La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), liderada por Horacio Cartes, dio curso favorable al proyecto de modificación de artículos de su Código de Ética con el fin de castigar a sus candidatos a cargos públicos que transgredan las disposiciones establecidas en la legislación nacional referente al financiamiento político, la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los cambios fueron planteados por el Tribunal de Conducta de la agrupación tradicional ya con miras a las elecciones municipales previstas para el 2026 y las presidenciales en el 2028. Las nuevas sanciones serán aplicadas únicamente por el citado órgano y sus resoluciones serán apelables ante una convención ordinaria.

Indica que las sanciones solo serán impuestas con la observancia de las garantías del debido proceso. Las modificaciones se centran específicamente en el artículo 12 en donde se establece que el afiliado candidato en internas o en representación del partido será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del partido.

El articulado señala además que la multa será calculada en base a las normas reglamentarias emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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Otra de las modificaciones aprobadas por los miembros de la junta se centra en el artículo 13 del Código de Ética donde se sostiene que el afiliado sancionado que reincidiere en la trasgresión prevista en el artículo anterior será suspendido en sus derechos de afiliado por un plazo de hasta 5 años, previo procedimiento sumario ante el Tribunal de Conducta.

También fue modificado y aprobado el artículo 14 el cual indica que el afiliado candidato que reitere la conducta prevista en los artículos 12° y 13° de este código será pasible de expulsión de los registros del partido. La misma pena será impuesta al afiliado que incumpliere la resolución emanada del Tribunal de Conducta, proveniente de los dos artículos citados. En ambos casos para la imposición de la sanción se deberá seguir el procedimiento sumario.

“A partir de la aprobación y la firma del acta que ocurriría en días sucesivos, ya entra en vigencia plena dentro del Partido Colorado como régimen disciplinario”, manifestó el abogado y apoderado de la nucleación política, Wildo Almirón.

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El director de financiamiento político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, afirmó que la falta de registro de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dificulta la trazabilidad (origen del dinero) y el control del financiamiento político partidario.

El funcionario electoral participó en la primera reunión de la Comisión Conjunta de Investigación de Antilavado del Congreso, en la que analizaron las dificultades y desafíos para monitorear el financiamiento político desde las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales.

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Ruíz Díaz subrayó la complejidad del tema abordado debido a las múltiples etapas y ámbitos que involucra, por lo que no se descarta que esta no será la primera vez que sea citado por los legisladores para hablar sobre el tema. Indicó que los parlamentarios formularon varias consultas, las cuales respondieron de acuerdo al conocimiento que tienen y el análisis que vienen realizando a las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones políticas.

Aclaró que hasta la fecha no se ha identificado ninguna ONG que haya financiado directamente alguna campaña política o candidato en las últimas elecciones. Sin embargo, la conversación reveló que aún persisten preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que individuos asociados a las ONG puedan financiar campañas a título personal.

“Producto de las verificaciones que hemos realizado no pudimos identificar a la fecha la existencia de alguna ONG que haya aportado a alguna candidatura, porque el trabajo continúa. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber es quiénes integran las ONG, porque como organización tal vez no realicen los aportes, pero pueden realizar a través de una persona física”, remarcó.

No obstante, lamentó que no exista un registro de las personas que integran estas oenegés, ya que “no es como un partido político que cuenta con afiliados. Por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, explicó.

Mencionó el caso de la Organización Alma Cívica, vinculada a Soledad Núñez, que se había postulado como candidata a vicepresidenta en la chapa por la Alianza; además su esposo Bruno Defelippe se había presentado como candidato a senador. Esta misma organización había solicitado ser parte de las elecciones como observadores electorales nacionales, por lo que desde la Justicia Electoral al detectar esta situación decidió negarle el derecho a llevar el control electoral.

“Ahora de que se financie con el dinero de la ONG, claro que está mal y prohíbe el artículo 68. Lastimosamente, no existe un registro de quiénes son los que integran las comisiones directivas de las diferentes organizaciones sin fines de lucro; por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, acotó.

Por otra parte, indicó que no solo se debe pensar en el financiamiento político, ya que ni bien exista dinero proveniente de hechos ilícitos fácilmente podría permear en cualquier estrato social y en cualquier etapa. Y la política tal vez sea la última, ya que elecciones se tiene cada cierto tiempo. “Por ello es importante que todas las instituciones del Estado trabajen en conjunto para llevar adelante los controles”, enfatizó.

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El senador Dionisio Amarilla, quien pre­side la Comisión Con­junta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimo­nio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, ini­ció la primera reunión que se enfoca en evaluar a las orga­nizaciones no gubernamen­tales (oenegés) y el financia­miento político.

Amarilla explicó que el obje­tivo es ver si sus fondos han permeado a alguna candida­tura en las últimas eleccio­nes, así como conocer el ori­gen de los mismos.

La reunión fue convocada de forma reservada y la pri­mera institución llamada fue la del Ministerio Público, que está siendo represen­tada por la fiscala adjunta Matilde Moreno. En la jor­nada también estaba pre­vista la participación de las autoridades de la Seprelad, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electo­ral y la Superintendencia de Bancos.

Al respecto, el parlamentario comentó –previo inicio de la sesión– que los miembros de esta mesa de trabajo no cuen­tan con indicios para acusar a alguna oenegé en particular, pero sí hay ciertos datos que están llamando la atención. Es por eso que han decidido iniciar el trabajo con este enfoque, atendiendo a que están comenzando a recibir las primeras informaciones que son datos relevantes que deben ser analizados.

Aclaró que si la Comisión Conjunta, que es de carácter temporal, tuviese alguna sospecha en particular, tal vez ya hubieran focali­zado la investigación hacia alguna oenegé en particu­lar. Al respecto, indicó que tienen conocimiento que existe en el país unas 13.000 oenegés.

“Estamos recabando infor­mación, hay datos relevan­tes que más adelante pueden generar cierta preocupa­ción, teniendo en cuenta que hay ciertos requerimientos como formalizar sus docu­mentaciones. Los primeros reportes nos indican que esa no es la particularidad de las asociaciones y fundacio­nes”, acotó.

Del mismo modo, el senador Amarilla señaló que si esta comisión conjunta fuese una comisión “garrote”, como ciertos medios de prensa buscan instalar, indicó que iniciarían acusando direc­tamente y esa no es la fun­ción de esta mesa de trabajo.

“Se está recabando infor­mación, se están desme­nuzando todas las aristas posibles y posteriormente se producirá un relato o documento oficial que será sometido primeramente a consideración de los integrantes de la comisión y posteriormente a los res­pectivos plenos y serán estas instancias las que determinen el siguiente paso a seguir, por supuesto con recomendaciones de los que integramos la comi­sión”, explicó.

Respecto a los ejes que se determinaron como línea de trabajo, el senador Amarilla señaló que en una segunda etapa estarán analizando el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema finan­ciero. El tercer eje de trabajo tiene que ver con el lavado de activos proveniente de acti­vidades ilícitas.

El legislador indicó que en este ámbito se estarán ana­lizando todos los casos, no solo el reciente que involucra al diputado Eulalio Gomes, sino también los casos que tomaron notoriedad pública, como el caso del dinero de la Conmebol, el caso del presunto narco Luis Car­los da Rocha, alias Cabeza Branca, y el de los bancos Zeta y Atlas.

“Con el correr del tiempo, veremos si nos da para ana­lizar cada caso, porque esta comisión es temporal y es cortísima. Esta es una tarea adicional, no paga horas extras, y estaremos haciendo el trabajo con­forme al tiempo que dispon­gamos”, indicó.

El senador Gustavo Leite informó que el plenario de la CBI aceptó incluir el caso de Lalo Gomes y será analizado en su momento. Nota mediante, se enviarán pedidos de informes a la Fiscalía para que remita detalles de los casos de lavado de dinero como la situación del proceso y algunos datos estadísticos.

Resaltó que la titular de Seprelad remarcó la necesidad de contar con una ley que permita el control del dinero que reciben las oene­gés, el origen de los mismos y el destino que reciben.

Leite indicó que el camino se está haciendo con la ley sobre transpa­rencia de los fondos de las oenegés y que ya cuenta con media sanción en el Senado. Cristian Ruiz Diaz, director de financiamiento político de la Justicia Electoral, confirmó que ha habido una oenegé que ha inten­tado controlar parte del proceso electoral teniendo como parte de su plantel directivo a un candidato, situación que no corresponde.

Culminó la primera reunión de Comisión Conjunta de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, con la fiscal adjunta Matilde Moreno; autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Superintendencia de Bancos.

El senador Gustavo Leite, fue el vocero de la reunión que se desarrolló a puertas cerradas y detalló sobre los temas que fueron abordados con las autoridades, sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el financiamiento político en campañas electorales. Al respecto, indicó que desde la Justicia Electoral se confirmó que una ONG intentó controlar el proceso electoral, teniendo como candidato a uno de sus directivos.

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“El director de Financiamiento político del Tribunal Superior de Justicia Electoral nos confirmó que ha habido una organización sin fines de lucro que intentó controlar parte del proceso eleccionario, teniendo como candidato a uno de sus directivos, cosa que no corresponde, y cosa que debe ser subsanada”, sostuvo el senador en conferencia de prensa.

Leite indicó que el camino se está haciendo con la ley que tiene media sanción sobre transparencia de los fondos de la ONG sancionada por Senado, teniendo en cuenta que, de acuerdo a un informe del Ministerio de Economía, apenas la mitad de las organizaciones sin fines de lucro informan a quien les dan su dinero.

“Eso fue levantado también como un problema potencial por la Justicia Electoral, quiere decir que la media sanción que el Senado le dio a la ley de trasparencia y control de la Organizaciones sin fines de lucro es acertada, viene en su momento, es requerida por las autoridades que controlan el lavado de dinero”, señaló.

Resaltó que la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, ha remarcado la necesidad de contar con una ley que permita el control de la plata que reciben las ONG origen y destino. Además se solicitó informes a la Seprelad sobre las causas abiertas en el marco del lavado de dinero.

“En el caso de la ministra de Seprelad, nos ha ultraconfirmado la necesidad de una ley que controle la plata que utilizan las organizaciones sin fines de lucro. También le hemos pedido a Seprelad los ratios de informes de inteligencia versus carpetas y resultados de Fiscalía, necesitamos saber cómo están actuando las instituciones que se ocupan de evitar que haya lavado de dinero”, indicó.

Finalmente, refirió que la comisión bicameral seguirá trabajando para que la ciudadanía pueda confrontarse a la verdad a través de esta mesa de trabajo.

“Vamos a seguir trabajando en las próximas sesiones con otros representantes importantes, les adelanto que las informaciones que estamos recabando y recibiendo, recién están empezando a llegar. Estamos muy contentos de haber asumido este desafío, creo que la ciudadanía va confrontarse con la verdad a través de nosotros”, sentenció.

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