La exministra de la Mujer María José Argaña afirmó que la Itaipú Binacional no tenía competencias para cerrar una investigación por acoso sexual de forma interna, dado que este hecho está tipificado como punible, por lo que se tuvo que haber informado al Ministerio Público sobre la denuncia en contra del “jefe de escritorio” Gerardo Soria, quien fue blanqueado por la institución.
En contacto con La Nación/Nación Media, la exministra indicó que existe una serie de leyes que protegen a las personas en contra del acoso y la violencia en el ámbito laboral, y en este caso en específico, la Fiscalía tuvo que abrir una investigación propia, independientemente de las gestiones administrativas iniciadas por Itaipú.
La Ley Nº 1626/2000 de la Función Pública y el código laboral protegen el derecho a no ser acosado sexualmente y trabajar en un ambiente libre de acoso y violencia, manifestó Argaña y agregó que también existen tratados y convenios internacionales con los cuales hay un compromiso, asumido por parte del Ministerio de la Mujer en representación de la República del Paraguay.
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“No pudieron resolver de forma interna porque es un hecho punible y es la Fiscalía la que debe dar término a la investigación, por más de que ellos hayan hecho una de forma independiente, además el Ministerio de la Mujer debe actuar de nexo”, detalló.
“Me parece muy extraño lo que ellos hacen, porque existen pruebas cuando suceden este tipo de hechos, mensajes, correos, notas, grabaciones”, puntualizó y agregó que no se tuvo que “abandonar” a una persona que hace una denuncia tan delicada como el acoso sexual y maltratos en el lugar de trabajo.
Se debe seguir protocolo
“Hay un protocolo que se debe seguir, además de asesorarle a esta mujer hasta el final del caso”, señaló María José Argaña en cuanto a la responsabilidad del Ministerio de la Mujer para acompañar a la víctima de este caso. Además esta institución debería brindar contención psicológica y asesoría legal a la denunciante.
El acoso sexual debe ser denunciado ante el Ministerio Público o la comisaría más cercana, detalló la exministra, dado que la comisión de este hecho punible contempla una pena privativa de libertad de hasta dos años, en caso de ser comprobado.
“Cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos puede realizar la denuncia”, aclaró la exministra, y afirmó que Itaipú tiene un grado de responsabilidad importante en el caso, dado que recibió una denuncia de un hecho punible y no reportó a la institución competente para la investigación pertinente.
Gerardo Soria, conocido como “jefe de escritorio”, ingresó a la binacional en plena pandemia del 2020 y posteriormente fue designado como director del área de Responsabilidad Social de Itaipú. Percibe un ingreso de G. 52 millones, de acuerdo a sus declaraciones juradas, y es señalado por ser ubicado en la hidroeléctrica gracias al presidente de la República, Mario Abdo.
El director fue denunciado por acoso sexual y maltrato hacia una funcionaria. La binacional indicó que concluyó una investigación interna y al no encontrar elementos probatorios del hecho, dio por finalizado el sumario, por lo que Soria fue sobreseído. La actuación de Itaipú ha sido muy cuestionada dado que blanqueó a un alto funcionario sobre el cual pesaba una denuncia que ameritaba la intervención del Ministerio Público.