El exministro de Industria y candidato a senador por el Partido Colorado Gustavo Leite criticó la tibieza que es ejercida por Rodolfo Segovia en la titularidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ante la incapacidad de dar una solución definitiva al largo reclamo de las empresas contratistas y constructoras, referente a la falta de pagos.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, Leite aconsejó al ministro de la mencionada cartera presentar su renuncia tras las denuncias realizadas por los representantes de pequeñas constructoras del interior del país.
“La cabeza de una cartera es el ministro y si un funcionario ejerce más poder, debería dar un paso al costado. La institucionalización de los procesos en el Estado paraguayo tiene que ser una realidad, no puede ser que una funcionaria de tercer rango ataje el pago que corresponde, si el ministro es un flojo y no puede solucionar esta situación debe irse”, mencionó.
Las acusaciones apuntan directamente contra Josefina Adriana Romero Serrati, quien se desempeña como jefa de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ordenadora de gastos y presidenta del Comité de Evaluación de la mencionada cartera.
“Se debe restituir el rumbo”
Pese a que el dinero para el pago se encontraba disponible desde el Ministerio de Hacienda, según la denuncia realizada por el economista José Luis Rodríguez Tornaco, la funcionaria Romero Serrati, quien es conocida por ser la madrastra del exministro de Salud Pública Julio Mazzoleni, es la que levanta o baja el pulgar para cualquier tipo de pagos de acuerdo a sus criterios.
“Esto nos enseña que las personas nunca más pueden estar por encima de los procesos institucionales, las empresas contratistas del Estado tienen empleados, máquinas que amortizar, créditos en el banco que pagar y que el Estado se retrase no debe ser normal, se debe restituir el rumbo”, mencionó.
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Las pequeñas constructoras que no están recibiendo su pago correspondiente son subcontratadas por firmas más grandes, que asumieron compromisos financieros derivados en una rebaja en su calificación de cumplimiento crediticio ante los bancos tras la falta de pagos.
El conflicto es nocivo para la economía
Las empresas contratistas han cedido sus cuentas del Ministerio de Obras Públicas a cambio de recibir el pago correspondiente; esas cuentas ya vencieron en julio del año 2021, pero MOPC no pagó porque tenía que haber realizado el desembolso directamente a los bancos.
Sin embargo, debido a esa transacción no realizada las entidades bancarias terminan reclamando a las empresas una cuenta que no les pertenece, pero han descontado. “Que las empresas constructoras hayan entregado las obras en el 2021 y cedidos sus acreencias y como una consecuencia de la inacción del Gobierno se vean perjudicadas en su reputación e incapacidad de contraer nuevos créditos me parece que es algo malo, nocivo para la economía, la imagen del Gobierno y debería ser restituido el orden inmediatamente”, puntualizó Leite.