La misión de observadores electorales de la Unión Europea, designada para cubrir el proceso electoral del próximo 30 de abril, inició sus actividades con la llegada de analistas del equipo central, quienes mantuvieron reuniones con autoridades de diversas instituciones estatales.
La misión está encabezada por Tania Marqués, quien junto con el embajador de la Unión Europea en Paraguay, Javier García, mantuvieron encuentros con autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la Corte Suprema (CSJ) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Estos encuentros permitieron que la misión europea pueda adentrarse sobre los preparativos que llevan adelante las instituciones mencionadas de cara a los comicios generales, esto teniendo en cuenta que faltan menos de 50 días para el desarrollo de las mismas.
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Además de los observadores de la Unión Europea, unos 20 expertos independientes ya se encuentran en Paraguay coordinando acciones de observación y se estima que en total unos 28 especialistas vendrían a nuestro país el próximo 27 de marzo con la misión de constituir equipos de dos personas por grupo y llegar a todos los departamentos del país.
Gabriel Matto, jefe de la misión y diputado europeo, llegará a nuestro país entre el 30 de marzo y el 1 de abril próximo. Además de esto, en la semana previa al desarrollo de los comicios, llegará otra delegación de 40 observadores de corto plazo y un equipo de parlamentarios de la Unión Europea.
Las elecciones del 30 de abril representarán la tercera elección general que contará una misión de la Unión Europea, esto gracias a las experiencias registradas en los comicios del 2013 y 2018. En el informe realizado respecto al último proceso electoral y este sentido los delegados se pronunciaron a favor del tratamiento de una reforma electoral, esto con el objetivo de “resolver las ambigüedades e inconsistencias de algunas disposiciones legales relativas al proceso electoral”, según indica el documento.
También se recomendó la inclusión de las internas bajo el control de la ley de financiamiento político, así como la posibilidad del recuento de votos en caso de discrepancias en las actas de resultados, que aumentaría la transparencia y la credibilidad de los resultados electorales.