El tribunal de apelación de San Pedro ratificó la prisión preventiva de la abogada Ilsa Paredes, quien está imputada por estafa y otros delitos en el marco de la investigación por las falsas propuestas en la compra de tierras en el Chaco.

Los camaristas que firmaron la resolución confirmando la prisión de la abogada son: Alexi Barreto, Carlos Lezcano, y Silvana Otazú. Los mismos decidieron confirmar la resolución del juez de garantía atendiendo a la gravedad del hecho registrado por lo que Paredes seguirá privada de su libertad.

Días atrás el juez penal de garantía de San Pedro, Vicente Coronel, decretó la prisión preventiva del funcionario de la Cámara de Diputados, William Roberto Bogarín y de Ilsa Marisela Paredes imputados por estafa, asociación criminal y producción de documentos falsos. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la sede judicial de San Pedro.

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El magistrado decidió que Bogarín y Paredes estén privados de libertad por 10 días para luego pasar a guardar reclusión en la cárcel regional de San Pedro. Ambos fueron procesados por formar parte de un esquema de estafa ofreciendo grandes hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco. De acuerdo a la denuncia, las víctimas son colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.

De acuerdo a la denuncia presentada en sede del Ministerio Público, resultaron víctimas los hermanos Bernardo Friesen Neufeld, y Herman Friesen Neufeld, colonos de Río Verde, distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, a quienes se les habría estafado por la suma de USD 1.200.000.

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Un hombre fue denunciado por sus vecinos en el barrio Pantanal de Lambaré tras haber realizado presuntamente disparos al aire en la noche de Navidad. La Policía lo detuvo y se encuentra a disposición del Ministerio Público, aunque no se procedió aún a someterlo a la prueba de alcotest y de parafina, confirmó el agente interviniente.

Los vecinos estuvieron a punto de irrumpir a la vivienda del denunciado identificado como Eduardo González Pérez, hermano de la concejal de Lambaré, Carolina González y cuñado del diputado Orlando Arévalos. El sujeto está demorado en la Comisaría 17 del barrio San Isidro, en la citada ciudad.

“Fue a las 21:30 aproximadamente en la zona conocida como Pantanal. Ingresaron varias llamadas al sistema 911 referentes a disparos de arma de fuego, por lo que acudimos al lugar encontrando gran cantidad de personas tratando de ingresar a un domicilio ajeno”, señaló el comisario Alcides Gaona, jefe de la Comisaría 17 a los medios de prensa.

A raíz de esta situación se solicitó apoyo del grupo Lince y de otras unidades policiales cercanas para realizar el procedimiento de rigor. “Logramos contener esa situación con suficiente personal y desde el lugar comunicamos al Ministerio Público lo que los vecinos manifestaron y que el supuesto autor se encuentra refugiado en su domicilio”, relató el policía.

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Dijo que el fiscal interviniente dio instrucciones para ingresar al interior de la residencia del sujeto sindicado como autor de los disparos. “El accedió ante el pedido para salvaguardar su domicilio y a su familia. Entonces, él accedió en acompañarnos, con segura custodia policial le sacamos de ese lugar y lo llevamos a la comisaría por medida de seguridad”, manifestó.

Explicó que toda la intervención policial se realizó bajo estrictas instrucciones del Ministerio Público -que según el comisario Gaona- omitió las pruebas de alcoholemia y de parafina para el sujeto denunciado.

“Nosotros íbamos a hacer el procedimiento que realmente corresponde en estos casos. En realidad no llegamos a incautar ningún tipo de arma de fuego, pero ante la manifestación de gran cantidad de personas íbamos a llevarle a Criminalística para prueba de mano. El Ministerio Público no dispuso eso, no quiso que se le someta a esa prueba”, manifestó.

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La fiscala Susana González exhorta a la ciudadanía a evitar caer en los excesos en el consumo del alcohol, ya que es un factor detonante en los casos de violencia familiar. Señala que el calor juega un papel preponderante en el ánimo de las personas, al igual que el consumo de sustancias prohibidas. Las víctimas deben evitar la convivencia con las personas violentas, exhorta a que soliciten ayuda y acudan a las autoridades pertinentes.

La agente de la Unidad Especializada de la lucha contra la Violencia Familiar explica que las mujeres, tanto adultas y menores de edad, al igual que adultos mayores son en su mayoría las víctimas de violencia. En ese sentido, revela que muchos de los adultos mayores tienen como agresores a sus propios hijos con problemas de adicción, tanto de alcohol y sustancias prohibidas.

Las estadísticas del Ministerio Público señalan que los últimos 4 meses del año aumentaron los casos de violencia familiar en Paraguay. Los datos procesados por el área de estadísticas y analizados por el Observatorio, indican que, de setiembre a diciembre, se registró un crecimiento significativo de las cifras y que guardan directa relación con el alto consumo de alcohol, sustancias estupefacientes y las altas temperaturas.

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De enero a noviembre de este año se registraron 34.310 causas de violencia familiar a nivel país. En enero se registraron 3.585 causas; febrero reportó 3.374 causas a nivel país. En marzo, la oficina de denuncia recibió 3.195 causas; en abril ingresaron 3.201 causas. En mayo hubo 2.793 causas; en junio, 2.700 causas; en julio, 2.647 causas; agosto cerró con 2.831 causas.

Desde setiembre se registran aumentos importantes, con 3.091 causas; en octubre, 3.474 causas, y en noviembre, 3.419 causas. Las cifras revelan que en tiempo estival se disparan los casos, y en ese sentido, enero figura entre los meses críticos, debido a las situaciones mencionadas. Los departamentos Central, Alto Paraná y Asunción son los puntos de mayor registro de casos, según los datos de la jefatura de estadística del Ministerio Público.

Si sos testigo de algún hecho de violencia contra una mujer denuncialo en la comisaría más cercana (Policía Nacional), el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial (Juzgado de Paz). También podés llamar al 137, de manera gratuita desde cualquier teléfono público, línea baja y desde todas las líneas de telefonía celular.

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El Ministerio Público presentó acusación contra Armando Rotela y otros 8 integrantes de la agrupación criminal denominada como “Clan Rotela”, por el amotinamiento que fue organizado este grupo, quienes eran internos de la penitenciaría de Tacumbú en ese momento, mientras se llevaba adelante el operativo Veneratio que tuvo lugar en diciembre del 2023.

Además de realizar la acusación, los agentes Fátima Girala y Marcial Machado, los que llevan a cabo esta investigación, solicitaron que el juez penal de Garantías, Yoan Paúl López, eleve la causa a juicio oral y público a estas nueve personas a quienes se les atribuye la comisión de los hechos punibles de motín de internos, transgresión a la ley “de Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines” y asociación criminal, todos en calidad de coautores.

Los otros integrantes del Clan Rotela que forman parte de este proceso penal son Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Alan Ricardo Caballero.

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De acuerdo a lo que expuesto por la propia Fiscalía, durante el operativo Veneratio se pudo observar la capacidad del primer anillo del clan Rotela, para resistirse a intervenciones policiales, valiéndose de armas blancas y de fuego, explosivos caseros tipo molotov e incluso dinamita en gel. “La resistencia y organización de estos miembros subraya su rol esencial en la protección y ejecución de las órdenes del líder”, sostiene la acusación.

Asimismo, indicaron que los integrantes de esta organización criminal además de caracterizarse por su capacidad de combate, también recurren al uso de símbolos y expresiones que refuerzan su identidad y lealtad al clan. El puño cerrado, es señal de pertenencia, y el lema “vencer o morir”, forma parte del código interno que manejan para comunicarse.

“Esta estructura jerárquica y simbólica criminal, junto con las comodidades que obtenían dentro del penal (como armas blancas, alcohol, y tecnología), demuestran el nivel de control y poder que ejercían en el mencionado penal”, añade el Ministerio Público, quien afirma que estas personas actuaron contra el orden público, la seguridad pública y penitenciaria y generaron un clima de zozobra y violencia tanto dentro como fuera de Tacumbú.

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Durante el desarrollo de Veneratio, operativo por el cual las fuerzas de seguridad ingresaron a la penitenciaría con el objetivo de tomar control total del recinto, los integrantes del Clan Rotela propiciaron el ataque hacia agentes policiales, desde el momento de su arribo al penal, utilizando como logística todo tipo de armas de fuego, armas blancas, explosivos, y el implemento de barricadas desde el acceso a la cárcel hasta el último pabellón.

Todo esto tenía el objetivo de producir disparos y heridas en defensa de los ideales del clan y así evitar que los líderes sean recapturados. Es así que el líder, (Armando Rotela), junto con sus demás miembros realizó la distribución de los roles en la noche madrugada del día del motín, ya que la información se había filtrado.

“La conducta desplegada por los hoy acusados es considerada antijurídica y no puede decirse que hayan actuaron en defensa propia ya que en todo momento, durante las seis horas que duró la intervención, se les dio la posibilidad de cesar con sus acciones vandálicas y no lo hicieron. Además, no existen indicios que hagan presumir la existencia de algún tipo de trastorno”, sentencia el documento de la Fiscalía.