“Estamos decididos a implementar esto y avanzar lo más rápido posible, con pasos certeros”, refirió el ministro del Interior, Federico González. Foto: Gentileza.
Autoridades analizan implementar uso de tobilleras electrónicas de control
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Esta tarde se realizó una reunión interinstitucional en el Ministerio del Interior para analizar la Ley Nº 5863/2017 “Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control” y su modificatoria, la Ley Nº 6345/2019. La implementación del uso de estos dispositivos electrónicos de control busca descomprimir la superpoblación penitenciaria.
El ministro del Interior, Federico González, tras la reunión mencionó que se analizaron “diversas alternativas y posibilidades reales” para implementar el uso de estas tobilleras de control en la brevedad posible. “Estamos decididos a implementar esto y avanzar lo más rápido posible, con pasos certeros”, refirió.
Asimismo, tras ser consultado por el presupuesto para la ejecución de la mencionada ley, el ministro Federico González respondió que esa era una dificultad por la cual no se podía implementar la ley. Además agregó que se está trabajando en eso, ya que presupuestariamente no está previsto. “Estamos viendo cómo subsanar eso”, mencionó.
La ley de las tobilleras electrónicas está vigente desde el año 2017, la cual sufrió una modificación en el año 2019; su objetivo principal es reducir la población penitenciaria. Esta ley se implementaría en personas procesadas o privadas de libertad que reúnan los requisitos. “Con esta ley queremos dar alivio al sistema penitenciario”, afirmó Federico González
Asimismo, el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, opinó al respecto tras la conclusión de la mesa de diálogo: “Me parece interesante esta propuesta del Ejecutivo. Las libertades condicionales y salidas transitorias podrían ser controladas con esto”. Rolón agregó que la saturación de las cárceles obliga a buscar soluciones.
Las autoridades que asistieron a la reunión fueron las cuatro mencionadas en la ley, que son la Corte Suprema de Justicia, el ministerio del Interior, la Fiscalía General de Estado, y el Ministerio de Justicia. Además asistieron autoridades involucradas en la implementación, como la Policía Nacional, Contrataciones Públicas y Mitic.
El senador Gustavo Leite fue claro en que todos los fondos utilizados en nombre del Estado, deben ser transparentados a la ciudadanía. Foto: Captura de pantalla
Con ley de Transparencia de ONGs ponen el ojo en millonarios fondos para excelencia de la educación
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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.
Unidad de Investigación Nación media
“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.
¿Qué es el FEEI y cuál ha sido su impacto?
El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.
Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.
Educación en crisis
A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.
Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
USD 800 millones en proyectos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación bajo lupa, tras promulgación de Ley de Transparencia de ONGs. Foto: Gentileza
El desafío de la transparencia
El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.
El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.
Un tema de interés nacional
La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.
El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.
El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.
De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.
Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.
Las tobilleras electrónicas son una herramienta de control a fin de evitar que personas ingresen innecesariamente al sistema penitenciario. Foto: Archivo/AFP
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que están expectantes a la licitación de las tobilleras electrónicas, puesto que será un elemento clave para evitar la superpoblación penitenciaria y en este sentido dijo que también existe un trabajo junto con la Corte Suprema de Justicia de modo de buscar alternativas a la prisión.
“Ya estamos próximos a implementar los brazaletes electrónicos. Tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, hace un par de días porque por fin los procesos de llamado a licitación y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa para la adquisición de estos dispositivos están destrabados y estamos próximos a la adjudicación”, detalló a la 650 AM.
Una vez que se cuente con estos dispositivos, serán puestos a disposición de los juzgados de modo que se conviertan en una herramienta más de control y un mecanismo de evitar que ingresen personas innecesariamente al sistema penitenciario. En esta línea, resaltó el trabajo que se está realizando con el Poder Judicial.
Diputados rusos buscan prohibir la promoción de un estilo de vida “sin hijos”
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Los diputados rusos adoptaron ayer jueves en primera lectura una legislación que prohíbe promover una vida sin hijos, con el telón de fondo de una crisis demográfica que se ha empeorado con el conflicto en Ucrania. La normativa fue adoptada por unanimidad, según una retransmisión en directo del voto en la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso. El proyecto de ley aún debe ser votado en segunda y tercera lectura.
“Una familia fuerte ha sido proclamada valor tradicional” en Rusia en 2022, subrayan los autores del texto en una nota explicativa. Entre los que firmaron el proyecto figuran la presidenta del Consejo de la Federación (Cámara Alta), Valentina Matvienko, y el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin.
“Una de las amenazas a los valores tradicionales es la promoción en la sociedad rusa de la ideología de no tener hijos, que conduce al deterioro de las instituciones sociales (...) y crea circunstancias para la despoblación”, escribieron.
Según ellos, varias comunidades y grupos en línea promueven este modo de vida e increpan a “los que se dan cuenta de su necesidad de ser madre o padre”. Los autores defienden, por ende, “crear un mecanismo de defensa de los valores tradicionales” y proponen prohibir la promoción de modos de vida sin hijos en internet, medios, películas y comerciales.
Según Volodin, que presentó la iniciativa a finales de setiembre, una persona física se enfrentaría a una multa de 400.000 rublos (unos 4.300 dólares), un funcionario el doble y una persona moral a cinco millones de rublos (51.000 dólares). “No debe haber propaganda que presione a las mujeres para que tomen la decisión de tener un hijo. Es lo que ocurre en Estados Unidos y Europa”, aseguró Volodin en Telegram tras el voto.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho de la defensa de los llamados valores “tradicionales” una de sus políticas, en oposición a lo que denuncia como la “decadencia” occidental. Desde su llegada al Kremlin en 2000, el dirigente se ha fijado como prioridad frenar la crisis demográfica de Rusia, una herencia de la era soviética, pero nunca lo ha conseguido.