El senador del Frente Guasu (FG) Hugo Richer sostuvo que impulsará una investigación en la Cámara Alta ante la falta de pagos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que denuncian representantes de pequeñas constructoras del interior del país que son subcontratadas por empresas con mayor estructura.
Las acusaciones apuntan contra Josefina Adriana Romero Serrati, quien se desempeña como jefa de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ordenadora de gastos y presidenta del Comité de Evaluación de la mencionada cartera; de acuerdo a lo expuesto por el economista José Luis Rodríguez Tornaco en el programa “El repasador” del canal Trece, tras reunirse con representantes de las empresas afectadas.
“Nosotros como legisladores debemos investigar estas denuncias, en el Congreso existen comisiones que funcionan como contralores del Ejecutivo. Ahora que estamos a la víspera del reinicio del periodo parlamentario nosotros podemos convocar a las autoridades del MOPC. Yo me encuentro totalmente a disposición para realizar las indagaciones correspondientes, se le puede recibir a los denunciantes y preguntar al ministro, no a esta funcionaria”, mencionó.
Pese a que el dinero para el pago se encontraba disponible desde el Ministerio de Hacienda, según la denuncia realizada, la funcionaria Romero Serrati, quien es conocida por ser la madrastra del exministro de Salud Pública Julio Mazzoleni, es la que presuntamente levanta o baja el pulgar para cualquier tipo de pagos de acuerdo a sus criterios.
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“La Comisión de Hacienda así como la de Legislación de la Cámara de Senadores, donde soy presidente, tomará esta noticia para solicitar los informes correspondientes para investigar el caso”, argumentó el legislador en comunicación con el diario La Nación/Nación Media.
Actualmente el MOPC adeuda cerca de US$ 260 millones al sector tras un pago efectuado a empresas contratistas el año anterior por las obras que se realizaron durante el 2022. Hay que mencionar que la deuda superaba los US$ 300 millones que, a su vez, incidió en la pérdida de mano de obra para un sector que moviliza a unas 300.000 personas.
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