“El pueblo liberal le demostrará con votos que ni siquiera será presidente de comité”, afirmó el titular de la Juventud Liberal Radical Auténtico (JLRA), Carlos María Aquino, ante la posibilidad de que Efraín Alegre, eterno candidato liberal a mandatario, retorne a la arena política. El abogado considera urgente que la agrupación opositora impulse la renovación en sus filas con el fin de lograr la alternancia en los comicios generales del 2028.

“Efraín se tiene que dar cuenta que su momento ya pasó, fue tres veces candidato a presidente de la República. El PLRA necesita figuras nuevas y personas que no tengan cuestionamientos, debe darse cuenta que su participación genera más conflictos que soluciones”, sostuvo Aquino ante la aparición de carteles en diversas calles de Asunción con la frase “Efraín vuelve”, el martes pasado, al iniciarse las movilizaciones de organizaciones sociales y campesinas.

Posteriormente, Alegre efectivamente reapareció a través de las redes sociales para desmentir que esté detrás de los pasacalles y acusó que se usó su figura para espantar a los manifestaciones en sus reclamos. El expresidente de los azules sufrió una contundente derrota ante la Asociación Nacional Republicana (ANR) en las pasadas elecciones generales del 2023, pese a contar con la herramienta de la concertación que nucleó a varios partidos y movimientos de oposición.

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“Espero que no vuelva, su tiempo ya transcurrió. Si vuelve Alegre, por el PLRA ya no será candidato a presidente de directorio y mucho menos para presidente de la República”, comentó el presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtico (JLRA) en una entrevista con la 1140 AM.

Por otra parte, refirió que desde la Juventud Liberal acompañan el adelantamiento de las elecciones internas partidarias para el próximo 18 de agosto. “Las conversaciones con jóvenes de todo el país dan cuenta claramente que se debe llevar adelante un proceso de renovación si queremos ser los conductores del país. Es imposible que tengamos las mismas caras de siempre, el costo político de esto será muy alto”, sentenció.

Tras su último fracaso en su tercera aspiración para ocupar el Palacio de López, Alegre fue apartado de la presidencia del PLRA. Su destitución se concretó en agosto del 2023 mediante una convención extraordinaria, luego de ser calificado por sus correligionarios como autoritario y acusado de llevar a la agrupación a la bancarrota.

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El diputado Raúl Benítez presentó un proyecto de resolución en la cual se insta al Poder Ejecutivo y en consecuencia al presidente de la República, Santiago Peña, a destituir a la ministra de Salud, María Teresa Barán, por los últimos hechos ocurridos en el Hospital Regional de Villarrica y el sistema de terapia intensiva.

La propuesta tuvo una caldeada discusión por algunos minutos, donde el sector de la oposición nuevamente impuso un discurso de intolerancia y ofensivo, tanto entre colegas como hacia el Gobierno y sus actores. Benítez, en su acostumbrada postura desbordada y desafiante, pidió la destitución de la ministra Barán. “Que se vaya a su casa”, fueron sus expresiones.

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Sin embargo, desde la bancada del oficialismo plantearon remitir la propuesta a las comisiones asesoras. “Creo que debemos analizar antes de tomar una decisión, y ver la posibilidad de invitarla (a la ministra) a la comisión, que venga a dar una explicación, pero me parece que no es correcto que nosotros exijamos la renuncia, que se la cambie o que se la saque del cargo”, indicó el diputado Yamil Esgaib.

El legislador refirió que está de acuerdo con varios de sus colegas sobre las falencias en el sistema de salud, pero que no está de acuerdo con posturas radicales. “Estoy de acuerdo con muchos de los colegas, pero no estoy de acuerdo con Raúl Benítez, que nuevamente está amenazando, atacando, denigrando a los colegas, tratándolos de cobarde”, cuestionó.

Tras varios cruces entre los legisladores, el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre, llevó al pleno a votación donde por mayoría de 33 votos, la propuesta fue derivada a las comisiones asesoras.

En medio del debate de esta propuesta, los diputados Raúl Benítez y Jatar Fernández, protagonizaron una fuerte discusión, donde este último cuestionó a su colega por no acompañar su propuesta de poner en circulación un ómnibus de manera gratuita en horario nocturno para varias zonas de Central.

Fernádez acusó al diputado Benítez de tener un doble discurso, y que no acompaña propuestas que realmente solucione las problemáticas de la ciudadanía. “Quiero dejar al descubierto la clase de legisladores que son estos que hablan de hacer algo por la gente solamente cuando es para criticar y cuando presentamos un proyecto para darle transporte gratis a la gente, no lo firman porque firmaron colegas colorados”, expuso Fernández.

La discusión entre ambos legisladores llevó al presidente Raúl Latorre a un cuarto intermedio de 10 minutos de la sesión ordinaria. Latorre también advirtió a sus colegas que no permitirá las ofensas y agresiones en el pleno legislativo. “Nadie se va a referir de manera despectiva a los colegas, respétense todos”, afirmó Latorre.

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El senador opositor Rafael Filizzola cues­tionó la resolución del Tribunal Electoral de la Capi­tal que resolvió anular las sesiones del Directorio del Par­tido Liberal Radical Auténtico y de la Convención de febrero del año pasado, y ordenar la reincorporación de los 4 sena­dores liberales que habían sido expulsados del partido. Ante esto, el senador liberal Dio­nisio Amarilla salió al paso a recordarle que él ocupa una banca en la Cámara Alta gra­cias al PLRA y su cercanía al entonces presidente Efraín Alegre.

A través de las redes sociales, se propició un cruce de men­sajes entre ambos legisladores, ya que Filizzola cuestionó la decisión tomada por la Justicia Electoral señalando que pro­tege a los tránsfugas liberales y obliga al PLRA a recibirlos.

Al respecto, Amarilla le instó a que se presente de una vez a la Justicia a resolver su pro­ceso que está pendiente y deje de opinar sobre lo que ocurra o no dentro de las carpas libera­les a las que no pertenece y, sin embargo, “usó para ganar su banca”, mediante la alianza con el “partido de maletín creado con su esposa la exsenadora Desirée Masi (Partido Demo­crático Progresista-PDP). “Con tu esposa se dieron cuenta que ya no tenían chance de llegar y te aprovechaste entonces de tu condición de socio comer­cial con Efraín para meterte en el cuarto lugar de nuestra lista del Senado y procuraste lo mismo para el payaso ese de Tony Apuril, intento que fra­casó para ustedes”, indicó.

El legislador insistió a Filizzola a que se ocupe de su proceso judicial pendiente, que data de 2011, se centra en la adquisición de cuatro helicópteros para la Policía Nacional durante su gestión como ministro del Inte­rior, durante el gobierno de Fer­nando Lugo.

“Mejor preocupate de tu causa judicial que los liberales resol­veremos nuestras elecciones como liberales. Somos un par­tido de 1.800.000 afiliados y no resolvemos entre cuatro gatos locos nuestra interna, como ustedes”.

La deserción escolar es una problemática que intenta ser revertida mediante acciones que se desarrollan en seis departamentos del país. La falta de cedulación de los menores sigue siendo un escollo central. Además, la pobreza y la violencia intrafamiliar aparecen entre las barreras a ser derribadas para que los chicos vuelvan a la escuela y puedan tener un futuro mejor.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos Archivo / Gentileza

“Tenemos como meta llegar a unos 30.000 niños este año”, cuenta Sidney Vasconcelos, especialista en educación del Fondo de las Naciones Uni­das para la Infancia (Unicef).

Lo hace precisando los obje­tivos de ¡Vamos a la Escuela!, un programa al que define como “una iniciativa pionera contra la exclusión educa­tiva”, que se puso en marcha en febrero de 2023 tratando de revertir el cuadro de deser­ción escolar que se verifica en el país.

“La idea es regresar a las aulas a los niños que están fuera de la escuela y atender especialmente a los que están con riesgo de abandono”, pre­cisa comentando que desde 2021 “se trabaja en la iden­tificación de los perfiles y las barreras de la exclusión” con el apoyo de Unicef y la fun­dación Educación por Sobre Todo (Education Above All), de Catar.

“Queremos hacer llegar el mensaje de que la educación es un derecho, no se puede normalizar que los niños estén fuera de la educación y la gente tiene que saber que la escuela tiene las puertas abiertas para recibir a los niños. En cualquier momento del año se pueden ir y solicitar la matriculación de sus hijos, tengan o no cédula, esto es fundamental”, asevera.

Para ello apunta que es prio­ritario que las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) de cada localidad y el sistema de justicia colaboren en afirmar este derecho.

Si bien se esperan cifras pre­cisas para determinar cuán­tos niños están fuera de la escuela, se entiende, por el volumen, que el problema debe ser prioritario en la agenda estatal.

“No podría dar un estimativo porque estamos esperando los datos del censo de 2022″, dice cauteloso Vasconcelos. “Hacemos uso de un dato del Instituto Nacional de Esta­dística (INE). Tenemos que hay 10,6 % de los hogares del país con necesidades básicas insatisfechas, que nos ayuda a tener un panorama”, des­cribe.

Sin embargo, un informe con datos anteriores publicado por el Ministerio de Edu­cación y Ciencias (MEC) y el Unicef apuntaba en 2023 que uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años está fuera de la escuela, lo que constituye un uni­verso de aproximadamente 450.000 niñas, niños y ado­lescentes.

Atribuible a razones múlti­ples, la pobreza aparece como el motivo central de la situa­ción. A renglón seguido está la ausencia de programas de asistencia económica e inte­gral que ayuden a la perma­nencia y una baja valoración de la importancia de la edu­cación en los sectores menos favorecidos de la población.

Para revertir la situación, Vas­concelos apunta que ¡Vamos a la Escuela! vino haciendo “acciones sociocomunita­rias y de fortalecimiento en seis departamentos y 28 dis­tritos del país, con lo que asis­timos a más de 23.000 niños, esperando llegar a mediados de este año a 30.000″.

“Lo hacemos apoyando a las comunidades para que pue­dan priorizar el acceso de los niños mediante un proceso de sensibilización y de llegada de información a familias, comunidad, líderes comu­nitarios buscando derribar barreras”, describe recor­dando que la tarea se da en Alto Paraná, Caaguazú, Cen­tral, Concepción, Itapúa y San Pedro.

Si bien el programa no tiene un apoyo económico directo, se trabaja para derivar las familias vulnerables a “pro­yectos sociales existentes por medio de la vinculación entre escuela y el programa Tekoporã para facilitar que familias que no habían acce­dido puedan tener las trans­ferencias porque la pobreza es la principal barrera que identificamos”.

Describe entonces los altos costos complementarios que se dan con la necesidad de “compra de uniformes, el transporte, la alimentación, que hacen que no puedan priorizar la educación de los hijos, principalmente en la primera infancia y la adoles­cencia a partir de los 15 años”, comenta.

Las distancias son otro punto clave en el interior, así como la violencia intrafamiliar, que según expone “requiere de un apoyo a la prevención de violencia, con otros pro­gramas sociales de actuar interinstitucional para que los niños que estamos iden­tificando puedan ser atendi­dos”, señala.

Los niños, niñas y adoles­centes con discapacidad requieren una atención especial, ya que al menos el 10 % del total de la franja etaria está en esa situación. La falta de acceso a servicios y de diagnóstico profesio­nal, limitados entornos de aprendizaje y pedagogías no centradas en el estudiante son algunas de las barreras que contribuyen a la exclu­sión.

Como parte de las activida­des de apoyo, el programa entregó mil computadoras en 175 escuelas “porque si bien sabemos que cada niño aprende a su manera, a su tiempo, el acceso a los recur­sos digitales de aprendizaje es fundamental en este tiempo histórico”, describe Vascon­celos. Lo hace comentando que la tarea fue complemen­tar las instalaciones que ya había hecho el MEC sumando equipos para que los niños puedan acceder a lo digital.

“Una urgencia que tenemos es que los niños aprendan y para ello tenemos que tener a los niños en la escuela”, razona. Los déficits de la enseñanza son otro tema preocupante. “En tercer grado, la mitad de los chicos no podían leer un simple texto antes de la pandemia del coronavirus, así que tenemos que tra­bajar el fortalecimiento de las competencias básicas en lectoescritura y matemá­ticas porque caso contra­rio vamos a estar alimen­tando la reproducción de la pobreza”, señala.

En este sentido, a través del proyecto fueron evaluados más de 50.000 estudiantes del primer, segundo y tercer ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) e identificaron que más de la mitad requiere de un apoyo pedagógico.

Para ayudar en esta tarea, apunta que llegarán a unas 300 escuelas este año. “Bus­cando que los niños se man­tengan en la escuela tenemos 800 nuevos docentes forma­dos, 125 equipos de gestión y deseamos encarar una cam­paña masiva de matricula­ción escolar para que desde cada distrito se pueda vigilar la permanencia de los chicos en las escuelas”, concluye.

La cedulación de los niños sigue siendo un problema importante. “Desafortunada­mente, el sistema tiene barreras adminis­trativas porque no disponer de una cédula de identidad no puede ser un impedimento para que un niño se matricule”, recuerda Vasconcelos.

Reportes de la agencia internacional de 2016 daban cuenta de que “por lo menos un 12 % de los niños no tenían acceso a la cedulación. Esperamos que la situación haya cambiado, en breve tendremos datos actualizados del censo de 2022, pero sabemos que el problema está allí”, dice. “Lo vimos en zonas rurales y en el casco urbano que hay familias ente­ras sin acceso a la cedulación y una persona sin acceso a documentos tiene las puertas cerradas a los derechos”, apunta.

A pesar de ello, insiste en que “la ley dice que sin documento se puede formalizar la matrícula. Así que estamos entrenando a docentes y al entorno educativo para apoyar a la familia para que se pueda inscribir a los niños. Con buen asesoramiento podremos lograr que muchas familias puedan garan­tizar la matrícula de su hijo”, señala.

Representantes del proyecto ¡Vamos a la Escuela! visitaron más de 6.000 hogares durante la campaña con el obje­tivo de identificar a niños y niñas que no asistían a clases y lograr su vuelta a las aulas.

Además, de acuerdo al currículo nacional, el proyecto evaluó a más de 50.000 estudiantes en las competencias funda­mentales de comunica­ción y matemáticas, capa­citó a 1.200 docentes en prácticas innovadoras e inclusivas de enseñanza y aprendizaje, así como logró que 175 institucio­nes educativas imple­menten estrategias para hacer frente a la exclusión educativa.

Asimismo, más de 500 voluntarios apoyaron el proyecto participando de actividades pedagógicas y comunitarias, dedi­cando su tiempo, conoci­mientos y esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de miles de niños y niñas.

Para junio de 2025, el objetivo del proyecto es que 30.000 niños y niñas sean beneficiados de manera directa, por medio de las acciones de ámbito sociopedagó­gico, en los departamen­tos seleccionados.

A nivel local, el proyecto ¡Vamos a la Escuela! cuenta con el apoyo de la Fundación Alda y Global Infancia, que implemen­tan acciones para apoyar la identificación, matri­culación, permanencia y el aprendizaje de niños y niñas en el Paraguay.