El abogado laboralista Robert Marcial González indicó que la decisión del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, de dejar sin efecto los últimos nombramientos y ascensos en el Ministerio Público es un “mensaje simbólico” de modo a construir la confianza al asumir en dicha cartera.
“Categóricamente puede hacerlo, él tiene la potestad y ese fue un mensaje simbólico en términos de construcción de confianza de fortalecimiento institucional que se le exigió al fiscal general del Estado, celebramos que lo haya hecho”, expresó el abogado en comunicación con la 1080 AM.
González explicó que si bien el hecho de anular todos los nombramientos y ascensos que se dieron entre diciembre 2022 y enero del 2023 puede dar lugar a reclamos, este tipo de medidas no radican en disposiciones irregulares.
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“Para garantizar que ‘la escoba nueva barre bien’ es necesario que se tomen este tipo de medidas, así que no hay nada irregular en eso y si alguien eventualmente se siente afectado tendrá la posibilidad de hacer notar que en su caso concreto la decisión del fiscal general no corresponde y se revertirá seguramente”, detalló.
No hay derecho adquirido
El abogado aseguró que la determinación de Emiliano Rolón no afecta a los derechos adquiridos de los funcionarios. “En primer lugar está en juego la estructura pública, el dinero que todos contribuyen para darle sostenibilidad al funcionamiento burocrático, nadie puede invocar derechos adquiridos”, aseveró.
González añadió que tampoco se perjudicó al funcionariado, ya que ninguno quedó sin trabajo, solo fue darle “marcha atrás” a una reciente disposición y no una descategorización. Indicó que los nombramientos y ascensos deben darse de forma transparente en todas las instituciones y este tipo de acciones dan muestra de una búsqueda de esa garantía dentro del Ministerio Público.