Este lunes se reunió la mesa directiva del Senado con el fiscal general del Estado, así como con ministros de la Justicia Electoral, con el fin de organizar el despliegue electoral de cara al 30 de abril y abordar otros temas con respecto al funcionamiento del Ministerio Público. La senadora Georgia “Nani” Arrúa manifestó sobre el punto que varios senadores solicitaron mayor seguridad electoral y transparencia con el fin de evitar el desarrollo de otros hechos de fraude en los comicios.

“Hay una firme decisión de todos los actores políticos y las instituciones que participaron de la reunión para iniciar una campaña de prevención de los hechos punibles, desarrollando también una campaña de concientización. Esto debido a que mucha gente los comete, pero no se desarrolla ninguna acción sobre el tema porque están completamente naturalizadas, como pasa con la compra de cédulas”, determinó la congresista.

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Con esto también se apelará a la legitimidad necesaria que requieren cada uno de los candidatos para dar garantías de la preferencia popular que primará tras las elecciones. Remarcó además que lo esencial con este tipo de procesos es que ya no exista ningún tipo de cuestionamientos sobre la elección de un candidato, tras la serie de denuncias de fraude electoral que surgieron luego de las elecciones internas.

Con respecto a las condenas por hechos de delitos electorales, la parlamentaria indicó que solicitaron un poco más de severidad por parte del titular de la Fiscalía, de cara a las elecciones presidenciales de abril. En cuanto a la realidad presupuestaria del Ministerio Público, la senadora Arrua informó que se habló sobre el tema con el fiscal general, expresando así que desde el Senado se trabajará en la provisión de un presupuesto digno y con el cual puedan elaborarse mayores y mejores labores.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, refirió que una de las prioridades consiste en la correcta organización de los comicios presidenciales, atendiendo el rol del Ministerio Público en lo referente a las garantías electorales. Para ello, dispusieron la posibilidad de que se ubique cada agente fiscal en los recintos electorales a fin de otorgar el acompañamiento requerido para cada caso.

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