciones aprobadas por los miembros de la junta se centra en el artículo 13 del Código de Ética donde se sostiene que el afiliado sancionado que reincidiere en la trasgresión prevista en el artículo anterior será suspendido en sus derechos de afiliado por un plazo de hasta 5 años, previo procedimiento sumario ante el Tribunal de Conducta.

También fue modificado y aprobado el artículo 14 el cual indica que el afiliado candidato que reitere la conducta prevista en los artículos 12° y 13° de este código será pasible de expulsión de los registros del partido. La misma pena será impuesta al afiliado que incumpliere la resolución emanada del Tribunal de Conducta, proveniente de los dos artículos citados. En ambos casos para la imposición de la sanción se deberá seguir el procedimiento sumario.

“A partir de la aprobación y la firma del acta que ocurriría en días sucesivos, ya entra en vigencia plena dentro del Partido Colorado como régimen disciplinario”, manifestó el abogado y apoderado de la nucleación política, Wildo Almirón.

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El analista político Mario Paz Castaing aseguró que este martes se desarrollarán unas reñidas elecciones entre la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, y el republicano Donald Trump, quien busca su reelección a la presidencia de los Estados Unidos. Agregó que los comicios se realizan en medio de una fuerte y agudizada polarización.

“Llegó finalmente el super martes para terminar con los comicios que se iniciaron hace varias semanas con más de 76.000 millones de votos ya emitidos por correo o en forma presencial. Se espera que hoy haya una participación importante”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Castaing acotó: “Esto es una puja histórica en cuanto a lo pareja y empatada que está según las encuestas y hasta las propias casas de apuestas que mantenían una leve ventaja a favor de Donald Trump, pero aparentemente esta ventaja quedó más pequeña. La moneda ya está en el aire”.

En cuanto al desempeño de Harris, quien tomó la posta en julio pasado tras la declinación del saliente mandatario Joe Biden, quien tiró la toalla en su intento por conseguir un segundo mandato, Castaing afirmó que “Harris supone la continuidad de un modelo. A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Partido Demócrata tuvo una campaña muy acerosa, accidentada, pero la remontó y vamos a ver hasta dónde llegará, si producirá el efecto de llevar a la Casa Blanca a la primera mujer en la historia de los Estados Unidos”.

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Biden, de 81 años, había tomado la decisión de declinar su candidatura presidencial des­pués de semanas de especu­laciones sobre su capacidad física y su agilidad mental para encarar unas elecciones, sumiendo en ese momento al Partido Demó­crata en la incertidumbre.

Por otro lado, Castaing manifestó que América del Sur en general no aparece en la agenda prioritaria de los Estados Unidos en ninguna de las dos campañas o candidaturas. “Si vamos a mirar estrictamente, hasta ahora la política de Estados Unidos hacia la región fue mirando sus propios intereses afectados por el crimen organizado y la presencia de China que tuvo un avance muy significativo en Argentina, Brasil, Uruguay”.

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“Si uno entierra a su hijo, ahí termina el calvario. Yo, por ejemplo, cuando entierre a mi hijo sabré dónde está, podré ir a visitar esa tumba, y estaré en paz, pero nosotros hasta hoy nunca podemos hacer algo así, porque hasta ahora no sabemos dónde están los restos de mi hijo, o si está vivo o muerto”, reflexiona dolida la madre de Edelio Morínigo, doña Obdulia Florenciano, en conversación con La Nación / Nación Media.

Esa es la realidad que ella vive, una realidad dolorosa. Su indignación es entendible porque un día como hoy, hace dos años, Carmen Villalba, la mujer considerada miembro clave del grupo criminal autodenominado como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), tuvo el privilegio de dar el último adiós a su hermano Osvaldo Villalba, líder del EPP. Recordemos que este grupo criminal es el responsable de varios secuestros en nuestro país, de los cuales, de tres víctimas no se sabe nada: Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis.

Osvaldo Villalba, junto con Luciano Argüello y un hombre indígena con el alias de Simón, fue abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta en el marco de un operativo que se realizó el domingo 23 de octubre del 2022, en Cerro Guazú, departamento de Amambay. Tras la autopsia correspondiente, el cuerpo fue entregado a los familiares y ese 25 de octubre de 2023, el féretro llegó hasta la intersección de las avenidas Mariscal López y Choferes del Chaco, paralizando no solo tránsito asunceno sino la tarde paraguaya.

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Tras la negativa de las autoridades de que la reclusa Carmen Villalba pueda salir para participar de la inhumación de su hermano, por ser considerada presa peligrosa, comenzó el trabajo de los abogados para que el féretro pueda ingresar a la penitenciaría. Los abogados como de la familia Villalba comenzaron a presionar para que se diera el ingreso de los restos del líder del EPP a la cárcel del Buen para que Carmen pueda despedirse de su hermano.

El ingreso inmediato se vio truncado y empezó el ir y venir de manera casi circense del féretro que se “paseó” entre el cementerio de la Recoleta hasta el portón de ingreso del centro de reclusión, en más de una ocasión, en medio de gritos de familiares y bocinazos.

A la confusión ciudadana por el cierre de las arterias, las altas temperaturas, los gritos de familiares, se sumó una amenaza de motín por parte de algunas reclusas. Tras esto se activaron las alarmas de las autoridades del Ministerio de Justicia y autorizaron el rápido despliegue de seguridad, que terminó por completar el escenario de esta atípica jornada de la historia nacional.

Si bien inicialmente las autoridades del Ministerio de Justicia se negaron y parecían que mantendrían la negativa para evitar el acceso del féretro, posteriormente, y tras la presión, decidieron doblegarse y acceder a la petición de Carmen Villalba y los abogados de la familia. Así, permitieron que el féretro acceda por varios minutos al penal del Buen Pastor, para posteriormente dirigirse en medio de una breve caravana hasta el cementerio de la Recoleta.

El hecho generó una indignación generalizada debido al poder que demostraron seguir ejerciendo los Villalba sobre las autoridades en ese momento. El EPP hasta el día de hoy tiene en su poder a tres secuestrados: al oficial Edelio Morínigo, al exvicepresidente Óscar Denis y al ganadero Félix Urbieta, además de cargar con la muerte de varias personas.

Los comentarios en redes sociales fueron tajantes en contra de permitir que una reclusa de alta peligrosidad pueda acceder a un privilegio tal, con mínimas medidas de seguridad y casi sin previa preparación. Autoridades de diferentes estamentos se pronunciaron desaprobando la manera en que el gobierno de Mario Abdo Benítez actuó en ese momento.

Nada fue más doloroso como ver el rostro de desconcierto de los familiares de quienes aún no han regresado a sus hogares por ser víctimas del EPP y que siguen esperando dar un abrazo, o quizás, una despedida a su ser querido.

“Hoy murió la razón, cuánto dolor me causas, mi querido Paraguay; en estos casos vale la pena que nuestro mensaje llegue fuerte y claro a aquellas mentes abiertas y empáticas que puedan sentir nuestro dolor y nuestra desazón. Les pedimos que escuchen nuestro mensaje, hoy murió la razón, el sentido común, el deseo de hacer bien las cosas y de buscar la paz”, era parte del mensaje que daba una desconsolada Lilian Urbieta, a quien se la veía sola en una mesa clamando por un poco de empatía.

Durante este discurso, miles de paraguayos vieron a una hija que sigue esperando a un padre que le fue arrebatado, una mujer que clamaba por Justicia, por una respuesta, una joven paraguaya que, al igual que muchos, era víctima. Y ese día sintió que no estaba al mismo nivel que una mujer condenada por crímenes graves en contra de sus propios compatriotas, quien sí tuvo el privilegio de decir adiós a su familia.

Con la noche de por medio y ya luego de las decisiones políticas, como la destitución de quienes permitieron el acceso del féretro de Osvaldo Villalba al penal del Buen Pastor, las hijas del expresidente Oscar Denis brindaron una declaración pública, no menos dolorosa que la de cualquier otro familiar, víctima de un grupo armado que mantiene en zozobra a familias inocentes y, aún así, continúan actuando a su voluntad.

“El golpe de ayer para nosotros fue muy duro, nos dieron una bofetada más y bastante fuerte. Hoy nos levantamos de nuevo porque esa es la lucha, en cada caída volver a levantarse, en cada golpe volver a luchar, resistir. Hoy nuevamente de pie y con más fuerza aún para exigir al Gobierno resultados, que es que vuelvan los tres”, indicó Beatriz Denis.

Hoy, a dos años de aquel suceso que marcó la historia de los secuestros en nuestro país, la búsqueda de estas tres personas continúa activa por parte del gobierno. Actualmente existe una recompensa millonaria aprobada por el presidente Santiago Peña por información certera que permita localizar a los integrantes del citado grupo criminal.

Recientemente, las hermanas Carmen y Laura Villalba fueron trasladadas de penitenciaría y guardan reclusión bajo el régimen de máxima seguridad en la cárcel de Minga Guazu, donde reciben apenas dos horas al día de receso vigilado y a solas fuera de celda.

• Osvaldo Villalba fue abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta durante un operativo en Cerro Guazú, el domingo 23 de octubre del 2022.
• El martes 25 llegó su féretro hasta el Buen Pastor para que su hermana Carmen Villalba, recluida en el lugar, pueda darle el último adiós.
• La intención clara tanto de los abogados como de la familia Villalba era que se diera el ingreso de los restos del líder del EPP de manera inmediata, pero esto no pasó.
• Tras varios minutos de resistencia por parte de las autoridades, y tras una amenaza de motín, finalmente ingresó el féretro al Buen Pastor, causando una oleada de indignación ciudadana y el dolor inconmensurable de los familiares de víctimas de secuestro que aún no volvieron.

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La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.

Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.

Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.

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