El Senado elaboró un dossier con 18 casos considerados “emblemáticos” que a criterio de algunos legisladores estarían “durmiendo” en el Ministerio Público y entregaron a Emiliano Rolón, quien el próximo 10 de marzo asume el cargo de fiscal general del Estado. Llamativamente, en el documento no aparecen dos causas claves, incluso señaladas en el informe de Gafilat que tienen que ver con lavado de dinero. Uno tiene que ver con la supuesta participación de entidades financieras, entre ellas el banco Atlas del grupo Zuccolillo, que otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones al tractorista de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, detenido en el Brasil por narcotráfico, y el otro relacionado con la denuncia de la Conmebol sobre lavado de dinero de exdirigente Nicolás Léoz, que utilizó el banco de la familia Zuccolillo para blindar dinero de origen ilícito.

Por Jorge Torres Romero

Hasta un minúsculo caso que afecta a una funcionaria de menor rango del Ministerio Público, quien fue sumariada por la institución por haber posteado en redes sociales temas inherentes a la institución, figura entre los 18 casos “emblemáticos” que el Senado elaboró. En ningún lado se mencionan los escandalosos casos de lavado de dinero que salpica al banco Atlas de la familia Zuccolillo y que hoy, a pesar de todas las diligencias realizadas, están cajoneadas en la Fiscalía.

De los 18 casos, en su mayoría tienen un sesgo político-mediático. Coinciden con los temas que durante todo el periodo parlamentario fueron vociferados por la senadora del PDP Desirée Masi y ventilados por el diario Abc Color, en una abierta campaña de persecución hacia el movimiento Honor Colorado y al Grupo Cartes.

La prueba de que se trata de un informe sectario y que pretende “cuidar” a los amigos del poder es que no figuran los casos de lavado de dinero del conocido narcotraficante Cabeza Branca.

El fiscal Osmar Legal había confirmado que, tras un desprendimiento del caso Cabeza Branca, se abrió una causa puntual por lavado de dinero a entidades financieras (entre ellas el banco Atlas) por otorgamiento irregular de préstamos.

Explicó que la nueva causa fue un desmembramiento de la carpeta fiscal de la agente Lorena Ledesma, quien investiga el narcotráfico y sus nexos. “Dentro de la investigación (a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca) aparecen indicios de faltas de diligencias de parte de algunos bancos para el otorgamiento de créditos y se abre una causa en la que entro yo por los hechos punibles de lavado de dinero”, agregó.

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El agente de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo explicó que la carátula de su caso aún es innominada, al ser una investigación incipiente. “Ya con los técnicos financieros delimitamos una línea de trabajo para ir alimentando la investigación. Estamos en una etapa de análisis”, acotó.

Legal indicó que en este caso se debe ver, por un lado, la responsabilidad penal y, por otro lado, la responsabilidad administrativa. En el caso de corroborar que el banco no hizo la debida diligencia, se deberá determinar quiénes fueron los responsables del delito, de acuerdo con el entrevistado. “El Banco Central tendrá que ver si se cumplieron las diligencias y podría aplicar medidas contra los representantes. Nosotros tenemos que ver hasta dónde llegan las responsabilidades (para imputar a los directivos), no podemos descartar ni confirmar aún”, dijo al momento de subrayar que el lavado posee una pena carcelaria que va hasta cinco años.

Sobre los trabajos que ya se hicieron en el marco de la investigación, el fiscal interviniente reveló que libraron oficios para las entidades financieras e instituciones públicas, tal como Senabico. “Estamos colectando las pruebas, tratamos de nutrirnos de elementos para ver si tomamos la decisión de imputar”, expuso.

En su intento de defensa, el propio banco Atlas reconoció que realizó operaciones financieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investigación fiscal, por un prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el principal inyector de dinero sucio del narcotráfico en Paraguay.

A través de un comunicado, los directivos del banco Atlas (de la familia Zuccolillo) alegaron que se está pretendiendo supuestamente instalar una situación falsa para desprestigiar a la institución.

Sin embargo, el propio banco reconoce en su escrito dado a conocer a la opinión pública que en el año 2015 otorgó un crédito por US$ 4.238.350,67 a Biocombustible Brasilero SA. Justamente, Gil­berto Suárez figura como presidente de la empresa y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estan­cia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Este cliente de Atlas es el presunto prestanombre del poderoso narco Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, según reveló la Fiscalía. A la vez, la estancia ofrecida para ese crédito está a cargo de Senabico tras la intervención fiscal. Se sospecha que el mafioso hacía figurar negocio de ganado sin tener siquiera un animal.

Para Atlas, el destino del crédito otorgado por el banco fue la cancelación de un préstamo en otra entidad bancaria y la financiación de un proyecto de inversión ganadera.

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De acuerdo con la Fiscalía, entre los bancos utilizados para lavar dinero, el narco Cabeza Branca hizo turbios negocios con Atlas.

En el año 2015, el banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millo­nes a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño Luiz Carlos da Rocha. Gil­berto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombre del poderoso narco, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estan­cia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para rematar el inmueble y recupe­rar su dinero.

Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Sena­bico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.

Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.

El año pasado, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Espe­cializada en la Lucha contra el Narcotráfico, reveló las cone­xiones entre el banco Atlas y las personas ligadas al mundo de la droga. Señaló que el banco habría participado activa­mente en operaciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera, contribuir a la inte­gración de sumas de dinero producto del narcotráfico”.

Al destaparse el escándalo, la Comisión Bicameral de Inves­tigación de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos (del Con­greso) anunció que investigará el negocio del banco Atlas con el narco.

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Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, hizo un recuento sobre el caso Nicolás Leoz y el banco Atlas, referente al desvío del dinero del fútbol, y detalló cuáles son los mecanismos a utilizarse para recuperar la plata.

A instancias de la denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el Ministerio Público llevará adelante diligencias para solicitar al banco Atlas, perteneciente al grupo Zuccolillo, que devuelva el dinero obtenido a través de operaciones realizadas por Nicolás Leoz. La figura que aplicará la Fiscalía es la del comiso autónomo a través de la cual se ordenará que el banco Atlas devuelva las ganancias y beneficios de los contratos de fideicomiso ordenados por Leoz a favor de sus herederas utilizando dinero sucio.

La Conmebol presentó una denuncia por supuesto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas, señalados por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz de la Conmebol. La investigación penal se dificulta por una sospechosa dilación de parte de la Superintendencia de Bancos y la negativa de los directivos de Atlas a colaborar con la Justicia.

En una entrevista con el programa televisivo “La caja negra” (Unicanal), Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, dio a conocer mayores detalles al respecto. Ante la consulta sobre la investigación en Fiscalía, el abogado respondió: “Desde el punto de vista de la información que accede la víctima, en este caso la Confederación Sudamericana de Fútbol, y haciendo un recuento, en febrero del año 2021 la Conmebol formuló una denuncia penal al Ministerio Público como consecuencia de haber accedido a información”, puntualizó.