El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El senador Líder Amarilla indicó que se encuentra conversando con sus colegas Enrique Salyn Buzarquis y Ever Villalba con la finalidad de construir un solo frente y enfrentar al movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, en la puja por la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Todos juntos estamos hablando, pero todavía no hay una definición exacta de quién podría encabezar la candidatura para la presidencia del directorio. Cualquiera de los tres estamos en condiciones para enfrentar al candidato del Nuevo Liberalismo”, indicó este jueves a la 1020 AM.

Amarilla detalló que de prosperar las negociaciones con sus pares la candidatura única será definida mediante encuestas o sondeos. “Nosotros permanentemente estamos en la cancha y a consideración del electorado liberal. La medición para ver quién está mejor posicionado debe realizarse en el mes de noviembre, cuando ya se vayan cerrando los cuadros y se confirme la fecha de elección”, agregó.

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El movimiento Nuevo Liberalismo impulsa la candidatura del intendente de la localidad de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, para la presidencia del PLRA. Este sector político logró impulsar el desdoblamiento de las elecciones internas partidarias de los comicios municipales previstos para el 2026 mediante una convención extraordinaria.

De esta manera se estableció como fecha para las internas liberales el 17 de agosto de este año. Esta situación fue rechazada por algunos liberales entre ellos los citados senadores quienes sostienen que los comicios del PLRA deben ser desarrollados en junio del próximo año con las internas municipales.

“Nosotros no podemos salir a atropellar las leyes, la Constitución Nacional. La Justicia Electoral ya nos dio la razón diciendo que los comicios deben ser realizados de forma conjunta. Esto nos permitirá tener un presidente que recupere la legitimidad en el Partido Liberal Radical Auténtico”, sostuvo Amarilla.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Este miércoles, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) intervinieron una vivienda en la ciudad de Fernando de la Mora y lograron detener a cuatro personas e incautaron una importante cantidad de crack. El sitio ya había sido intervenido anteriormente por hechos similares y el barrio es considerado zona roja por la venta de sustancias ilegales.

El allanamiento se realizó en el barrio San Juan de la zona Sur de la ciudad de Fernando de la Mora, donde se vendía exclusivamente crack. En el copetín, negocio que era utilizado como fachada, se logró encontrar la sustancia ya fraccionada o dosificada como las piedras completas, todo equivalente a unas 500 dosis, que irían a las manos de niños y jóvenes.

“No es la primera vez que intervenimos el sitio, es un lugar ya reincidente. Es una especie de copetín, comedor y bodega, había las famosas tragamonedas y en el fondo había un inquilinato donde la gente vive hacinada. Es un lugar propicio para la comercialización de drogas”, detalló Francisco Ayala, de la Senad.

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Expresó que existen suficientes elementos para pensar que estas personas vendían drogas a miembros de la barra brava del club Cerro Porteño. “Según la investigación de la parte de inteligencia reflejaba que había ya un vínculo muy estrecho con una barra de la zona y que desde acá eran destinadas sustancias para los días que jugaba el club”, apuntó.

Resaltó que durante la intervención solo encontraron pasta base de cocaína o crack, dinero en efectivo, balanza de precisión y celulares. “Son cuatro personas detenidas, tres mujeres y un varón, que tendrían activa participación en la venta de drogas. Esta sería una boca de venta y fumo, un lugar bastante problemático para la zona”, confirmó. Los detenidos fueron llevados a la sede de la Senad por disposición del Ministerio Público.

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