Los familiares de una de las víctimas del derrumbe que se reportó en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, realizó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la Municipalidad de Encarnación, la dueña del edificio en construcción colapsado y el arquitecto que diseñó la obra. La madre de la adolescente pide justicia con esta acción y no descarta denunciar al padre de la menor, ya que estaba bajo su cuidado.

Según el abogado Rolando Aquino también solicitaron que los culpables sean imputados, entre ellos al arquitecto Roberto Ramírez Faría, la dueña del edificio Ramona Bogado y los encargados municipales que firmaron la autorización de la obra, entre ellos el intendente Luis Yd y el director de Obras, René Miglio.

“Lamentablemente fallecieron dos personas en este evento y constituye un hecho punible de homicidio culposo con varias personas que serían los responsables”, detalló en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez. No descartó la denuncia contra el padre por falta de deber al cuidado, debido a que la adolescente estaba bajo su custodia hace seis años.

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Expresó que de esta manera la madre de la adolescente busca encontrar justicia y paz para la memoria de su hija. “Ella no busca un resarcimiento económico. El pedido de mi clientes es muy claro, quiere justicia y se esclarezca el hecho. Además, se individualiza a los responsables, el propietario, arquitecto y los encargados del control de correcta ejecución de esta negligencia o los responsables de la aprobación de los planos como permisos”, sentenció.

Insta a las autoridades a realizar una exhaustiva investigación y que caiga todo el peso de la ley sobre las personas involucradas en este hecho. “Que la justicia determine la condena y las soluciones que establezca la ley. Que sirva esto como una alarma para la regulación en nuestra ciudad, que salga una ley de protección para fiscalizar proyectos de obras, su inicio, desarrollo y fin”, indicó.

Por su parte, Ninfa Britos, hija de Hermelinda Báez una de las víctimas, manifestó que quieren que se haga justicia por sus familiares y ya cuentan con un abogado para que realice los trámites necesarios para el caso. “Queremos que se haga justicia por mi madre y mi sobrina. Mi mamá era el sostén de la casa, tenía a su cargo a mis dos hermanas, una hija que es especial y otra que está enferma”, puntualizó.

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Miembros de la Cámara de Diputados expresaron su repudio ante el silencio cómplice de ciertos sectores políticos y mediáticos que permanecen callados o minimizan la grave tragedia ocurrida en Encarnación y que afectó a una familia de Capitán Miranda. Las víctimas pasaron la noche en un edificio en construcción en la capital del departamento de Itapúa, que se desplomó en plena madrugada quedando las dos mujeres atrapadas entre los escombros.

Los legisladores criticaron que el edificio en construcción no haya tenido el debido control municipal, lo que ocasionó la muerte de dos mujeres. Ante esta situación, los parlamentarios exigen la intervención de todos los organismos de control e investigación y solicitan que la Fiscalía llegue hasta los responsables.

Durante la etapa de oradores, varios legisladores, en su mayoría colorados, cuestionaron el silencio cómplice sobre lo ocurrido, y pidieron a la Fiscalía no temer para hacer las acusaciones contra todos los responsables. Varios legisladores coincidieron en que si era un colorado el intendente de Encarnación, a estas alturas ya se hubiera dado una movilización para pedir su destitución.

Lo llamativo de la sesión fue que durante el debate de este punto, algunos diputados de la oposición hicieron uso de la palabra para abiertamente referirse a otros temas de su propio interés, haciendo oídos sordos al reclamo de sus propios colegas.

La líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Rocío Abed, señaló que el responsable más visible de esta tragedia es el intendente Luis Yd, por permitir que solo se cobre una multa para construir y elevar más pisos de lo previsto inicialmente. Sostuvo que dentro de la desgracia, que ocurrió de noche, las víctimas no fueron más, ya que si el derrumbe se daba de día se hubiera registrado decenas de víctimas, y si se llegaba a inaugurar, hubiera sido centenares.

“Qué desgracia y de qué magnitud hubiera ocurrido si este edificio llegaba a ser un hotel. Ese señor (por Luis Yd) ya debía estar preso, quiero ver si era un colorado. Quiero justicia para esa adolescente y su abuela”, cuestionó. Asimismo, el diputado Alejandro Aguilera señaló que si esta desgracia ocurría en Asunción, ya iba a estar formando fila para prenderle fuego en la plaza pública al intendente colorado Óscar Rodríguez.

“Los que no son intendentes colorados tienen cobertura mediática y política, prácticamente se mueven dentro de la impunidad. Por el solo hecho de no ser un intendente colorado, prácticamente este intendente no es señalado”, cuestionó.

A su turno, el diputado Sebastián Remesowski, representante del departamento de Itapúa, indicó que de esos escombros del edificio siniestrado no le gustaría tirar contra nadie, pero se sabe bien quiénes son los responsables.

“Si era alguien del equipo de este gobierno el intendente, quién sabe dónde hubiera estado ahora. En nombre de las víctimas pido justicia, y pido que la Justicia busque a los responsables, que las autoridades municipales salgan a decir qué fue lo que ocurrió con este edificio y la falta de criterios para su aprobación”, expresó.

Igualmente, su colega representante de Itapúa, César Cerini, expresó su preocupación ante la tragedia que vivió Encarnación. Señaló su preocupación ante la debilidad de las instituciones encargadas de llevar adelante los controles de las obras en construcción, no solo de Encarnación sino de todo el país.

“Instamos a las instituciones que corresponda realmente hacer las investigaciones, a la Contraloría de la República, a la Fiscalía, y sobre todo pedir el fortalecimiento del área de obras de cada municipio. Si no está en condiciones, entonces que se tercerice, lo que es la parte de la institución porque no podemos seguir con esta debilidad”, acotó.

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Tras las declaraciones del presidente de la República, Santiago Peña, de no acompañar la creación del Ministerio de la Familia, los senadores proyectistas analizarán si se retira o se aplaza temporalmente su tratamiento en el Congreso Nacional. “Yo le estoy pidiendo al Congreso que no avance con este proyecto. Si ellos deciden avanzar tendré que vetarlo y ojalá que no tengamos que llegar a esto”, fueron las expresiones del mandatario.

La senadora Lizarella Valiente, impulsora del proyecto, dijo que respeta la postura del presidente, además que se analizará en bancada cual será la decisión a tomar tras la postura expuesta por parte de Peña.

“Es una opinión respetable del Ejecutivo y al final él (presidente) tiene la decisión de vetar o aceptar. Vamos a conversar esto con la bancada, respetamos, yo particularmente respeto la postura del presidente, si él considera que no es el momento son cuestiones que él evalúa desde su posición y eso es respetable”, dijo en conversación con los medios de comunicación.

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Mientras tanto, expresó que se mantiene su postura inicial de crear el Ministerio de la Familia, que plantea la fusión del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) y la Secretaría Nacional de la Juventud, con la finalidad de racionalizar el dinero público.

“Yo me mantengo en que todos los esfuerzos que hace el Estado, en fortalecer la familia, se van a distribuir mejor los trabajos, los programas van ser mejor enfocados al fin del fortalecimiento de la familia, y en el caso particular, que siempre estoy defendiendo, el derecho de los niños”, aseveró.

Por su parte, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, también expuso su postura de respeto a las expresiones y al pedido del jefe de Estado de frenar este proyecto. “Respetamos su decisión y por ende vamos a acompañar lo que él cree conveniente en este momento”, dijo.

“Nosotros hemos acompañado este proyecto, presentado por la senadora Lizarella Valiente, porque creemos que es muy importante la creación del Ministerio de la Familia para hacer un conjunto de todas las instituciones”, apuntó el legislador.

Indicó que se analizará y luego tomará una decisión en bancada. “Si el presidente de la República cree que no es el momento preciso para la creación de esto, vamos a analizar en bancada y de seguro que vamos a postergar. Nosotros somos del equipo del presidente, somos soldados del movimiento Honor Colorado y vamos a acompañar la decisión tomada por nuestro líder”, sentenció.

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El titular del Ejecutivo, Santiago Peña, defendió la licitación impulsada por la entidad binacional Itaipú, para la adquisición de 330.000 muebles escolares que son distribuidos en un total de 22 distritos. El proceso fue duramente atacado por el sector de la oposición, colorados disidentes y medios de comunicación aliados, quienes apuntaron a instalar sospechas de supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa local Kamamya SA.

“Las demandas de transparencia son válidas y tenemos que constantemente estar respondiendo a todo, se mostrará absolutamente todo. En torno a la licitación de los pupitres, no es cierto que no se hayan dado explicaciones, el problema es que cuando se quiere cuestionar el proceso, no hay explicación que vaya a justificar”, comentó a la 1080 AM.

Peña detalló que el proceso inició en enero del 2024 con la finalidad de “enfrentar la problemática lacerante de la infraestructura escolar”. Agregó que se mantuvo un diálogo con el sector privado en el que se analizó la capacidad local, la calidad de los productos ofertados, precios y la capacidad de fabricación y entrega.

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Señaló que la compra de los pupitres también fue impulsada como un complemento al programa Hambre Cero en las escuelas. “Después de analizar todo, se tomó esa decisión y yo participé activamente de eso. El modelo que elegimos para el Paraguay es similar al de Japón, donde los niños almuerzan en las aulas, el problema es que sin los pupitres no podría concretarse esto. A la vez el pupitre de madera iba a ser un inconveniente para la limpieza”, refirió.

Aseguró que los mobiliarios escolares fueron adquiridos por su calidad, precio competitivo y capacidad de entrega. “Compramos pupitres con una garantía de reposición de 3 años y no de arreglo. Esto nos da una certeza de que los niños tendrán una mejora sustancial en su proceso de aprendizaje en aula”, puntualizó.

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