La abogada Melisa Vargas, funcionaria perteneciente al servicio de atención del Ministerio de la Mujer, afirmó que se interiorizará sobre la denuncia de acoso sexual y laboral contra Gerardo Atanasio Soria Dávalos, alto funcionario de Itaipú y conocido en la binacional como el “jefe de escritorio”.
Al respecto indicó que procederá a revisar el desarrollo del sumario que le fue impuesto al empleado y que terminó por blanquearlo tras ser encajonado. La medida administrativa fue instruida en octubre del 2022 por el director jurídico Juan Rafael Caballero.
“Si se realizó la apertura de un sumario es porque existen los indicios previos. Vamos a colocarnos a disposición (de la supuesta víctima) para saber si ella realizó una denuncia penal independientemente a no encontrar una respuesta en su institución. Se monitoreará también el sumario para ver si se cumplió con ciertos requisitos, eso es lo que hay que saber, tendría que ver eso para tener una mayor certeza del caso”, mencionó mediante una entrevista con el programa “Pase lo que pase”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media
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Vargas indicó que el protocolo de actuación ante las denuncias similares requiere del cumplimiento efectivo de varias estipulaciones como por ejemplo; la designación de una persona que se encargue de recepcionar la denuncia de la supuesta víctima, realizar averiguaciones dentro de la institución afectada, garantizar la confidencialidad y en el caso de corroborarse la acusación proceder al establecimiento de las sanciones contra el denunciado.
“La violencia laboral debe resolverse en el ámbito interno administrativo de la institución o de una empresa. Haciendo la salvedad de que el acoso sexual también se encuentra tipificado en el Código Penal, entonces independientemente a que se realice una denuncia en la institución, ella cuenta con la potestad de realizar la denuncia en la Fiscalía para que se investiguen los hechos”, manifestó la abogada.
Antecedentes
Soria Dávalos es un funcionario que saltó a la fama por su cargo de “jefe de escritorio” que le habían asignado en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, hasta que lo ubicaron en un puesto más serio y pasó a cumplir funciones como director del área de Responsabilidad Social de Itaipú con un ingreso mensual de G. 52 millones.
Según sus últimas declaraciones juradas de bienes presentadas a la Contraloría General de la República, el funcionario tiene además ingresos en concepto de intereses cobrados, lo que sugiere que se dedica al negocio crediticio, aunque no especifica de dónde proviene ese importe que percibe y que al año suma G. 252 millones.